El gobierno además reclama devoluciones “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
Politica24 de abril de 2024
Diario del Valle
24 de abril de 2024
Una decisión sin precedentes ha sacudido el ámbito de la justicia y los derechos humanos en Argentina: el Gobierno anunció la suspensión del pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, en espera de una exhaustiva auditoría que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento y pago de compensaciones. Además, se reclamará la devolución de las sumas mal otorgadas, en un esfuerzo por salvaguardar los recursos públicos y garantizar una reparación justa y equitativa para todas las víctimas.
El anuncio fue realizado por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-. Esta medida surge como respuesta a la detección de diversos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago de las indemnizaciones, lo que ha generado la necesidad de una revisión exhaustiva de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
Según lo informado oficialmente, la auditoría integral detendrá los pagos y reconocimientos hasta contar con información veraz y fundamentada que justifique el otorgamiento de los beneficios. Además, en los casos de pagos indebidos que estén relacionados con causas penales en curso, la Secretaría de Derechos Humanos actuará como querellante, solicitando medidas como la inhibición de bienes o embargos para garantizar la restitución de los fondos defraudados a las arcas del Estado.
El Ministro Cúneo Libarona expresó a través de su cuenta en la red social X: "Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado". Esta medida se fundamenta en el fallo de procesamiento dictado en la causa "Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", confirmado por la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El comunicado del Ministerio de Justicia destacó que existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido. En este sentido, se articularán medidas para evitar el pago de sumas económicas a quienes no correspondan y se perseguirá la devolución de las sumas pagadas indebidamente para que sean restituidas a las arcas del Estado.
Esta decisión marca un paso significativo en el compromiso del Gobierno argentino con la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que busca garantizar una reparación efectiva y equitativa para todas las víctimas del terrorismo de Estado.
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