El régimen que propone la Casa Rosada penaliza a los adolescentes de 13 en adelante con condenas que varían según la gravedad del delito. La defensa de Cuneo Libarona-Bullrich y el rechazo que ha generado.
27 de julio de 2024
Diario del Valle
La Cámara de Diputados de la Nación retomará la actividad parlamentaria tras el receso invernal con un proyecto que divide las aguas. Se trata del nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años (actualmente es de 16 años). El texto, que fue presentado por el Gobierno, será analizado en las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda desde el próximo miércoles 31 de julio al mediodía.
La penalidad para adolescentes de entre 13 y 18 años se aplicaría “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales vigentes o que se dicten en el futuro”. Según el oficialismo, la finalidad es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
“El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”, expresa el proyecto.
Sobre el castigo a los adolescentes, el régimen establece como medidas complementarias el asesoramiento, orientación o supervisión de un equipo interdisciplinario; a asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras, detalla Parlamentario.com.
En caso de que el adolescente no tenga grupo familiar, o bien el mismo sea considerado como perjudicial para su vida a entender de las autoridades, el juez del caso deberá dar intervención a quienes velan por la protección de sus derechos.
“Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”, añade.
La privación de la libertad que se propone debería cumplirse en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”, o en un instituto abierto.
El plazo máximo de las penas de la libertad es de 20 años, con lo cual se prohíbe la aplicación de la prisión perpetua. A su vez, se propone que, si el adolescente cumple 2/3 de la pena impuesta en detención, y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena se cumpla a través de otras penas.
Pablo Del Pino, abogado litigante en tribunales de Salta, dijo que “cuando un menor cae preso, o cuando entra al sistema o se institucionaliza, es una derrota del Estado” porque no supo aplicar políticas públicas integrales para construir una sociedad igualitaria que no excluya a nadie. “Esto no viene a solucionar los problemas de la sociedad para nada”, apuntó sobre la baja de la edad de imputabilidad.
En una entrevista con el programa radial Sapo de Otro Pozo (Radio Universidad 93.9), Del Pino contó que pudo dialogar con quienes se desempeñan en los Juzgados de Menores de la provincia y sostuvo que la iniciativa despertó “gran extrañeza”. El letrado mencionó dos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, que “cuando se trata de menores en conflicto con la ley penal se roza con los derechos humanos”, y en la materia hay un principio de progresión que es que, cuando se consolida tal derecho, no se puede volver para atrás. “Establecer los 14 años como el piso para la imputabilidad en la legislación argentina no puede ser para atrás, sino que tiene que ser para adelante”, dijo.
En segundo lugar, Del Pino (que fue el abogado defensor de Ana Fernández, madre Cintia Fernández, la joven asesinada por un miembro de la Policía local cuyo caso tuvo repercusión nacional), aseguró que existen instrumentos referidos a los derechos humanos y, citando a UNICEF, advirtió que ni siquiera hay garantías de aseguramiento de justicia en una sociedad estableciendo la baja de imputabilidad de los niños o adolescentes en materia penal.
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“Ninguna de estas medidas garantiza la resolución del conflicto en particular y tampoco en general (…). No se viene a solucionar nada al meter a un niño preso”, afirmó Del Pino al manifestarse en contra de la propuesta de La Libertad Avanza y recordar el principio de “mínima intervención” donde el derecho penal se auto-reconoce como una rama del derecho (pena, juzgamiento) que sostiene la irresolución de los problemas de la sociedad.
Finalmente, el abogado dijo que hay un aprovechamiento por parte del Gobierno ya que un sector de la sociedad pide por “mano dura” ante la situación económica y de inseguridad que sea traviesa y señaló que debe haber una participación activa de las instituciones del mundo judicial en el proyecto que se debatirá en el Congreso: “Tienen responsabilidad institucional de hacerlo”.
Al momento de defender la iniciativa públicamente, el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, sostuvo en diálogo con TN: “El joven de 1980, cuando se dictó la ley, no es el mismo de hoy. Ahora tienen consciencia, sabe, actúa con dolo, tiene intención”. Por tal motivo, Cuneo Libarona considera que el presidente Javier Milei tiene razón en decir que hay que tratar a los adolescentes como adultos.
El proyecto fue impulsado también por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había intentado una medida similar cuando era funcionaria de Mauricio Macri. A diferencia de la gestión Cambiemos, dijo Bullrich, el presidente Milei “va a fondo”: “Nunca me dijo ‘ojo, cuidado’”, celebró en una entrevista.
Pero en el debate de comisiones también figuran otros proyectos de la agenda Bullrichista. Uno de ellos tiene que ver con la ampliación del registro de datos sensibles sobre delitos (actualmente es para casos de delitos sexuales); otra iniciativa busca tratar la Ley 26.216 de Armas de Fuego.
Además, Diputados tratará proyectos sobre la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional- algo que debe aprobar el Congreso-, la declaración como “Brigada Heroica” a los participantes de la Gesta de Malvinas; y diversas medidas para establecer relación con países varios en temas de agenda internacional.
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