Emergencia en discapacidad: la Justicia invalidó el veto de Milei

El juez federal Adrián González Charvay consideró inconstitucional el veto presidencial a la ley 27.793 de emergencia en Discapacidad. La resolución, originada en un amparo de una familia con dos hijos discapacitados, abre la puerta a presentaciones similares en todo el país.

 
Un fallo que cuestiona el veto presidencial

La resolución judicial se originó en un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad, quienes reclamaban la continuidad de las prestaciones educativas y terapéuticas interrumpidas tras el decreto presidencial. El magistrado consideró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”, dejando sin efecto el veto en este caso puntual.

El fallo representa la primera decisión judicial que invalida el decreto del Ejecutivo en esta materia, generando un antecedente que podría multiplicar demandas similares en diferentes juzgados del país. En Salta, hasta el momento, no se habían registrado amparos vinculados a esta cuestión.

 
Derechos de grupos vulnerables frente al ajuste

En los fundamentos de la sentencia, González Charvay subrayó que los afectados son “personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad”, conforme al artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional. En ese sentido, destacó que sus derechos deben recibir “protección especial” y no estar sujetos a medidas de ajuste.

El Ejecutivo había justificado el veto alegando que la ley generaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento claras. Sin embargo, el juez consideró ese argumento “aparente y falaz”, al desconocer la facultad de reasignación presupuestaria que tiene el jefe de Gabinete y los antecedentes del trámite parlamentario.

Además, señaló que la medida presidencial incumplía compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos con jerarquía constitucional.

 
Tratamientos en riesgo y obligación del Estado

El magistrado advirtió que la interrupción abrupta de procesos educativos y terapéuticos “compromete severamente el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores”. Resaltó también que el desfinanciamiento de las prestaciones básicas pone en peligro la continuidad de tratamientos indispensables, lo que vulnera principios de igualdad, no discriminación y progresividad en materia de derechos humanos.

“La fundamentación del veto y su resultado constituyen un caso de discriminación hacia las personas con discapacidad, afectando especialmente a niños y adolescentes en situación de doble vulnerabilidad”, sostuvo el juez. En consecuencia, el fallo impuso las costas del proceso al Estado Nacional.

 
Contexto legislativo y próximos pasos

La ley 27.793, aprobada el 10 de julio, declaró la emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, con medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de derechos. El proyecto buscaba reforzar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, en un contexto de reclamos de hogares, centros de día, terapeutas y transportistas por la falta de actualización en los valores que perciben.

En paralelo, la Cámara de Diputados fue convocada para mañana a una sesión especial, impulsada por bloques opositores, con el objetivo de tratar los vetos a la ley de Discapacidad y al aumento de jubilaciones, además de iniciativas vinculadas a la distribución de fondos de los ATN y del impuesto a los combustibles.

Para insistir con la sanción original, la oposición necesitará reunir dos tercios de los votos. El oficialismo confía en mantener la mayoría para sostener el veto en materia previsional, aunque la situación sobre discapacidad aparece más incierta tras el fallo de González Charvay.