Los gremios y federaciones de las universidades nacionales anunciaron un paro nacional para el miércoles 12 de agosto, con interrupción total de actividades en todo el país. La medida forma parte de un reclamo por financiamiento, salarios, becas y partidas para hospitales universitarios. Las organizaciones sostienen que existen compromisos legislativos, judiciales y administrativos pendientes de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional.
La convocatoria fue difundida bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. Según señalaron las entidades sindicales, la jornada alcanzará a las instituciones universitarias de la Argentina y se realizará en el marco de un conflicto que, de acuerdo con su comunicado, lleva más de dos años y medio.
El financiamiento concentra uno de los principales reclamos
Entre los motivos expuestos por los gremios aparece la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional hace casi 300 días. Las organizaciones sostienen que esa norma todavía no fue ejecutada y plantean que esta situación afecta el funcionamiento de las universidades nacionales.
El segundo punto planteado se vincula con una medida cautelar que, según indicaron los sindicatos, fue dejada vigente por la Corte Suprema. De acuerdo con el reclamo, esa resolución contempla la actualización de los salarios de trabajadores universitarios y de las becas a noviembre de 2023.
Ley de Financiamiento Universitario: el reclamo por el cumplimiento tras el fallo judicial
Además, las federaciones incluyeron en su listado de demandas los recursos destinados a los hospitales universitarios. Las entidades afirman que existe un acuerdo firmado sobre las partidas necesarias para esas instituciones y denuncian que dicho compromiso no fue cumplido.
La convocatoria será para el miércoles 12 de agosto
El paro previsto para el 12 de agosto será de alcance nacional y comprenderá la totalidad de las actividades del sistema universitario, según informaron las organizaciones adheridas. La medida reúne a gremios y federaciones que representan a distintos sectores de las casas de altos estudios.
Los sindicatos relacionaron la decisión con la falta de respuestas a los pedidos sobre la aplicación de la ley, la cautelar salarial y las becas, además de los fondos para hospitales universitarios. También mencionaron las cuatro movilizaciones que se realizaron en defensa de la universidad pública.
ADUBA cuestionó la respuesta oficial ante las universidades
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires, se refirió al anuncio mediante un comunicado. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites”, expresó el dirigente.
Al mencionar la ley votada por el Congreso y la cautelar sostenida por la Corte Suprema, Cagnacci afirmó: “Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023”.
El titular de ADUBA también cuestionó el cumplimiento de normas y resoluciones. “Tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no”, manifestó Cagnacci.
En otra parte de su declaración, el dirigente aludió a las tareas de docentes y trabajadores en aulas, cátedras, laboratorios y hospitales universitarios. “Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno”, sostuvo.
Alquileres, desalojos y registros: los cambios de la Ley de Propiedad Privada
Las organizaciones ratificaron que el paro nacional del miércoles 12 de agosto se fundamenta en el pedido de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de la cautelar sobre salarios y becas, y los recursos para el funcionamiento de hospitales universitarios.
