Corrupción y narcotráfico en el sistema penitenciario: Carina Torres deja su cargo como directora general

15 de junio de 2024 

Tras la reciente renuncia del jefe de la Policía de Salta, Miguel Ceballos, siguen produciéndose significativos cambios en la cúpula policial, y en esta ocasión fue el turno del Servicio Penitenciario de Salta. Carina Torres, quien había hecho historia al convertirse en la primera mujer en asumir el máximo cargo jerárquico institucional en abril de 2022, ya no continuará como directora general. Junto a ella, también ha dejado su cargo Víctor Martínez, quien se desempeñaba como subdirector.

Torres, con el grado de prefecta y 24 años de carrera profesional, había prestado servicio en diversas áreas del Servicio Penitenciario antes de asumir su rol como directora general. Fue el exministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien la puso en funciones, destacando en su momento la importancia histórica de su nombramiento y subrayando su compromiso y capacidad para el cargo. En su discurso de asunción, Cornejo también enfatizó el avance hacia políticas penitenciarias más modernas, incluyendo la creación de un régimen semiabierto de libertad y la construcción de un nuevo penal en Metán.

Sin embargo, el mandato de Torres y Martínez se vio empañado en los últimos meses por un grave escándalo de corrupción. Funcionarios, internos y familiares han sido acusados de formar parte de una organización narcocriminal que operaba dentro del Penal de Villa Las Rosas. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, como la solicitud de sobornos a cambio de beneficios para los internos y la facilitación de la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto con los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, presentaron el mes pasado un requerimiento de juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro para 20 personas imputadas en la causa. De estas, 12 se encuentran con prisión preventiva.

Durante la investigación, se analizaron más de 50 cuentas bancarias, descubriendo más de 1000 transferencias realizadas por familiares de los presos. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales. La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario, Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García; abusaron de sus cargos y exigieron indebidamente dádivas a los internos a cambio de beneficios penitenciarios.

La investigación reveló un sofisticado esquema en el que funcionarios, internos y sus familiares desempañaban roles específicos. Los funcionarios penitenciarios exigían sobornos para otorgar beneficios en el régimen progresivo de la pena, como la elevación de calificaciones de conducta, aceleración de trámites para obtener permisos de salida, y la introducción de elementos prohibidos como celulares, cargadores, comidas, bebidas y drogas.

En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales: la distribución de la sustancia dentro de la unidad carcelaria, los nexos externos que recibían dinero y administraban las cuentas bancarias, y la participación de funcionarios públicos que facilitaban el ingreso de drogas al penal.

Con los elementos probatorios recolectados, la Unidad Fiscal ha solicitado el juicio para los implicados, considerando las graves acusaciones de exacciones ilegales, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita. La lista de imputados incluye tanto a funcionarios del Servicio Penitenciario como a familiares de internos, quienes enfrentan cargos por diversos delitos relacionados con la corrupción y el narcotráfico dentro del sistema penitenciario.