POLITICA JUDICIALIZADA

En la primera apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad norteña, el actual intendente Franco Hernández Berni fulminó a su predecesor detallando, de manera minuciosa, las supuestas irregularidades que habría encontrado al tomar las riendas del municipio. Particularmente, el joven intendente señaló, de manera afirmativa, la inexistencia y desaparición total de documentación publica referente al periodo de la pandemia padecida entre los años 2020 y 2021.

La acusación, que luego derivó en una denuncia penal por parte del Hernández Berni, fue contundentemente respondida por el actual ministro y ex intendente Mimessi con un posteo de Facebook que rezaba lo siguiente: “Hoy recibí la aprobación del informe de transición de mi gestión como intendente de Tartagal (…) se aprobó el informe de relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal y se deja constancia que toda documentación fue presentada en tiempo y forma”.  

 La realidad fáctica de que un informe de un organismo de contralor estatal provincial contradiga –indirectamente- la plataforma fáctica denunciada por el denunciante, parecería cortar de cuajo la judicialización pretendida.

De esto se deriva en el esperable hecho que las denuncias de Hernández Berni caigan en saco roto. La desestimación de las acusaciones sería inminente pues nada más y nada menos que la Auditoría, órgano constitucional contemplado en la Constitución de la Provincia de Salta (artículo 169 y concordantes), ya ha emitido un dictamen que versa sobre el asunto denunciado por el joven intendente. Si este organismo de contralor público, mediante el procedimiento constitucional establecido, determina que la totalidad de la información fue provista en el proceso de transición (como ocurre en el presente caso), la desaparición total de documentación denunciada adolecería de inconsistencias en el relato del denunciante. 

La Auditoría General de la Provincia es un órgano extra poder que ejerce controles externos a todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  Incluso, la auditoria se encuentra facultada para realizar los controles de las haciendas Municipales, cuestión que entra en tremenda colisión con las facultades de los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia de Salta. Empero, independientemente de las discusiones dogmáticas y doctrinarias, la realidad fáctica de que un informe de un organismo de contralor estatal provincial contradiga –indirectamente- la plataforma fáctica denunciada por el denunciante, parecería cortar de cuajo la judicialización pretendida. Todo esto se dilucidará en el Juzgado de Garantías de turno, siendo pesimistas, porque de obrar con la objetividad procesal requerida por ley procedimental, el Ministerio Público podría terminar archivando el asunto sin más trámite ante una simple declaración espontánea del denunciado adjuntando el informe emitido por la Auditoría Provincial. 

LA CUESTIÓN POLÍTICA

No ha pasado desapercibido por los pasillos del Centro Cívico Grand Bourg la denuncia de Hernández Berni. Y es que la pretendida intifada hacia Mimessi fue leída como lo que fue: una estocada hacia un ministro del Gobernador Gustavo Sáenz con premura. Ante ello, por lo bajo hay quienes destacan la osadía de Hernández Berni como una verdadera muestra de agallas, mientras otros, sin titubear, destacan la supuesta inmadurez e ingenuidad atribuible al fervor juvenil del joven intendente. Sea como sea lo que murmuren, la situación ha cautivado a propios y extraños no sin antes elucubrar teorías conspiranoicas atribuibles a supuestas operetas de un sector que viene apuntando cañones silenciosos al Centro Cívico como si de una Guerra Fría se tratara. 

Los tiempos electorales apuran a todos los sectores. ¿Denuncias para proscribir al postulante a cargos electivos? Una práctica que, más que osada, solo trajo el resultado histórico de reposicionar al acusado en la agenda pública. ¿Quizás la estrategia sea la polarización? Nadie lo sabe. Mientras las denuncias van y vienen, las penurias sociales por las decisiones impetradas por un gobierno nacional azotan a los habitantes de la Provincia de Salta.