CARO DÁVALOS PIDIÓ A LA NACIÓN QUE ENVÍE FUERZAS NACIONALES A LA FRONTERA DE SALTA

La Cámara de Senadores de Salta aprobó el proyecto de Ley que habilita al Ejecutivo Provincial a intervenir el Municipio de Aguas Blancas, la localidad del departamento Orán cuyo intendente Carlos “Oreja” Martínez fue detenido en el marco de una causa que investiga sus posibles vinculaciones con bandas narco-criminales.

Antes de la votación- que fue por unanimidad- el senador Gonzalo Caro Dávalos dijo que la intervención es “lamentable y desagradable”, pero consideró que la gravedad institucional que atraviesa el municipio del norte salteño “es una realidad” a la que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se deben enfrentar.

“No estamos analizando el fondo de la cuestión que se discute en sede judicial”, afirmó Caro Dávalos, para luego destacar el trabajo de la Procuración General para desarticular las bandas de narcotraficantes. A su vez, dijo que el Poder Judicial “tiene que hacer lo suyo también” puesto que “tienen que estar monitoreados y asistidos”.

Asimismo, el senador por Cerrillos hizo hincapié en que “esto no es política ni tiene que ver con algún partido político en especial; no es partidismo sino una realidad que estamos viviendo los salteños y sobre todo la gente del norte”. Y apuntó: “Creo que la Nación debe mirar hacia el Norte, más al norte que Rosario”.

La mención de Caro Dávalos a la ciudad de Santa Fe se relaciona con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional ante el avance del narcotráfico y la violencia, entre las cuales se destacan el endurecimiento de las condiciones de detención para los líderes de bandas encarcelados- donde también puso su impronta el gobernador Maximiliano Pullaro- y el envío de fuerzas federales al territorio. 

“El norte argentino requiere de suma urgencia la presencia no solamente con visitas o fotos de los funcionarios nacionales, sino que claramente está demostrado que hace falta inversión, presencia de las fuerzas nacionales en el territorio”, agregó el senador cerrillano al referirse a las recurrentes visitas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Bullrich con Gustavo Sáenz en el norte de Salta semanas atrás 

Si bien “el Gobierno nacional ha dado muestra de interés, creo que hace falta más” porque se trata de “un territorio que claramente fue descuidado durante muchos años que no da para más”, afirmó. Finalmente, Caro Dávalos pidió al Estado Nacional para que “actúe con las medidas necesarias del caso y con las inversiones que hacen falta”.

LOS DETALLES DEL CASO AGUAS BLANCAS

Como detalló Diario del Valle, Martínez fue detenido por orden de la Unidad Fiscal integrada por Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murua. Sucede que los fiscales advirtieron que el juez de Orán, Claudio Parisi, filtró información sensible a Roberto Ortega Serrano, el abogado del intendente que avisó que le realizarían un allanamiento en el marco de una causa paralela por el crimen de su hermano Cesar Martínez.

Al enterarse de las medidas en su contra, Martínez pidió licencia para ser reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Gutiérrez, y se presentó de forma voluntaria en el Juzgado. Seguidamente el Cuerpo de Investigadores Fiscales a cargo del comisario general Juan Ramón Miranda allanó tres de sus propiedades: dos en Aguas Blancas y una en Orán. 

Por su parte, también fue allanada la vivienda del juez Parisi y la casa de su esposa y el domicilio del abogado Ortega Serrano, de donde secuestraron una camioneta, un celular y 400 mil pesos en efectivo. Como se explicó, el magistrado ha sido acusado de obstruir una investigación que busca determinar la autoría y el móvil de un asesinato.

La muerte de Cesar Martínez tuvo connotaciones que dieron a entender que se trata de un ajuste de cuentas mediado por sicarios. El hermano del intendente caído en desgracia cumplía prisión domiciliaria y tenía antecedentes por tenencia de drogas y armas. Además, el propio jefe comunal electo por el frente libertario “Salta Avanza con Vos” contaba con una condena por tráfico de estupefacientes (20123) y con una causa abierta por lavado de activos.

Carlos Martínez, intendente de Aguas Blancas detenido

Por esos antecedentes y por las pruebas que se fueron recabando, la Procuración General avanzó con el pedido de detención de Martínez y la Legislatura hizo lo propio con la intervención del municipio. Desde el Gobierno Provincial confirmaron que dicho proceso estará a cargo de Adrián Zigarán, quien ya fue interventor de los municipios Salvador Mazza y Aguaray, otros dos municipios con intendentes escurridizos para las buenas prácticas. 

DE ROSARIO A SALTA

La presencia de las fuerzas federales en la frontera que pidió el senador cerrillano Caro Dávalos podría minimizar y/o ralentizar el avance del narcotráfico en la provincia y, consecuentemente, en el país. Tales medidas deberían alcanzar no solo a la localidad de Aguas Blancas, sino también la de Salvador Mazza, ambos municipios que limitan con el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En la ciudad santafesina de Rosario- que mencionó el legislador salteño- la tasa de homicidios disminuyó drásticamente: según el Gobierno nacional, la baja entre enero y agosto fue del 62% frente a igual periodo del año anterior. Más allá de las medidas que se adoptaron para obtener esas cifras, los resultados demuestran que la intervención e inversión del Estado Nacional son relevantes. Y eso es lo que se le exigió a la Casa Rosada.

Con todo, ya se concretó la intervención del municipio de Aguas Blancas, lo que presupone que se podrían mejorar las acciones contra el narcotráfico. La misma se sustenta en el Artículo 179 de la Constitución Provincial que especifica las causales para buscar un remedio institucional: 

• Acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades.
• Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
• Cuando no se cumpla con el pago de los servicios de empréstitos, si en más de un ejercicio resulta un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera o no preste adecuadamente los servicios públicos locales.
• Por las demás causales que prevea la Carta Orgánica Municipal y la Ley de Municipalidades.