Aprueban proyecto para reforzar el control de antecedentes en cargos educativos

13 de noviembre de 2024

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó, en sesión ordinaria y con modificaciones, un proyecto de ley destinado a reforzar los controles de antecedentes penales en aspirantes a cargos docentes y no docentes que trabajen con menores de edad. La propuesta, que había sido previamente validada por el Senado provincial, establece la obligatoriedad de acreditar la ausencia de condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual para aquellas personas que busquen desempeñarse en funciones que impliquen contacto con menores.

La diputada Laura Cartuccia, una de las promotoras de esta iniciativa, enfatizó que el objetivo central de la ley es salvar la integridad y el bienestar de los estudiantes. "No hay otra intención más que preservar la salud de nuestros alumnos", sostuvo Cartuccia durante la sesión, subrayando la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar que personas con antecedentes por delitos de índole sexual puedan acceder a roles de responsabilidad en el ámbito educativo.

Con esta normativa, los aspirantes a cargos en el sistema educativo, así como aquellos que ya estén en funciones, deberán presentar un certificado de antecedentes penales emitido por autoridades provinciales y nacionales. Esta acreditación deberá ser renovada cada dos años, garantizando así que los trabajadores en contacto con menores mantengan un historial limpio y sin procesos pendientes. La exigencia de actualizar los antecedentes cada cierto tiempo busca detectar y prevenir situaciones de riesgo de manera continua, contribuyendo a la creación de un ambiente seguro para los estudiantes.

La diputada Cartuccia también explicó que, si un docente o trabajador no docente es imputado por un delito contra la integridad sexual durante su tiempo en funciones, deberá ser apartado del cargo de manera automática. Este aspecto de la ley busca actuar de forma rápida y efectiva ante cualquier señal de riesgo, evitando que el proceso judicial en curso afecte negativamente a los menores que están bajo el cuidado del acusado. La intención es, además, preservar la confianza de los padres y la comunidad en la seguridad del entorno educativo.

El proyecto fue aprobado en Diputados con algunas modificaciones, por lo que ahora regresará al Senado para su revisión final. Estas modificaciones fueron realizadas tras un análisis exhaustivo de las implicaciones legales y operativas de la normativa.

Sin embargo, la implementación de la ley podría enfrentar algunos desafíos logísticos y administrativos. La obligatoriedad de presentar antecedentes penales cada dos años implica una carga adicional para las instituciones educativas, que deberán coordinar y asegurar que todos sus empleados cumplan con esta normativa en los plazos establecidos. Asimismo, existen ciertos aspectos técnicos y financieros a considerar, como el costo y la accesibilidad del trámite para los trabajadores, especialmente aquellos en zonas rurales o con dificultades económicas.

Pese a estos posibles inconvenientes, la sanción de esta ley refleja el compromiso de los legisladores salteños de establecer un marco regulatorio que garantice un entorno seguro en las escuelas y otras instituciones que trabajan con menores. La protección de los estudiantes, como señaló la diputada Cartuccia, debe ser una prioridad en toda la sociedad, y la legislación aprobada apunta a responder a esa necesidad.

La nueva normativa constituye una herramienta legal que permite actuar de forma preventiva y efectiva para proteger la integridad de los menores en los ámbitos educativos de Salta. Al regresar al Senado para su revisión final, se espera que esta iniciativa se consolide como una política de Estado que refuerce la seguridad y el bienestar.