LA RESPUESTA DE FOLLONI NO DESPEJÓ DUDAS SOBRE LAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN 

La tranquilidad que supo reinar en las calles de Campo Quijano ya no es la misma. Y nada- o todo- tiene que ver con el crecimiento de la actividad minera que impacta de lleno en “El Portal de los Andes”: el municipio atraviesa un panorama político de máxima tensión, caracterizado por las denuncias cruzadas entre el intendente Lino Yonar y su antecesor Carlos Folloni.

Sucede que Yonar denunció a Folloni por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que enviaron desde el Ministerio del Interior de la Nación para realizar una serie de obras de mejoras para la comuna. En concreto, el actual jefe comunal dijo que heredó una deuda de 100 millones de pesos (actualizando el monto original) ante el Estado Nacional porque no se rindieron los gastos. 

El ingeniero a cargo del Ejecutivo quijaneño desde diciembre de 2023 sostuvo públicamente que la Municipalidad recibió $15 millones para equipamiento de luminarias y seguridad y que Folloni nunca presentó la rendición de cuentas. Yonar también dijo que hubo intimaciones desde la Secretaria del Interior por la falta de documentación que el exintendente omitió presentar durante el traspaso de mando.

Como consecuencia de esas anomalías denunciadas, dijo Yonar, ahora Campo Quijano no puede acceder a financiamiento de programas nacionales para llevar a cabo obras de interés. Folloni respondió en sus redes sociales y pidió que su sucesor “no se arrodille” ante la Casa Rosada “buscando supuestos responsables por no poder enfrentar y defender los intereses del municipio”.

Según el referente del Partido Renovador de Salta (PRS), Yonar podría acudir a una cláusula del convenio “porque se cuenta con la totalidad de las pruebas” que refutan las denuncias y, por lo tanto, avalan la transparencia de su gestión. Hizo referencia al “Programa de Asistencia para la mejora de los Gobiernos Locales” (precisa que los $14.995.597 eran, en parte, para comprar cámaras de seguridad), y sostiene: 

• ·         Que los fondos “fueron empleados específicamente para la finalidad convenida, contando el Municipio con la totalidad del respaldo documental y las facturas conformadas”;
• ·         Que “se respondieron las intimaciones y se envió la totalidad de la documentación respectiva, relativa a la rendición de aquellos fondos”;
• ·         Que en esos requerimientos “solo se efectuaron diversas observación (sic) que hacen a aspectos formales, como ser la carga de datos por plataformas digitales, los cuales fueron subsanados con en el envío de la totalidad de la documentación en formato papel”;
• ·         Que “no solo acreditó el gasto público, sino la ejecución de la obra para el fin específico que fuera convenido”; y
• ·         Que el aludido “incumplimiento de supuestas rendiciones del C.P.I. correspondientes al período 2021” no tiene asidero puesto que “las mismas fueron presentadas y aceptadas”. 

MATERIALES NO; PUFLITOS SÍ

En las imágenes que Folloni sube en redes sociales a modo de refutar las acusaciones de Yonar se podrían dilucidar una serie de inconsistencias, tanto por cuestiones de forma que tienen que ver con mecanismos técnicos como así también por el espíritu del financiamiento que llegó a Campo Quijano.

Por ejemplo, el exintendente adjunta papeles por compras que supuestamente se enmarcan en el programa de financiamiento para Municipios cuyo objetivo era “la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital” para “darle un impulso a la economía, la autonomía, la integración regional e inclusión social en las comunas”.

Folloni compartió facturas y órdenes de compras de gaseosas, malvaviscos, chizitos, juguitos y caramelos; plastilina, lápices y crayones; y budines, turrones, garrapiñadas y panes dulces. En la planilla que el exjefe comunal presenta como rendición de subsidio semestral tales compras totalizan $405.317. Una significativa parte de ese monto- al menos $159.000- corresponden a compras a la empresa MEBAC, cuyo titular Juan Carlos Mealla sería de la provincia de Jujuy, donde se ha presentado en licitaciones. 

Según se desprende de la Resolución 96/2020 del Boletín Oficial de la República Argentina, en el Anexo 1, entre los ejes del programa de asistencia se establecen: Desarrollo del sistema de atención primaria de la salud y de asistencia para personas en situación de calle; Fortalecimiento del desarrollo urbano; Seguridad ciudadana y atención a víctimas; Mejoramiento de los servicios de limpieza y de recolección de residuos. Es decir, no comprende la compra de golosinas ni de útiles, con lo cual se podría configurar- además de la falta de rendición aludida- la posible comisión del delito de malversación de fondos públicos. 

Por otro lado, en cuanto a la iluminación y la adquisición de las cámaras de seguridad, adjudicados a la firma CyL SRL de Andrés Cuneo, llamativamente las fotografías que sube Folloni no se pueden ver en su totalidad. En la factura B figura el monto de $14.995.597; la mayor parte de esa cifra se habría invertido en la compra de 210 “luminarias LED 150 w” ($6.232.800) y otras 210 "columnas de iluminación de 9 mts.” ($7.753.410). También figura un monto de $416.793 por un total de 5 cámaras de seguridad (cada una de ellas valuada entonces en $83.358). 

Es importante señalar que, en este caso, Folloni solamente adjunta una factura, pero no así los remitos que son necesarios para respaldar el proceso de forma integral. Además, se desconocen las razones por las cuales una empresa que se presenta ante la sociedad como prestataria de servicios en obras viales, de saneamiento y de arquitectura, pudo hacerse de un convenio para brindar iluminación y proveer cámaras de seguridad. 

Diario del Valle pudo saber que quienes están a cargo de la empresa en cuestión tendrían vínculos políticos con un exfuncionario salteño del Ministerio del Interior que en la provincia promete tener futuro en las más altas esferas del poder Ejecutivo. Las fuentes sugieren que este mecanismo presuntamente irregular se podría haber replicado en otros municipios.

LA PALABRA DE PROVINCIA 

Luego de recibir la noticia de que Campo Quijano no puede acceder a créditos nacionales por los supuestos incumplimientos detectados en la anterior gestión, Yonar pidió a la Auditoría General de la Provincia que realice una investigación para determinar con exactitud el desfalco de fondos públicos denunciado. 

El titular del organismo provincial, Marcelo Ferraris, dijo que avanzaran en una pesquisa de forma conjunta con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a partir de un convenio entre ambas entidades. Esto se debe a que el financiamiento para “El Portal de los Andes” provenía del Estado Nacional.

“La presentación que hemos recibido del intendente Yonar la semana pasada será atendida con la mayor seriedad. Se ha dispuesto ya la realización de la auditoría correspondiente”, dijo en una entrevista con el programa “Día de Miércoles” que conduce Mónica Abiles, donde además sugirió que el Ejecutivo Municipal de Campo Quijano puede denunciar sin necesidad de que intervenga la Auditoría.