
Deudores alimentarios fuera de estadios y casinos: nueva ley en Salta
En Salta es ley: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios, espectáculos pagos ni casinos, tras la sanción definitiva en la Legislatura.
El vicerrector de la UNSa mencionó que la universidad cuenta con 40 mil estudiantes y una planta de 5 mil empleados y afirmó que "ya no se puede ajustar más".
Salta08 de octubre de 20248 de octubre de 2024
Las universidades nacionales atraviesan una de las crisis más profundas en su historia, una situación que se agrava ante la posibilidad de que los legisladores nacionales no logren mantener el no veto a la ley de financiamiento universitario. Así lo expresó el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Nicolás Innamorato, durante su participación en el programa "El Sillón Rojo", conducido por Andrea Lazarte en la señal de Somos Salta-Jujuy. Innamorato lanzó una advertencia clara: “Si no logran sostener el no veto de la ley, no llegamos a fin de año”.
En su intervención, el vicerrector dejó en claro la gravedad de la situación que enfrentan las casas de altos estudios, resaltando que las universidades nacionales se encuentran en su peor momento.
“Es difícil analizar la situación que vivimos sin el diálogo. Todos los días nos encontramos con diferentes noticias que buscan deslegitimar a las universidades, a los estudiantes”, lamentó Innamorato. La incertidumbre financiera ha sumido a las instituciones educativas en un estado de vulnerabilidad, mientras se debaten medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad.
Uno de los puntos candentes en el debate ha sido la propuesta de cobrar matrícula a estudiantes extranjeros, un tema que ha generado polémica en diversos sectores. En este sentido, Innamorato defendió la postura de la Universidad Nacional de Salta y el principio de educación gratuita, establecido por el Gobierno Nacional. “La UNSa tiene un promedio de 300 estudiantes extranjeros. En su gran mayoría, ya cuentan con DNI Nacional porque residen en el país por cinco años o más para poder estudiar. De ese grupo, solo 30 no tienen DNI argentino”, aclaró.
El planteo sobre el cobro a estudiantes internacionales ha sido visto como una solución fácil y cortoplacista para paliar la crisis, pero Innamorato fue contundente al sostener que la educación pública debe ser accesible para todos, sin importar su nacionalidad. Según el vicerector, la normativa vigente en Argentina garantiza este derecho y debería ser defendida. “El Gobierno Nacional tiene que avanzar en las normativas actuales que garantizan la educación gratuita en toda su extensión en el territorio argentino”, agregó, refiriéndose a las leyes que han permitido que miles de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, accedan a la educación superior.
La Universidad Nacional de Salta enfrenta actualmente grandes desafíos en cuanto a su operatividad. Con una matrícula de 40 mil estudiantes y una planta de 5 mil empleados, entre docentes y no docentes, la institución ha llegado a un punto crítico en su capacidad de gestión. “Hemos administrado de una forma tal que ya no podemos ajustar más”, sostuvo Innamorato, refiriéndose a las medidas de austeridad que han sido implementadas en el último tiempo para mantener en funcionamiento la casa de estudios.
El vicerrector expresó su esperanza en que los legisladores logren detener el veto a la ley de financiamiento universitario, lo que permitiría a las universidades contar con los fondos necesarios para cerrar el año. Sin embargo, lamentó que el debate se haya centrado en la supervivencia económica de las instituciones, en lugar de discutir sobre la calidad educativa, un tema que, en su opinión, debería ser la prioridad en la agenda nacional. “En vez de discutir la calidad de la educación, hoy estamos planteando cómo mantener las casas educativas de pie”, reflexionó.
La situación en la UNSa es reflejo de lo que ocurre en el resto de las universidades nacionales, donde la falta de recursos pone en riesgo no solo el normal desarrollo de las actividades académicas, sino también el acceso a la educación para miles de estudiantes. Si el veto al financiamiento universitario no se revierte, muchas instituciones podrían ver comprometida su operatividad, afectando tanto a la planta de personal como a la formación de los futuros profesionales del país.
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