INTENDENTE RICO, PUEBLO POBRE

A pocos días de concluir su mandato como intendente de Rosario de Lerma, Enrique Martínez se encuentra en el epicentro de una controversia desatada por el manejo irregular y cuestionable del presupuesto municipal, que asciende a más de mil millones de pesos. Este monto, lejos de traducirse en mejoras sustanciales para el pueblo, ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos.

Uno de los puntos más alarmantes que ha salido a la luz es el desmesurado gasto de más de 35 millones de pesos en combustible, una cifra que deja atónitos a los habitantes de Rosario de Lerma. Lo más preocupante es que estos fondos se destinaron a la estación de servicio perteneciente a la familia del propio intendente. Este hecho arroja luces sobre un posible conflicto de intereses que podría haber permitido a Martínez beneficiarse personalmente a expensas del erario público.

El uso discrecional de recursos en una estación de servicio vinculada directamente a la familia del intendente plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión municipal. ¿Cómo es posible que una suma tan considerable de dinero no se haya reflejado en mejoras significativas para la comunidad? Los ciudadanos de Rosario de Lerma merecen respuestas claras y acciones concretas para remediar esta situación.

NUNCA DINERO PARA OBRAS

Este escenario, que apunta a un presunto enriquecimiento personal a costa de los contribuyentes, no solo socava la confianza en la administración saliente sino que también deja al descubierto la urgente necesidad de mecanismos de control y supervisión más efectivos en la gestión de los fondos públicos. La ciudadanía exige rendición de cuentas y medidas que garanticen la transparencia en el uso de los recursos municipales.

En medio de esta polémica, la figura de Enrique Martínez se ve empañada, y los habitantes de Rosario de Lerma, a días de recibir un nuevo gobierno municipal, reclaman una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse irregularidades.