Ley ómnibus: Los controversiales artículos

28 de diciembre de 2023

El controvertido proyecto de ley "ómnibus" presentado por el gobierno de Javier Milei ha desencadenado preocupaciones y críticas por sus propuestas en el ámbito del control de las calles. El capítulo dedicado a este tema busca reformar el Código Penal, aumentando las penas para los manifestantes y otorgando poderes ampliados a las fuerzas de seguridad. Entre las medidas más polémicas se encuentra la exigencia de pedir permiso al Ministerio de Seguridad para reuniones de tres personas o más en espacios públicos, así como la ampliación de justificaciones para el uso de la fuerza letal por parte de la policía.

La iniciativa, que se suma a anteriores intentos de criminalizar la protesta social, ha despertado la preocupación de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos. En particular, se destaca la modificación propuesta para el artículo 194 del Código Penal, que busca castigar con mayor severidad a aquellos que "entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos" durante manifestaciones. La pena pasaría a ser no excarcelable y se aplicaría tanto a quienes participan activamente como a aquellos que organizan o coordinan las protestas.

La diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores ha denunciado esta modificación como un intento de restringir el derecho constitucional a la manifestación y protesta. La legislación propuesta también amplía las facultades de la policía para disparar sin previo aviso, otorgando una mayor discrecionalidad a los agentes y limitando la posibilidad de que los familiares de las víctimas presenten querellas.

El texto del proyecto define como "reunión o manifestación" a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público. La paradoja radica en que, aunque reconoce la notificación de marchas espontáneas, establece la obligación de notificar al Ministerio de Seguridad con al menos 48 horas de antelación las características, ubicación, duración y organizadores de cualquier reunión pública. La cartera tiene el derecho de oponerse a la realización de dicha reunión.

Agustina Lloret, coordinadora de Litigio del Centro de Estudios Penales y Sociales (CELS), señala que el proyecto utiliza un lenguaje vago, dejando sin claridad qué se considera como "convocar a una manifestación". Este enfoque genera incertidumbre sobre la legalidad de acciones como compartir un flyer en redes sociales o participar en una manifestación con símbolos de organizaciones. La obligación de obtener una autorización previa para manifestarse, según Lloret, desincentiva la participación en protestas espontáneas y socava el derecho a expresar descontento frente a medidas gubernamentales.

El proyecto también endurece las penas para delitos como atentado y resistencia a la autoridad, utilizados frecuentemente como excusas para detener a manifestantes. El delito de atentado, por ejemplo, aumentaría su pena de 6 meses a 2 años a 4 a 6 años de prisión. Además, introduce una sección especial sobre "legítima defensa", que beneficia a los uniformados y legitima el uso del gatillo fácil como política de Estado.

La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), destaca que la ley "ómnibus" no solo criminaliza el derecho de reunión, expresión y protesta, sino que también legitima el gatillo fácil. La inclusión de un artículo que impide a familiares querellar a quienes repelen acciones delictivas, aunque estas hayan sido abandonadas, refuerza la idea de una doctrina Chocobar recargada.

En este contexto, diversas voces se alzan para denunciar las consecuencias de una legislación que amenaza con socavar derechos fundamentales y expandir la discrecionalidad del Estado en el control de la protesta social. La lucha por la preservación de las libertades individuales y el derecho a la manifestación se intensifica frente a un proyecto que propone medidas regresivas en materia de derechos humanos.