Volver al Trabajo: crece la tensión por una orden judicial al Gobierno Nacional

Referentes sociales advirtieron que en Salta la asistencia sigue siendo clave para hogares sin ingresos fijos ni acceso sencillo a trámites.

La continuidad de Volver al Trabajo quedó bajo presión después de que una resolución judicial le ordenara al Gobierno Nacional sostener los pagos y cumplir con esa medida en un plazo de 3 días. El tema impacta de lleno en Salta, donde referentes sociales advirtieron que más de 52 mil familias dependen de ese ingreso. La discusión se da en medio de una situación económica ajustada, con menos changas, consumo frenado y mayores dificultades para cubrir gastos básicos en distintos barrios.

Uno de los que habló sobre el tema fue el dirigente social Darío Limachi, quien remarcó la importancia del programa para personas que no tienen una entrada estable. En una entrevista con Somos la Mañana, señaló: “Hay una trampa, chicas, porque con el costo de vida parece muy ínfimo, pero te da un mínimo de previsibilidad”.

Mientras sigue el plazo fijado por la Justicia, las organizaciones sociales también vienen alertando por la reducción paulatina de beneficiarios y por las trabas para hacer reclamos, sobre todo en casos de personas sin conectividad o sin manejo de herramientas digitales.

El Gobierno Nacional quedó bajo una orden de cumplimiento en 3 días

La resolución judicial dispuso que el Gobierno Nacional mantenga el programa Volver al Trabajo y fijó un plazo de 3 días para que se cumpla esa decisión. Además, la medida incluyó el apercibimiento de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Ese fallo volvió a poner en primer plano lo que pasa en Salta, donde, según plantearon referentes sociales, el alcance del programa sigue siendo amplio. De acuerdo con esos datos, más de 52 mil familias de la provincia dependen de esa ayuda para sostener parte de su economía diaria.

El planteo aparece en un contexto de fuerte fragilidad para hogares que atraviesan meses sin ingresos fijos. Por eso, cualquier interrupción en los pagos tiene un efecto directo sobre gastos elementales, como alimentos y otras necesidades de todos los días.

En Salta, organizaciones sociales advierten que la ayuda sostiene gastos básicos

Darío Limachi explicó que una parte importante de quienes cobran Volver al Trabajo realiza tareas informales. En ese marco, sostuvo que el ingreso, aunque bajo frente al costo de vida, permite contar con una referencia mínima para organizarse.

Según indicó, el problema se agrava porque escasean las changas y el movimiento económico sigue planchado. En esas condiciones, perder el beneficio no representa solo una baja en un ingreso complementario, sino una dificultad concreta para afrontar compras básicas.

Sobre la reducción de beneficiarios, Limachi afirmó: “Todos los meses dejan afuera gente sistemáticamente con la maña de poner trabas”. Esa situación, según expusieron desde las organizaciones, viene ocurriendo de manera paulatina en la provincia.

Las trabas para reclamar y la falta de atención presencial complican más el panorama

Otro de los puntos señalados por los referentes sociales fue la dificultad para hacer reclamos cuando una persona queda afuera del sistema. De acuerdo con lo planteado, la falta de atención presencial y el cierre de oficinas suman obstáculos para quienes necesitan revisar su situación.

El problema, además, se hace más pesado entre personas que no tienen acceso a internet o que no cuentan con herramientas digitales para realizar trámites. Esa limitación golpea con más fuerza en sectores vulnerables y también en zonas del interior.

En paralelo, las organizaciones señalaron que en los últimos operativos sociales se vieron filas de hasta 300 personas buscando alimentos. También cuestionaron las propuestas oficiales ligadas a vouchers de capacitación, al considerar que no alcanzan frente a la situación actual y que su acceso es más difícil para quienes viven fuera de los grandes centros urbanos.

En ese escenario, uno de los testimonios recogidos resumió el cambio en la demanda social: “No es que te piden trabajo, ya te piden un plato de comida”. La resolución judicial, por ahora, obliga al Gobierno Nacional a sostener el plan y cumplir dentro del plazo de 3 días.

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