Además de la otrora secretaria general del gremio docente, en el juicio está imputada la extesorera María Cerezo. Las denuncias también salpican a Raúl Argañaraz y a Nicolás Zissi. ¿Cuáles son los delitos que le imputan a Patricia Argañaraz?
Salta25 de noviembre de 2024
Diario del Valle
El juicio contra cuatro personas acusadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de la Asociación Docente Provincial (ADP) y sus agremiados ha entrado en su etapa final. La semana pasada prestaron declaración los últimos testigos y este lunes 25 de noviembre fue el turno de los alegatos finales. Ahora solo resta que se emita un fallo.
Las figuras centrales de este proceso judicial son Patricia Argañaraz, quien se desempeñaba como secretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, ex tesorera del gremio docente. Ambas fueron imputadas en calidad de coautoras de los delitos antes mencionados, en concurso real, por al menos 29 hechos concretos de estafas.
Además, en el expediente están involucrados Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, quienes fueron imputados como participes necesarios de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas. El pasado viernes Argañaraz amplió su declaración inicial sobre la creación del fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, pero no se dieron detalles al respecto.
El juicio se tramita ante la Sala 6 del Tribunal de Juicio a cargo del magistrado José Luis Riera. Por su parte, la acusación corre por cuenta de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Luego de los alegatos de las partes, el juez Riera emitirá su sentencia, que podría conocerse en los próximos días.
De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, en una de las últimas jornadas del juicio Raúl Dante Argañaraz y Ana María Cerezo aceptaron que hubo un desmanejo de los fondos de la Asociación Docente Provincial, aunque los dos se acusaron mutuamente endilgándose la responsabilidad de los delitos.
La Fiscalía sostuvo que Argañaraz y el resto de los acusados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la ADP. Hay denuncias varias por emisión de facturas y otros documentos falsificados que se utilizaron para justificar pagos y desviar el dinero para fines personales.
Asimismo, quienes comandaban la organización gremial habrían estafado a los docentes afiliados prometiéndoles el acceso a viviendas. En este caso, las trapisondas se gestaron a través de un fideicomiso llamado “Virgen de Urkupiña”, un negocio que era publicitado entre los asociados de la ADP.
El mencionado fideicomiso- que es una figura por la cual una persona o empresa transfiere a otra la titularidad de activos, bienes o derechos- sirvió para que los trabajadores y las trabajadoras de la educación desembolsaran un dinero inicial como una suerte de “deposito” y pagaran cuotas mensuales.
Fuentes judiciales reportaron que Raúl Dante Argañaraz prestó declaración para referirse al fideicomiso “Virgen de Urkupiña” y responder a ciertas declaraciones de testigos. En estas imputaciones también habló Ana María Cerezo, quien habría responsabilizado del manejo fraudulento al hermano de Patricia Argañaraz. En cambio, la ex secretaria general de la ADP decidió no declarar.
Durante una de las jornadas brindaron su testimonio por videollamada un arquitecto y un ingeniero. Ambos profesionales fueron contratados por el fideicomiso para desarrollar las viviendas que se les ofrecía a los docentes.
En los alegatos de este lunes la fiscal penal Salinas Odorisio pidió al juez Riera que condene a Patricia Argañaraz y a María Cerezo a siete años de prisión. La representante del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que ambas han sido responsables de administración fraudulenta y de estafas reiteradas.
Por su parte, la titular de la UDEC exigió al magistrado que Raúl Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi sean condenados por los mismos delitos, aunque en calidad de participes necesarios. En todos los casos, Salinas Odorisio presentó pruebas que complican el futuro de quienes están imputados.
La acusación fiscal, además, comprende la inhabilitación para volver a ocupar cargos en la Asociación Docente Provincial, el gremio más populoso de Salta que ahora está en manos de Fernando Mazzone. En tanto que, para los otros dos acusados, Salinas Odorisio requirió tres años de prisión.
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