La denuncia de Camila Neri y las primeras medidas de la justicia

El reconocido comunicador Guillermo Wilches fue denunciado por la candidata Camila Antonella Neri ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº 1 de Salta. Según consta en el expediente N° EXp-912933/25, el caso fue iniciado a partir de una actuación policial en la que la candidata solicitó medidas legales por violencia de género.

Guillermo Wilches, denunciado penalmente por violencia de género

El tribunal, a cargo de la jueza Noemí Valdez, resolvió imponer medidas urgentes de protección: Wilches deberá abstenerse de cualquier acto de intimidación o perturbación, ya sea de forma directa o indirecta, tanto en el espacio físico como en el digital. Además, se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de la denunciante, de su domicilio o lugar de trabajo.

Posible desobediencia judicial e intervención penal

La resolución judicial fue contundente: en caso de incumplimiento, se autoriza la intervención de la fuerza pública, se podrá ordenar el retiro compulsivo de Wilches del lugar, y se remitirá la causa al fuero penal para imputarlo por desobediencia judicial conforme al artículo 239 del Código Penal. A la par, se ordenó a la Policía de la Provincia que actualice la planilla prontuarial del denunciado.

Este tipo de medidas, previstas en la Ley Provincial 7403/06, no suponen una sentencia condenatoria, pero marcan un punto de inflexión judicial en casos donde la víctima requiere protección urgente. La jueza también dejó a disposición de la denunciante el Polo Integral de las Mujeres y otras herramientas estatales de contención.

Un caso que podría escalar

Por el momento, Wilches no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia ni ha presentado descargos ante el tribunal. Pero el expediente sigue en curso y podría derivar en una causa penal más compleja si se detectan nuevas infracciones. La comunidad de Rosario de Lerma sigue de cerca lo que podría transformarse en un antecedente importante en causas de violencia de género mediática.

La gravedad del hecho radica no solo en la denuncia de una representante institucional, sino en la exposición pública que implica el rol del acusado como comunicador. Desde el entorno político, hay absoluto hermetismo, pero en los pasillos judiciales se espera que en las próximas semanas se resuelva si el caso avanza hacia una imputación penal formal o queda circunscripto al fuero de familia y género.