30 de julio de 2024
Un caso de usurpación y violencia ha generado controversia en La Caldera, Salta. Iván, un residente local, denunció públicamente que una mujer, identificada como Micaela Cuevas, había usurpado la casilla de su hermana durante los meses en que esta última se encontraba en rehabilitación. Este incidente ha desencadenado una serie de eventos violentos, intervención policial y un proceso judicial en curso.
Iván relató en el programa Medianoche que, aprovechando la ausencia de su hermana, Cuevas ingresó a la vivienda y se estableció en el lugar. La casilla, ubicada en un sector considerado como "barrio popular" según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), estaba en estado de abandono, sin techo, servicios básicos ni cercado cuando Cuevas decidió ocuparla.
La situación alcanzó un punto crítico cuando la hermana de Iván regresó de su rehabilitación y encontró su hogar ocupado. El intento de recuperar la propiedad resultó en enfrentamientos violentos en la entrada de la casilla, lo que llevó a la intervención de la infantería y la justicia para controlar el conflicto. A pesar de la intervención policial, la tensión persistió, y la disputa por la propiedad se trasladó a los tribunales.
El abogado de Micaela Cuevas, Martín Torres, ha pedido el derecho a réplica para defender la posición de su clienta. Torres argumenta que, durante los siete meses en que Cuevas vivió en la casilla, ella recibió una aprobación del ReNaBap que la avalaba como propietaria del domicilio. Según el abogado, esta aprobación y la condición de la zona como barrio popular deberían influir en la decisión judicial.
"Ella ingresó al lugar por necesidad, ya que la casa estaba en estado de abandono. No tenía techo, servicios básicos ni estaba cercada. Durante esos meses, Micaela acondicionó por completo la vivienda, invirtiendo tiempo y recursos. Ahora, se encuentra sin nada", explicó Torres. El abogado subrayó la difícil situación de su defendida y el contexto socioeconómico del país, argumentando que la justicia debería considerar estos factores y permitir que Cuevas regrese a la casilla.
El conflicto ha puesto de relieve las complejidades legales y sociales de los casos de usurpación en Argentina. La aprobación del ReNaBap a favor de Cuevas introduce un elemento adicional en la disputa, ya que este registro tiene como objetivo reconocer y formalizar barrios populares, otorgando derechos y protecciones a sus habitantes. No obstante, la situación plantea preguntas sobre los límites de estos derechos y cómo deben ser aplicados en casos de ocupación de propiedades privadas.
Las autoridades judiciales ahora enfrentan la difícil tarea de equilibrar los derechos de propiedad con las necesidades sociales y económicas de los involucrados. La resolución del caso podría sentar un precedente importante para futuros conflictos de usurpación en barrios populares y áreas de alta vulnerabilidad.
Mientras tanto, la tensión continúa. Iván y su familia esperan una resolución que les permita recuperar su hogar, mientras que Micaela Cuevas y su abogado luchan por lo que consideran su derecho legítimo a permanecer en la vivienda que acondicionaron y mejoraron durante su estancia.
El desenlace de este caso será seguido de cerca por la comunidad y podría tener implicaciones significativas para la gestión de propiedades en barrios populares y la aplicación de la normativa del ReNaBap en situaciones similares en el futuro.
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