Un fallo judicial exige al Ministerio de Capital Humano que elabore un plan para distribuir las toneladas de comida olvidadas en un depósito. La Casa Rosada apelará.
Politica 27 de mayo de 2024
Diario del Valle
Una de las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei tras la toma del poder fue la suspensión de la entrega de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país. Al igual que con la discontinuidad en el suministro de medicamentos para pacientes con cáncer, desde la Casa Rosada argumentaron supuestas irregularidades.
A raíz de ello el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia, en febrero, contra el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. El abogado advirtió que había casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir almacenados en dos centros de distribución, uno ubicado en Villa Martelli, Buenos Aires, y otro en Tafí Viejo, Tucumán.
La causa permanecía estancada, pero en las últimas horas el portal El Destape reveló que casi cinco millones de kilos de alimentos estaban a punto de vencer y el Poder Judicial reaccionó. El juez federal Sebastián Casanello le ordenó a Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuirlos para concretar “su ejecución de modo inmediato”.
El fallo encomienda a la cartera a cargo de Pettovello que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”, según publicó Infobae.
Casanello dice en la resolución que “el derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ‘bloque de constitucionalidad’”.
La revelación periodística provocó un tembladeral en el Gobierno y la Justicia, que ahora resolvió sobre la denuncia presentada hace tres meses. De hecho, el propio vocero presidencial Manuel Adorni admitió la semana pasada que efectivamente los alimentos estaban en esos depósitos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, grabó un video en el cual afirma: “No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión y rápidamente tienen que ser entregados”.
Y agregó: “Esto es lo que realmente nos preocupa: que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es esencial y que es primario, como es el derecho al alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”.
Luego de conocerse el fallo del juez federal Casanello, el gobierno de Javier Milei anticipó que el equipo judicial apelará la resolución. Así lo explicó Adorni: “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”.
“Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, afirmó el vocero del Presidente durante su conferencia de prensa hoy en la que, además, dijo que son “alimentos reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”.
Luego Adorni se refirió a la cantidad de alimentos. Dijo que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior” y sostuvo que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura” ni “que esté en riesgo de vencerse”.
Más allá de las cuestiones jurídicas, vale recordar que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que el 54,7% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria”.
Justamente esa pobreza que golpea a los niños y niñas fue la que generó indignación en la sociedad ante el almacenamiento de más de cinco millones de kilos de alimentos que no son distribuidos por una cuestión política.
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