Esta petición surge en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de coimas y otras actividades ilícitas.
Salta24 de septiembre de 2024
Diario del Valle
24 de septiembre de 2024
La Unidad Fiscal, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, ha solicitado la detención del juez Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y el abogado Roberto Ortega Serrano. Esta petición surge en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de coimas y otras actividades ilícitas en el norte de la provincia de Salta, región que ha sido foco de diversas denuncias por su cercanía a la frontera con Bolivia, lo que facilita el contrabando y el tráfico de drogas.
La solicitud de detención fue presentada ante el juez de Garantías Raúl López, quien fue designado para intervenir en el caso luego de que el juez Francisco Oyarzú se inhibiera de continuar al frente del expediente, citando razones de imparcialidad. La inhibición del juez Oyarzú y el involucramiento de funcionarios judiciales en el caso han generado preocupación entre la ciudadanía y han puesto en el centro de la polémica a la administración de justicia en la región.
El intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, es uno de los actores principales de este escándalo. Tras la divulgación del caso y ante la creciente presión pública, Martínez solicitó una licencia de su cargo y decretó un asueto administrativo de 48 horas en el municipio, una medida que fue vista con sospecha por varios sectores. Algunos analistas consideran que esta decisión podría tener como objetivo evitar una eventual intervención del gobierno provincial o una remoción directa de su cargo mientras avanzan las investigaciones. La posibilidad de una intervención del municipio ha sido planteada, dado que la acusación de corrupción involucra a su máxima autoridad y afecta directamente la transparencia de la gestión local.
La causa en cuestión tiene profundas ramificaciones, ya que involucra a actores clave del sistema judicial y de la administración pública. El juez Claudio Parisi, señalado por su presunta participación en la red de corrupción, es una figura relevante en el ámbito de la justicia local. De confirmarse las acusaciones en su contra, se abriría un fuerte debate sobre la imparcialidad y el funcionamiento del sistema judicial en Salta. El abogado Roberto Ortega Serrano, también imputado, habría actuado como intermediario en las supuestas coimas, incrementando así la gravedad de las acusaciones que vinculan a sectores del poder judicial y a funcionarios públicos con actividades ilícitas.
Este caso ha sacudido a la provincia de Salta, particularmente en el norte, una región que históricamente ha enfrentado problemas relacionados con el narcotráfico y el contrabando debido a su cercanía con la frontera boliviana. Las investigaciones apuntan a la posibilidad de que estas actividades ilegales hayan contado con la complicidad de actores judiciales y políticos locales, lo que ha generado un profundo malestar en la población y en sectores de la sociedad civil que reclaman justicia y transparencia.
El escándalo ha puesto en evidencia posibles redes de complicidad que trascienden el ámbito municipal y judicial, ya que Salta es una de las provincias que históricamente ha sido señalada por su vulnerabilidad ante el tráfico de estupefacientes y el contrabando.
Las próximas semanas serán determinantes para el desarrollo de esta causa. La comunidad salteña sigue de cerca los acontecimientos, a la espera de que el juez Raúl López tome una decisión sobre las solicitudes de detención. Mientras tanto, la licencia del intendente Martínez y la parálisis temporal de la actividad municipal en Aguas Blancas generan incertidumbre sobre el futuro político de la región. Las investigaciones continúan, y la magnitud del escándalo podría derivar en más revelaciones que comprometan a otros actores del poder.
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