Las personas con recursos económicos afrontarán el costo de la atención médica, mientras que quienes no puedan hacerlo deberán realizar trabajo comunitario.
Salta21 de noviembre de 2024
Diario del Valle
21 de noviembre de 2024
En una reciente declaración pública, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso avanzar con un marco normativo que permita a las autoridades cobrar los gastos de atención médica a quienes ocasionen accidentes de tránsito bajo los efectos de alcohol o drogas. La medida busca generar mayor responsabilidad en los conductores y aliviar el impacto económico que este tipo de incidentes tiene sobre el sistema de salud pública y las arcas estatales.
Sáenz expresó su preocupación por el aumento de siniestros viales vinculados al consumo de sustancias y destacó que las sanciones actuales, como multas o la retención del vehículo, no han logrado reducir significativamente estas conductas.
"Es preocupante. Quitarles el auto, una multa, evidentemente no es suficiente. Ante esta inquietud, nos pusimos a trabajar sobre cómo le devuelven a ustedes y al Estado la plata que gastamos”, afirmó el gobernador, subrayando que el propósito no es solo disuadir, sino también compensar los gastos generados por el sistema sanitario.
La propuesta contempla que las personas con recursos económicos afronten el costo de la atención médica, mientras que quienes no puedan hacerlo podrían ser obligados a realizar trabajo comunitario en instituciones públicas como centros de salud o escuelas. Según Sáenz, esta medida no solo persigue un resarcimiento económico, sino que también busca promover valores de responsabilidad social y conciencia sobre el impacto de las decisiones individuales.
“Vamos a legislar sobre este tema”, aseguró el mandatario, dejando en claro que se trata de un asunto prioritario para su gestión. Asimismo, invitó a los ciudadanos a participar del debate, enfatizando la importancia de conocer la opinión de la sociedad antes de avanzar con una normativa definitiva.
El Senado provincial ya dio media sanción a un proyecto de ley que establece la obligación de cubrir los costos de atención médica para las víctimas de accidentes provocados por conductores bajo la influencia de sustancias. Este avance legislativo, aunque preliminar, sienta un precedente en la búsqueda de una normativa más estricta para combatir la imprudencia vial.
De aprobarse esta legislación, Salta se convertiría en una de las provincias pioneras en implementar una política de este tipo. La iniciativa no solo pretende responsabilizar a los infractores, sino también generar un efecto disuasorio en los conductores, incentivando prácticas más seguras al volante.
El sistema de salud pública, que ya enfrenta desafíos significativos en términos de financiamiento y capacidad, destina una parte importante de sus recursos a la atención de accidentes viales. Según datos de estudios locales, un porcentaje considerable de estos siniestros está relacionado con el consumo de alcohol y drogas, factores que incrementan tanto la gravedad de los accidentes como los costos asociados.
Con esta nueva medida, se espera que el Estado recupere parte de esos recursos, permitiendo una mejor asignación presupuestaria para otros servicios esenciales. Además, el trabajo comunitario como alternativa para quienes no puedan cubrir los costos podría fortalecer la infraestructura y los servicios de instituciones clave como hospitales y escuelas.
La propuesta ha generado un amplio debate en la comunidad. Mientras algunos ciudadanos consideran que la medida es necesaria para combatir la irresponsabilidad vial, otros cuestionan su implementación práctica, especialmente en lo que respecta a la evaluación de la capacidad económica de los infractores y el control del cumplimiento de las sanciones.
Especialistas en seguridad vial y derecho destacan la importancia de complementar esta medida con campañas de educación y prevención, así como con un fortalecimiento de los controles en las rutas y calles de la provincia. “No se trata solo de sancionar, sino de generar un cambio cultural que priorice la seguridad y el respeto por la vida”, opinó un experto en la materia.
En este contexto, el llamado de Sáenz a la opinión pública resulta clave. La participación de los salteños permitirá construir un marco normativo que refleje las necesidades y expectativas de la comunidad, al tiempo que se enfrenta un problema de gran relevancia para la seguridad vial y la salud pública.
El debate sobre el cobro de la atención médica a los responsables de accidentes viales bajo los efectos de alcohol o drogas representa un paso significativo hacia una mayor responsabilidad y justicia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, su implementación plantea desafíos que deberán abordarse con seriedad y consenso.
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