LOS DIPUTADOS NACIONALES POR SALTA TIENEN DISTINTAS POSICIONES SOBRE LA LEY BASES

Desde el mediodía de este martes la Cámara de Diputados de la Nación comienza a tratar el proyecto de “Ley Bases” enviado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa de La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO y de bloques dialoguistas: un sector de la Unión Cívica Radical, parte de “Hacemos Coalición Federal” y prácticamente la totalidad de Innovación Federal.

Según el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luis Espert, el oficialismo ya tiene los votos necesarios para aprobar el texto en general. De hecho, el diputado de LLA sostuvo que también le dan los números para darle media sanción al “paquete impositivo” que se trataría en la misma sesión.

El proyecto de Milei generó un parteaguas entre los diputados nacionales por Salta, quienes presentan diversas posturas. De los 7 representantes salteños en la Cámara baja nacional solamente 3 anticiparon su voto a favor a todo el articulado del proyecto: los libertarios Julio Moreno Ovalle, Carlos Zapata y María Emilia Orozco.

Moreno Ovalle considera que la Ley Bases será “espectacular” para Salta porque uno de sus capítulos, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), atraerá capitales en el sector de la minería. “Con estas leyes pasaría a más que duplicar sus exportaciones con una sola inversión que se haga en la provincia”, dijo el diputado a Informate Salta.

En el otro extremo se encuentra el legislador Emiliano Estrada, quien anticipó su voto en contra con duras críticas al programa económico del Gobierno nacional. Tanto es así que el referente de “Unión por la Patria” ha cuestionado a su par cordobés Rodrigo De Loredo por el acompañamiento de la UCR a Milei mediante la reforma laboral incorporada por el oficialismo.

Con una postura intermedia aparecen Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. Los integrantes del bloque “Innovación Federal” votarían a favor del proyecto en general y, al mismo tiempo, van a plantear ciertas diferencias en la discusión en particular para lograr modificaciones que beneficien a Salta y a las provincias que representan sus integrantes: Neuquén, Misiones y Rio Negro. 

Uno de los puntos en desacuerdo que marcaron desde este interbloque provincialista tiene que ver con el capítulo del tabaco. El Gobierno decidió no incorporar las modificaciones impulsadas al esquema impositivo a pesar del reclamo de las provincias productoras y de las empresas que componen la mayor parte del mercado.

El proyecto en cuestión busca que la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos suba del 70% al 73% y que se elimine el Impuesto Mínimo. Con esas medidas se logrará una igualdad de condiciones para las empresas que participan en el sector y una mayor recaudación del Estado a través del Fondo Especial del Tabaco, que redunda en mejoras para Salta.

De esta forma, los legisladores salteños marcan tres posturas: el acompañamiento ciego de los libertarios Moreno Ovalle, Orozco y Zapata; el rechazo integral del patriota Estrada; y el apoyo a medias de los innovadores Calletti, Outes y Vega, quienes buscan hacer valer su voto a cambio de mejoras para Salta.

PUNTOS CLAVES DE LA LEY BASES

El nuevo proyecto del oficialismo cuenta con 232 artículos en total. Como primer punto se declara la emergencia pública en materia económica, administrativa, financiera y energética por el plazo de un año. Asimismo, se delegan facultades al Poder Ejecutivo para aplicar sus políticas sin necesidad de pasar por el Congreso de forma previa, aunque se estipula que deberían informar mensualmente “acerca del ejercicio” y de “los resultados obtenidos”.

En el capítulo de las privatizaciones, se mantienen Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión e Intercargo. Para las concesiones figuran AySA, el Correo Argentino, el Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales; y se habilita un “programa de propiedad participada” para Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio. Una de las estatales que se excluyó fue el Banco Nación.

Se crea el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que establece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las empresas locales o extranjeras que inviertan 200 millones de dólares o más. En este punto es posible que haya modificaciones toda vez que hay provincias industriales- como Santa Fe- que se verían perjudicadas.

La ley también contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura “Prestación de retiro Proporcional” para las personas que cumplan los 65 años y no hayan completado los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. Así, cobrarían una Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM)- equivalente al 80% de los haberes mínimos- y quedarían excluidos del derecho a pensión por viudez.

En cuanto a la Reforma Laboral, se destaca que el periodo de prueba se mantenga en 6 meses con la posibilidad de ampliar hasta 8 meses en Pymes que tengan entre seis y cien trabajadores y hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados. Al mismo tiempo, promueve una simplificación registral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. También se incorpora el mecanismo de la UOCRA para el cese laboral, en reemplazo de las indemnizaciones: se constituye un fondo con un aporte mensual de 8% del salario. Además, se eliminan las multas por no blanquear a los empleados.

PAQUETE FISCAL

En lo que respecta al paquete fiscal, vale decir que se restituye el Impuesto a las Ganancias para trabajadores que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir que volverían a pagar quienes tengan sueldos a partir de los $1.800.000 para solteros. Se prevé que vuelvan a tributar unos 800 mil trabajadores. 

Se actualizan los topes de facturación y cuotas para monotributistas, con subas que van hasta el 330%. La propuesta es que el ingreso tope anual sea de $68 millones y eliminar la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. Con estos cambios, los monotributistas de la categoría A, el escalafón de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 por año.

Finalmente, también se promueve el blanqueo de capitales sin la aplicación de ninguna alícuota por hasta 100.000 dólares y en lo que respecta a Bienes Personales, se elimina el tratamiento de alícuotas diferenciales según la localización de los bienes, en el país y en el exterior.