Concejales de Cerrillos exigen respuesta ante las denuncias de irregularidades

12 de noviembre de 2024

En medio de cuestionamientos a la actuación de la Justicia provincial, un grupo de concejales de Cerrillos solicitó al fiscal penal Gabriel Portal que emita un “pronto despacho” sobre diversas denuncias de irregularidades en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal. Estas denuncias fueron presentadas hace casi un año y, según los concejales, aportan pruebas de irregularidades en la elección de autoridades del Concejo y en el cobro de tasas municipales, entre otras cuestiones. La demora en resolver estos asuntos ha generado malestar entre los representantes locales, quienes han advertido sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza si no obtienen respuesta.

La situación actual se originó con la elección de Javier Kairuz como presidente del Concejo Deliberante de Cerrillos. Esta designación fue impugnada por los concejales Adrián Landriel, Natalia Chauqui, Viviana Hoyos y Omar García, quienes consideran que el proceso no cumplió con los procedimientos legales y normativos. Según los concejales, el cuestionamiento a Kairuz está respaldado por pruebas y documentos presentados en reiteradas ocasiones ante el Ministerio Público. Sin embargo, denuncian que la falta de una respuesta oficial ha permitido que continúen las prácticas irregulares en la administración municipal.

La demanda de un “pronto despacho” fue expuesta públicamente por el concejal Omar García, quien recurrió a las redes sociales para manifestar su frustración y alertar a la comunidad sobre el retraso en la resolución de las denuncias. En una publicación en su cuenta de Facebook, García aseguró que los concejales han agotado las instancias de presentación de pruebas y que la dilación en el pronunciamiento del fiscal agrava la situación para los ciudadanos de Cerrillos. “No sabemos a ciencia cierta si corresponde o no que les cobren lo que están pagando, y esta situación lleva casi un año en el que venimos presentando documentos y pruebas para que se investigue”, expresó García, cuestionando la legalidad del aumento en las tasas municipales aprobado por una ordenanza cuya validez está en disputa.

La situación se torna más delicada, ya que, de no obtener una respuesta oportuna, García adelantó que tomará “medidas de fuerza” de carácter personal, evitando involucrar a los vecinos. Aseguró que asumirá los riesgos necesarios para cumplir con su juramento como representante elegido por la comunidad. Este tipo de acciones, aunque inusuales, son una muestra del nivel de frustración de los concejales y de la desconfianza hacia la actuación del fiscal Portal, quien ha sido criticado en otras oportunidades por demorar en sus intervenciones en temas que afectan a la comunidad.

Para los concejales, la falta de resolución en este caso compromete la legitimidad de las decisiones del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal, afectando de manera directa los intereses de los ciudadanos. Consideran que se está vulnerando el derecho de los vecinos a una administración transparente y honesta, y advierten que el próximo presupuesto podría agravar aún más esta situación al encubrir las irregularidades previas.

Por su parte, los concejales Landriel, Chauqui, Hoyos y García subrayan que el fiscal Portal tiene el deber de velar por el bienestar de la comunidad y garantizar el cumplimiento de la ley en todos los niveles de gobierno. La demora en resolver estos asuntos deja en suspenso las decisiones que afectan a la economía de los ciudadanos, y la incertidumbre genera un clima de tensión en la localidad.

El caso de Cerrillos no es aislado en la provincia, donde diversas comunidades han manifestado su preocupación por la falta de celeridad en las respuestas judiciales frente a presuntas irregularidades en sus municipios. Las demoras en los fallos y las investigaciones generan un desgaste en la relación entre la Justicia y la ciudadanía, poniendo en duda su capacidad para actuar de manera imparcial y defender los derechos de todos los ciudadanos.

Los concejales esperan que, ante la presión de la comunidad y la claridad de las pruebas presentadas, el fiscal Portal finalmente emita un dictamen sobre las denuncias. En un contexto de cuestionamientos al sistema judicial provincial, esta acción sería vista como un paso en la dirección correcta para restablecer la confianza de la población en las instituciones y garantizar que se respeten los derechos de los cerrillanos.