Docentes universitarios convocan a paro y movilización

21 de octubre de 2024

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ha anunciado una serie de paros y movilizaciones en todo el país como parte de un plan de lucha en defensa de la universidad pública. Esta medida se adoptó tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los sectores educativos. Desde el 21 al 26 de octubre, se realizarán actividades de visibilización en todas las facultades del país, y el paro de 48 horas, programado para el 21 y 22 de octubre, se enmarca en esta protesta generalizada.

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El objetivo de las medidas es hacer frente a lo que desde los gremios consideran un "plan de ajuste y destrucción de la Universidad Pública". Según declaraciones de los dirigentes de CONADU, esta política del gobierno actual atenta contra la educación superior pública, un derecho que ha sido históricamente defendido por la comunidad universitaria en Argentina. "Seguimos movilizándonos en defensa de la universidad pública como lo hemos hecho durante todo el año", sostuvieron en un comunicado.

Las actividades de visibilización incluirán marchas, clases públicas y encuentros de debate en las distintas casas de estudio, buscando concientizar a la sociedad sobre los efectos negativos del veto presidencial. Además, los docentes insistieron en la importancia de mantener la unidad entre los diversos sectores de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes y no docentes, para enfrentar lo que consideran un ataque a la educación pública.

El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, expresó su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno nacional. “No existen negociaciones de ningún tipo con el gobierno”, afirmó De Feo, y agregó: “Esa falta de diálogo implica un problema muy grave, porque tiene que ver con el quiebre de un pacto democrático en la Argentina”.

De Feo también resaltó que el paro de 48 horas es solo una parte de las acciones programadas, y que se realizarán manifestaciones durante toda la semana en diferentes universidades del país. Este plan de lucha, explicaron, busca sostener la presión y visibilizar el deterioro de la situación universitaria, tanto en términos financieros como estructurales.

En paralelo a las protestas, el Gobierno avanzará con la auditoría de las universidades públicas. Miguel Blanco, director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), confirmó que el proceso comenzará la próxima semana, iniciando por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Las auditorías se realizarán en función de los volúmenes de fondos que maneje cada universidad y la calidad de los convenios que haya suscrito.

Blanco explicó que, de encontrarse indicios de irregularidades o corrupción en alguna de las casas de estudio auditadas, los casos serán derivados a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Este anuncio de auditorías ha generado preocupación entre las autoridades universitarias, quienes temen que estas medidas se utilicen como una herramienta política para desacreditar a las instituciones públicas. Por su parte, desde los gremios universitarios sostienen que estas acciones refuerzan la idea de un ataque sistemático a la educación pública.

El conflicto entre el gobierno y las universidades públicas continúa escalando, con un creciente malestar entre los estudiantes, docentes y autoridades. La falta de recursos, el congelamiento de sueldos, y la ausencia de financiamiento adecuado son algunos de los principales reclamos que motivan las protestas. En este contexto, la semana de paro y movilización se presenta como una oportunidad clave para la comunidad educativa de hacer oír su voz y exigir soluciones.

La respuesta del gobierno frente a este escenario será crucial para determinar el rumbo del conflicto en los próximos meses, mientras las universidades se preparan para enfrentar una nueva etapa de incertidumbre y desafíos.