La Universidad Nacional de Salta (UNSa) abrió una investigación interna sobre la Fundación de Altos Estudios (Fundaltes) por el manejo de 634 millones de pesos originados en un convenio con el Banco Patagonia, agente financiero de la casa de estudios. El tema se expuso en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Superior, donde se explicó que ese dinero se canalizó a una fundación privada vinculada a la universidad y no a las arcas institucionales. El área jurídica ya analiza presentar denuncias penales ante la Justicia Federal y espera definiciones de las actuales autoridades de la UNSa.
La auditoría externa ordenada por la UNSa sobre Fundaltes detalló el recorrido de los fondos, las inversiones realizadas y una serie de gastos y contrataciones que hoy están bajo la lupa. El informe menciona compras de vehículos sin licitación, equipamiento tecnológico registrado a nombre de la fundación pero usado en la universidad, la contratación de un servicio informático que nunca se implementó y la adquisición de un parque solar que permanece sin funcionar. A partir de esos puntos, el Consejo Superior ya tomó las primeras decisiones administrativas.
En paralelo, la situación financiera de la UNSa fue uno de los datos que más llamó la atención durante la sesión: la institución atraviesa un déficit de más de 3.000 millones de pesos, con proyecciones que podrían superar los 4.000 millones en 2026. En ese contexto, el destino de los 634 millones asociados al convenio con el Banco Patagonia se transformó en un eje central de la discusión dentro del máximo órgano de gobierno universitario.
La UNSa cuestiona por qué los 634 millones fueron a una fundación y no a la universidad
De acuerdo con el informe presentado ante el Consejo Superior, los fondos que hoy se investigan se originaron en el canon que el Banco Patagonia paga a la UNSa por el convenio como agente financiero. La auditoría precisó que el 1 de agosto de 2023, durante la gestión anterior, se transfirieron 200 millones de pesos desde la universidad a la cuenta de Fundaltes. Ese monto fue colocado en plazos fijos y fondos comunes de inversión, generando posteriormente intereses hasta totalizar 634 millones de pesos administrados a través de la fundación.
El secretario general de la UNSa, Alberto Mariscal, fue uno de los principales expositores del tema. Según planteó ante el cuerpo, la observación central es determinar “por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad”. Afirmó que, “a las luces”, considera que hubo un desvío de fondos, y remarcó que ese es “el total de fondos que fueron a parar a Fundaltes en lugar de venir a la universidad”. La pregunta quedó instalada como uno de los ejes que deberá responder la investigación interna en marcha.
Durante la misma sesión se recordó que la UNSa y Fundaltes son dos figuras jurídicas distintas. Mariscal destacó que “hay dos personas jurídicas que conviven: la universidad, que es pública, y Fundaltes, que es una fundación privada”. Sin embargo, la conducción de la fundación está integrada por autoridades de la propia universidad: el rector, la vicerrectora y el secretario administrativo forman parte de su estructura, lo que agrega tensión al análisis del circuito utilizado para los recursos del Banco Patagonia.
El secretario de Asuntos Jurídicos, Daniel Mansilla, explicó que la ley de Educación Superior permite que las universidades creen fundaciones para recaudar fondos y articular proyectos. No obstante, advirtió que en este caso, según la auditoría, en lugar de captar aportes externos, la fundación habría tomado dinero de la propia UNSa para manejarlo por fuera del presupuesto universitario. Ese punto es considerado clave por el área legal para definir los pasos a seguir.
Compras sin licitación, web sin uso y un parque solar inactivo bajo revisión
El relevamiento externo no se limitó a seguir el rastro de los 634 millones, sino que también detalló cómo se utilizaron parte de esos fondos. Entre los casos señalados se encuentra el pago de 15.000 dólares a una empresa de Córdoba para desarrollar una página web institucional. De acuerdo con el relato realizado en el Consejo Superior, la plataforma nunca llegó a ponerse en funcionamiento y, pese a los informes técnicos que advertían el incumplimiento, el pago se habría autorizado igualmente en mayo de 2025, poco antes del recambio de autoridades.
Al respecto, Mariscal preguntó ante el cuerpo colegiado: “¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca?”, y agregó que, a su criterio, “acá ya no es solo un mal desempeño, hay cuestiones más vinculadas a los ilícitos”. Esas expresiones quedaron asentadas en el acta de la sesión y forman parte de los antecedentes que ahora analiza la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la UNSa para definir si solicita la intervención de la Justicia Federal.
Otro de los puntos destacados por la auditoría fue la compra de vehículos y equipamiento. Mansilla indicó que se adquirieron tres rodados sin licitación, en aparente incumplimiento de los procedimientos de la ley de administración financiera. Tanto esos automóviles como computadoras destinadas a estudiantes fueron inscriptos a nombre de Fundaltes, aunque se los utilizaba diariamente en dependencias de la universidad. Según se advirtió, en caso de un siniestro vial, el riesgo operativo recaía sobre la UNSa, pero los títulos figuraban a nombre de la fundación.
El informe también describió la compra de un parque solar de 60 kilowatts financiado con fondos administrados por Fundaltes. Según se expuso, el sistema no pudo incorporarse a la red eléctrica de la universidad y, por tal motivo, el parque solar permanece inactivo y presenta una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original. Este proyecto, que en los papeles debía mejorar la infraestructura energética, quedó incluido entre los casos que revisará la auditoría interna.
Decisiones del Consejo Superior y revisión del uso de recursos
Frente a las observaciones patrimoniales, el Consejo Superior de la UNSa resolvió autorizar el traspaso de los vehículos y del equipamiento informático desde Fundaltes hacia la universidad. La medida apunta a que esos bienes pasen a figurar formalmente como patrimonio institucional y no como activos registrados en una entidad privada. De esta manera, se busca ordenar la situación legal de los elementos que ya están al servicio de estudiantes y personal universitario.
El documento de auditoría también revisó el tipo de gastos efectuados por la fundación y su compatibilidad con los fines que justificaron su creación. De acuerdo con lo que expuso Mariscal en la sesión, muchos de los desembolsos no se vinculan directamente con actividades de investigación, extensión o apoyo académico, que son los ejes contemplados en el objeto de Fundaltes. Esa conclusión habilitó una nueva línea de análisis sobre el eventual uso inadecuado de la figura institucional de la fundación.
La Secretaría de Asuntos Jurídicos planteó ante el Consejo Superior que los hechos descriptos podrían encuadrarse en tipos penales como incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos. Según se indicó, el manejo de estos recursos tiene un impacto concreto en el presente funcionamiento de la UNSa, que atraviesa un escenario financiero crítico mientras se discute qué habría ocurrido con el dinero del convenio con el Banco Patagonia.
Auditoría interna, posible denuncia penal y eventuales juicios académicos
Luego de recibir el informe externo, la UNSa dispuso avanzar con una auditoría interna para reconstruir la trazabilidad de las decisiones y precisar responsabilidades. La Unidad de Auditoría Interna fue designada para esa tarea y, de acuerdo con lo informado, podría presentar los primeros resultados en un plazo estimado de entre 30 y 45 días. Sobre esa base se definirán los pasos institucionales y judiciales a seguir por la universidad.
En forma paralela, el área legal comenzó a evaluar la presentación de denuncias penales. Mansilla señaló que cuentan con “indicios como para no ser cómplices y quedarnos callados” y adelantó que está esperando instrucciones del rector Miguel Nina para formular la denuncia correspondiente y dar intervención a la Justicia Federal. La posible causa penal podría alcanzar al ex rector Daniel Hoyos, al ex vicerrector Nicolás Innamorato y a integrantes de la gestión anterior que hayan intervenido en las decisiones bajo investigación.
Además de la vía judicial, la UNSa analiza los mecanismos internos previstos por su normativa. Mansilla explicó que, en el ámbito universitario, la herramienta disponible para evaluar la conducta de exautoridades que siguen vinculadas como docentes es el juicio académico. Estos procesos dependen del propio Consejo Superior y requieren varios meses de investigación, presentación de pruebas y descargos antes de llegar a una resolución.
Investigan en la UNSa el manejo de 634 millones a través de una fundación
Durante el debate en el Consejo Superior se mencionó que, de haber ingresado a la UNSa, los 634 millones de pesos hoy bajo análisis habrían permitido aliviar parte de las dificultades presupuestarias. Mariscal describió la situación financiera como “muy mala” y se insistió en que el destino del canon del Banco Patagonia es un elemento clave para reconstruir lo sucedido. La principal incógnita que quedó planteada fue la misma que se viene repitiendo en los informes técnicos y en las intervenciones de las actuales autoridades: por qué el dinero terminó en Fundaltes y no fue administrado directamente por la Universidad Nacional de Salta.
