Rosario de Lerma: Ocho años de cárcel para un hombre que agredió y abusó de su expareja

Un hombre de 35 años fue sentenciado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable de graves delitos contra su expareja, incluyendo abuso sexual con acceso carnal, lesiones agravadas y coacción. La condena fue dictada por la jueza María Victoria Montoya Quiroga en la Sala II del Tribunal de Juicio.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció a su expareja en junio de 2023 y junio de 2024 en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma. Según su testimonio, la relación de un año y medio terminó debido a las reiteradas actitudes violentas del acusado. A pesar de la separación, el agresor continuó acosándola, exigiéndole dinero y ejerciendo control sobre ella.

Las agresiones sufridas por la mujer fueron detalladas durante el juicio, incluyendo golpes en la cabeza, cortes con cuchillo y otras lesiones en distintas partes del cuerpo, todas ellas constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del CIF. Además, contó que no habían tenido hijos en común pero ella tenía un hijo adolescente de 17 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, de una relación anterior.

La víctima refirió que tras separarse, él regresó al domicilio de sus padres, en La Merced, pero seguía yendo a verla para exigirle dinero y para controlarla. Uno de los hechos más graves ocurrió el 1 de junio de 2023. El condenado se presentó en el domicilio de la víctima, consciente de que ella había cobrado la pensión por discapacidad de su hijo adolescente. En un acto de extrema violencia, la golpeó, le impidió respirar al colocarle una almohada en el rostro y la accedió carnalmente a la fuerza. Antes de abandonar la vivienda, le sustrajo dinero y la amenazó de muerte contra su hijo si lo denunciaba.

Días después, el 6 de junio, el agresor regresó exigiendo más dinero y con la intención de revisar el teléfono celular de la víctima. Ante la negativa de ella, el hombre tomó un cuchillo y le cortó un dedo.

La jueza Montoya Quiroga ordenó el inmediato traslado del condenado a la cárcel penitenciaria local y la extracción de muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, asegurando que su perfil genético quede registrado.