Revocaron las absoluciones de exfuncionarios del PAMI y ANSES

23 de octubre de 2024

En un giro judicial relevante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta a favor de los ex directores de las delegaciones locales del PAMI y ANSES, Verónica Molina y Fabio Marcos Jesús Vera Ramírez. Ambos fueron acusados ​​de solicitar aportes ilegales a jefes de agencias del PAMI para financiar la organización política La Cámpora. 

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, revirtió la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Salta a favor de Verónica Molina, ex directora del PAMI en Salta, y Marcos Vera Ramírez, ex director de la ANSES. El tribunal de primera instancia había absuelto a los exfuncionarios tras un juicio que se llevó a cabo entre el 22 de febrero y el 30 de mayo de este año, donde también fueron exculpados los empleados del PAMI Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, así como el ex concejal del Partido de la Victoria, Fernando Ruarte, juzgados en el mismo debate.

La acusación inicial, encabezada por el fiscal Ricardo Toranzos, se centraba en la presunta solicitud de aportes de un 20% del sueldo por parte de los acusados ​​a diversos jefes de agencias del PAMI en el interior de la provincia, quienes habrían sido presionados para entregar esa suma a la organización política La Cámpora. Además, se señaló el destino de cientos de electrodomésticos donados al PAMI para fines políticos, los cuales deberían haber sido distribuidos.

Durante el juicio, el TOF N°2, presidido por el juez Domingo Batule e integrado por los magistrados Gabriela Catalano y Abelardo Basbus, consideró que no existía una relación funcional directa entre los acusados ​​y los jefes de agencias mencionadas en la denuncia, entre ellos, Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, responsables del PAMI en Orán y El Carril respectivamente. Este fue uno de los argumentos centrales que condujeron a la absolución.

Juárez y Fernández, quienes previamente habían sido juzgados por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), señalaron en ese momento que se les había exigido el pago del 20% de su salario por parte de Molina y Vera Ramírez. No obstante, durante el juicio de los exdirectores del PAMI y ANSES, ambos testigos cambiaron su declaración original, afirmando que habían dado tales testimonios bajo presión emocional y por descontento con sus superiores al no haber recibido apoyo durante sus propios procesos judiciales.

A pesar de la absolución, el fiscal Ricardo Toranzos presentó una impugnación ante la Cámara Federal de Casación Penal, argumentando que el fallo del TOF N°2 presentaba inconsistencias. En particular, destacó que la figura de exacciones ilegales sí debía contemplar una afectación directa al patrimonio de las víctimas, y que exigir un porcentaje del salario constituía claramente una agresión a la propiedad de los empleados.

Toranzos, con el apoyo del fiscal general Mario Villar, sostuvo que las pruebas reunidas eran suficientes para demostrar la conducta ilegal de los exdirectores, quienes, según el alegato fiscal, utilizaban su poder en las instituciones para garantizar la entrega de fondos a La Cámpora bajo amenaza de inestabilidad laboral. Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de mensajes de texto, audios y declaraciones de varios testigos, entre ellos exjefes de agencias del PAMI, quienes corroboraron que habían sido citados a reuniones donde se les exigía el pago de los aportes.

La decisión de la Cámara de Casación Penal de revocar la absolución devuelve el caso a una instancia judicial en la que tanto Molina como Vera Ramírez deberán enfrentar nuevas implicaciones. Este caso ha despertado amplio interés debido a la vinculación de los acusados ​​con la estructura política de La Cámpora. El fallo de Casación establece un precedente significativo en cuanto a la interpretación de las figuras de exacciones ilegales y abuso de poder en la administración pública, particularmente cuando dichas prácticas se vinculan con multas partidistas o políticas. El proceso judicial continúa, y el próximo paso será un nuevo análisis del caso, en el que la fiscalía buscará obtener una condena definitiva para los acusados.