Imputan a un hombre en situación de calle por hurtar chicles en El Carril

19 de septiembre de 2024

En un caso que ha generado tanto asombro como reflexión, el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, imputó provisionalmente a un hombre en situación de calle por ser el presunto autor del delito de hurto. El incidente ocurrió en la localidad de El Carril, donde el hombre habría robado 40 chicles de un kiosco, con un valor aproximado de $8.000 en total. Este hecho, que puede parecer trivial por la naturaleza del objeto sustraído, ha movilizado a la justicia salteña y a las fuerzas policiales, desatando un debate sobre el rol de la justicia en situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad.

El hecho que motivó la imputación tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en horas de la tarde, cuando un hombre ingresó a un drugstore en la localidad de El Carril. Según la denuncia presentada por la empleada del establecimiento, el hombre, que se encontraba en situación de calle, ingresó inicialmente al local mientras ella realizaba tareas de mantenimiento. En ese momento, el hombre no realizó ninguna compra ni tampoco hubo indicios de que estuviera robando algo. Posteriormente, volvió al mismo comercio y solicitó un sándwich y un cigarrillo, productos que abonó antes de retirarse.

Minutos más tarde, agentes de la Policía de Salta llegaron al lugar con un envase de chicles, consultando a la empleada si el producto pertenecía al drugstore. La trabajadora confirmó que el envase, cuyo contenido se estima en 40 chicles con un valor de $200 cada uno, efectivamente formaba parte del inventario del local. A pesar de esto, la mujer no había notado su desaparición en el momento en que el acusado estuvo en el lugar. Ante esta situación, la policía inició una investigación que condujo a la identificación del hombre como el presunto autor del hurto.

La denuncia de la empleada desencadenó una exhaustiva investigación por parte de las fuerzas de seguridad y del fiscal penal Federico Gabriel Portal. El trabajo de la policía incluyó la recopilación de pruebas en el lugar, la identificación del sospechoso y la recolección de informes relacionados con su situación personal. Se determinó que el acusado no posee un domicilio fijo y vive en situación de calle, lo que añade un elemento de vulnerabilidad a su situación legal.

En el marco de la investigación, se incorporaron a la causa informes policiales y médicos, así como antecedentes del acusado. Si bien el valor total de lo robado asciende a aproximadamente $8.000, el caso plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales en delitos menores, particularmente cuando el acusado es una persona que enfrenta una realidad social adversa. En este sentido, la justicia deberá evaluar no solo los hechos ocurridos, sino también el contexto en el que se produjo el robo.

El caso ha despertado una mezcla de opiniones en la comunidad. Mientras algunos señalan que la justicia debe actuar en todos los casos, independientemente del monto o la naturaleza del objeto sustraído, otros consideran que el sistema judicial debería tener en cuenta las circunstancias personales de los acusados, especialmente cuando se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad. El hecho de que se trate de una persona sin hogar, que presuntamente sustrajo un bien de bajo valor, ha generado un debate sobre la aplicación de la ley y la posibilidad de que se busquen alternativas a las sanciones penales, como medidas de asistencia social o programas de rehabilitación.

El fiscal Federico Gabriel Portal ha imputado provisionalmente al acusado por el delito de hurto, una figura contemplada en el Código Penal argentino para quienes se apropian indebidamente de bienes ajenos sin ejercer violencia. Sin embargo, aún resta por definir el futuro judicial del imputado, ya que las pruebas y los informes médicos y sociales recopilados podrían influir en la decisión final de la justicia.

El hurto de 40 chicles en El Carril, más allá de su valor monetario, ha puesto en el centro del debate la relación entre el sistema judicial y las personas en situación de calle. La imputación del acusado abre interrogantes sobre cómo deben actuar las instituciones en casos donde confluyen delitos menores y situaciones de vulnerabilidad extrema. El rol de la justicia no solo será el de garantizar el cumplimiento de la ley, sino también de reflexionar sobre la equidad y la proporcionalidad en la aplicación de las penas.