Más de 180.000 empleos perdidos en la gestión Milei en el sector público

El empleo asalariado formal del sector público atraviesa una contracción histórica desde el inicio del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA–CONICET, en mayo de 2025 la administración pública registró una reducción neta de 4.800 puestos de trabajo, lo que elevó la pérdida acumulada a más de 184.000 desde noviembre de 2023.

Los datos, elaborados a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), reflejan un retroceso del 0,2% interanual en mayo, con un total de 20.000 empleos menos en la economía argentina. Mientras tanto, el sector privado formal experimentó en el mismo mes un leve repunte de 6.000 puestos, lo que apenas compensó la contracción general.

En total, la cantidad de asalariados registrados ronda los 10.116.000 trabajadores, incluyendo empleo privado, público y en casas particulares.

 
Impacto en salarios y pérdida de poder adquisitivo

El informe del IIEP no solo advierte sobre la disminución del empleo público, sino también sobre el deterioro de los salarios estatales. En mayo, se registró una caída promedio del 0,3% en los sueldos del sector, en un contexto donde la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo.

La evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es otro de los puntos críticos: en julio de 2025 retrocedió un 0,5% en términos reales, luego de mostrar leves recuperaciones en mayo (+0,3%) y junio (+0,1%). Sin embargo, el balance de la primera mitad del año sigue siendo negativo, con bajas en febrero (-0,4%), marzo (-2,1%) y abril (-0,8%).

Desde diciembre de 2023, cuando comenzó el actual mandato, el salario mínimo arrastra un derrumbe del 32% en su valor real, producto de la aceleración inflacionaria y de incrementos nominales que no alcanzaron a compensar las subas de precios.

 
Comparaciones históricas

El IIEP advierte que el poder adquisitivo del salario mínimo se encuentra actualmente por debajo del nivel registrado en septiembre de 2001, en la antesala del colapso de la convertibilidad. La caída acumulada equivale a un 62% respecto del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La contracción salarial y laboral en el sector público aparece como uno de los ejes más sensibles de la política económica actual, donde la reducción del gasto estatal es prioritaria para la administración nacional.

 
Entre la reducción del gasto y la pérdida de empleo

El informe del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP señala que el empleo asalariado formal total en la Argentina se encuentra prácticamente estancado respecto a diciembre de 2024, luego de atravesar caídas entre mayo y agosto de 2024 y una serie de oscilaciones en los meses siguientes.

En ese marco, la reducción del empleo público se consolida como el principal factor de retroceso en los niveles generales de ocupación registrada. La contracción afecta principalmente a la administración central, organismos descentralizados y empresas estatales.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / IIEP

Los investigadores advierten que la tendencia no muestra signos de revertirse en el corto plazo, en tanto la política económica del gobierno mantiene como eje el ajuste sobre la planta estatal y el congelamiento de ingresos de personal.

 
Perspectivas a futuro

Con más de 180.000 empleos públicos perdidos y una caída del 32% en el poder adquisitivo del salario mínimo en menos de dos años, los analistas del IIEP sostienen que el mercado laboral argentino enfrenta un escenario de alta fragilidad.

A pesar de los repuntes parciales del empleo privado formal, el deterioro en el sector público continúa siendo determinante en el balance general. El desafío, según el organismo, será evitar que la combinación de desempleo y pérdida de ingresos derive en un incremento sostenido de la pobreza y la desigualdad.

El informe concluye que la situación laboral en la Argentina exige un seguimiento constante y políticas específicas que logren mitigar el impacto social de los ajustes.