8 de agosto de 2024
Se concretó un significativo acuerdo de cooperación entre la justicia provincial y la justicia federal en Salta, destinado a mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de delitos relacionados. La reunión que dio lugar a este convenio fue encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y el fiscal coordinador de Distrito Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Eduardo Villalba. El acuerdo busca establecer un marco formal de colaboración que optimice los recursos y mejore la eficacia en la resolución de casos de extravío o desaparición de personas.
El principal objetivo del acuerdo es consolidar una estrategia conjunta y coordinada entre ambas instituciones para abordar de manera más efectiva los casos de desaparición. Este marco de cooperación permitirá una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y la información recolectada, evitando disputas de competencia y garantizando una respuesta más ágil y coordinada ante estos casos críticos.
Dentro del convenio, se designaron funcionarios específicos de ambas instituciones para facilitar la comunicación y la coordinación. Por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta, se encargará de esta función el fiscal coordinador Pablo Alejandro Rivero, junto al secretario relator de Procuración General, Aldo Rubén Saravia. La Fiscalía Federal contará con la auxiliar fiscal Roxana Verónica Angelina Gual. Estos funcionarios actuarán como referentes fijos para coordinar las acciones y asegurar una comunicación fluida con los magistrados y otras instituciones involucradas en la búsqueda de personas.
El acuerdo también prevé la comunicación inmediata a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación (PROTEX). Esta medida tiene como objetivo implementar acciones conjuntas y coordinadas en casos concretos, especialmente en los casos que involucren a menores. PROTEX juega un rol clave en la gestión de alertas para la desaparición de niñas, niños o adolescentes, y su integración en el proceso investigativo asegura una respuesta más efectiva y especializada.
Los firmantes del acuerdo se comprometieron a establecer, en el futuro cercano, una mesa de trabajo destinada a mejorar los protocolos de actuación en la búsqueda de personas. Esta mesa se encargará de desarrollar instructivos prácticos dirigidos a las fiscalías y fuerzas de seguridad, que incluirán la definición de estándares mínimos de actuación, recomendaciones de estrategias de investigación, estandarización de modelos de requerimientos de colaboración, y la creación de guías prácticas para involucrar a diversas instituciones en las búsquedas.
Este acuerdo se enmarca dentro de los esfuerzos continuos de la Procuración General y la Unidad Fiscal Federal para articular esfuerzos en distintas áreas del derecho penal, como la narcocriminalidad y el crimen organizado. La colaboración interinstitucional se ha demostrado como una herramienta esencial para mejorar la persecución penal, aumentando las posibilidades de respuestas adecuadas y oportunas tanto para las víctimas como para la sociedad en general.
El convenio también responde a lo estipulado por el artículo 90 del Código Procesal Penal Federal, que exige al Ministerio Público Fiscal de la Nación promover una coordinación amplia y una actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales provinciales mediante acuerdos de este tipo.
Este acuerdo de cooperación marca un paso importante hacia la optimización de las investigaciones y la coordinación en la búsqueda de personas desaparecidas, reflejando un compromiso firme de las autoridades para enfrentar de manera eficaz los desafíos en materia de seguridad y justicia.
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