Imputan a Luis Fayón por irregularidades y desvío de fondos

20 de agosto de 2024

El exdirector de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta durante la gestión de Bettina Romero ha sido imputado, junto con su esposa y su cuñada, por presuntos delitos relacionados con la administración fraudulenta de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». Las acusaciones, que abarcan desde sobreprecios hasta la adjudicación irregular de contratos a familiares, han causado una fuerte controversia en la ciudad, generando preocupación sobre el manejo de los recursos públicos.

El caso salió a la luz tras una denuncia realizada el 24 de mayo por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la acusación, graves irregularidades fueron detectadas en la gestión de la Panadería Social durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2023. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) inició la investigación, que ha destapado un presunto esquema de corrupción con un impacto económico que podría superar los $100 millones.

El informe de la auditoría señala la existencia de manejos irregulares en la compra de insumos, sobreprecios flagrantes y la selección de proveedores de manera arbitraria. En el centro de la trama se encuentra el expresidente de la Panadería Social, quien, junto con su esposa y cuñada, habría diseñado un esquema para favorecer a ciertos negocios vinculados a su entorno familiar.

Uno de los hallazgos más alarmantes de la auditoría fue la existencia de compras direccionadas hacia comercios pequeños y sin experiencia previa en el suministro de insumos a la Panadería Social. Los investigadores apuntan a que las empresas vinculadas a la esposa y la cuñada del exfuncionario facturaron más de $50 millones por la venta de productos como fiambres y embutidos. Según el informe, resulta

“cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social haya adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto”.

En paralelo, la auditoría descubrió la existencia de sobreprecios en diversas facturas. Un ejemplo destacado es la compra de «Margarina Premium por 10 kg.», facturada a $161.150 cuando su valor de mercado era de $16.560. Este solo caso representó un perjuicio patrimonial superior a los $3.300.000. Estas inconsistencias se repiten en otros rubros, lo que sugiere un patrón sistemático de sobrevaloración de los productos adquiridos.

Otro punto crítico de la investigación es la falta de correspondencia entre las cantidades de insumos adquiridos y la producción registrada por la Panadería Social. Las auditorías revelaron un faltante de stock considerable, sin justificación aparente, lo que genera sospechas de un posible desvío de materiales o una deficiente administración de los recursos. Según los cálculos de los auditores, estas anomalías habrían causado un daño económico que rondaría los $100 millones, agravando la crisis de confianza en la gestión de los fondos públicos.

La defensa del exfuncionario ha negado las acusaciones, argumentando que las compras se realizaron siguiendo los procedimientos vigentes y que no existió intención de beneficiar a terceros. Sin embargo, la gravedad de los señalamientos ha llevado a la intervención de la justicia, que continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanza la investigación, el municipio de Salta ha tomado medidas preventivas, incluyendo la suspensión de nuevos contratos con las empresas involucradas y una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación en todas las áreas del gobierno local. La situación ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas en los organismos estatales.

El caso del exdirector de la Panadería Social es un claro ejemplo de los riesgos que enfrenta la administración pública cuando se vulneran los principios de transparencia y ética. Las expectativas ahora están puestas en el desarrollo del proceso judicial, que determinará si hubo responsabilidad penal y qué consecuencias tendrá para los implicados.