Topper con su planta al borde del cierre en Tucumán, Lácteos Verónica prácticamente paralizada y Electrolux aplicando retiros voluntarios en Rosario marcan una crisis profunda en la industria, con cientos de empleos en riesgo y más incertidumbre entre las familias trabajadoras. En distintos puntos del país, desde Aguilares hasta las cuencas lecheras de Santa Fe, se multiplican los conflictos por salarios impagos, recortes de jornada, endeudamiento y caída de ventas. Los gremios de cada sector advierten que, si no aparecen soluciones financieras y comerciales, puede avanzar una ola de cierres, suspensiones y programas de ajuste en fábricas clave.
Mientras la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) intenta frenar que la única fábrica de Topper en Argentina cierre sus puertas, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) denuncia que centenares de empleados de Lácteos Verónica llevan meses sin cobrar. Al mismo tiempo, Electrolux ya recibió más de 130 adhesiones a un plan de retiros pensado para 100 personas, lo que deja a la vista el nivel de preocupación dentro de las plantas. En todos los casos, el escenario combina recesión, pérdida de poder de compra y cambios en el mercado que complican la producción nacional.
Estas tres historias industriales, de rubros muy distintos como calzado deportivo, alimentos y línea blanca, se entrelazan en un mismo telón de fondo: ventas en baja, costos en alza y empresas que ajustan personal, horas de trabajo e inversiones para intentar sostener su operatoria, con el fantasma del cierre y la crisis de empleo siempre presente.
Topper enfrenta un posible cierre y más de 150 despidos en su planta de Aguilares
La situación de Topper en Argentina es una de las más delicadas dentro del mapa industrial actual y se ubica en el centro de la discusión por el cierre de fábricas. La marca deportiva concentra toda su producción local en una sola planta instalada en Aguilares, Tucumán, donde se fabrican tanto zapatillas como indumentaria. Esa fábrica es hoy el corazón de la operación nacional y, según advierten los delegados, su continuidad está seriamente comprometida por la caída de las ventas y la competencia de productos importados, sobre todo de origen asiático.
Desde la asunción de Javier Milei, la empresa ya prescindió de alrededor de 150 trabajadores. El deterioro no se dio de golpe, sino en etapas: durante 2024 hubo 120 desvinculaciones y, luego, en febrero de 2025 se sumaron otros 23 despidos, lo que terminó de encender las alarmas adentro de la planta. Cada baja implicó menos ingresos en los hogares de la zona y más preocupación en Aguilares, una ciudad donde la fábrica tiene un peso fuerte en el entramado económico local.
Antes de llegar a este punto de posible cierre, la empresa y el gremio UTICRA habían intentado una salida intermedia. En junio del año pasado firmaron un acuerdo excepcional que redujo la jornada laboral con la idea de evitar más cesantías. Entre otras cosas, se decidió eliminar los turnos de los sábados y acortar el trabajo de los viernes, que además quedaban totalmente suspendidos una vez cada dos semanas. Ese ajuste de horario impactó de lleno en los sueldos, que ya venían golpeados por la inflación.
Daniel Gordillo, operario y delegado de UTICRA en la planta, explicó que ese convenio significó entregar 15 horas de salario por quincena, lo que en plata representó una pérdida de entre 150.000 y 200.000 pesos según cada categoría. Señaló que la mayoría del personal está percibiendo en torno a 700.000 pesos mensuales y resumió el impacto de la inflación con una frase que se escucha cada vez más en las líneas de producción: “No hay bolsillo que aguante con la inflación que hay”.
El entendimiento entre la empresa y los trabajadores tenía fecha de vencimiento y rigió hasta el 28 de febrero. Cuando llegó el momento de volver al cronograma de trabajo completo, el panorama fue aún peor: al presentarse los operarios, recibieron la noticia de que no había insumos suficientes para sostener la producción a jornada plena durante toda la semana. Así, la fábrica quedó otra vez en una especie de limbo, sin claridad sobre cómo se organizaría la actividad ni cuántas horas se pagarían en realidad.
De acuerdo con la explicación que viene dando la compañía puertas adentro, la variable central es la merma brutal de las ventas. A eso se suma la apertura de importaciones, que habilita el ingreso de calzado mucho más barato fabricado en Asia, lo que deja a la producción local en una posición muy complicada para competir por precio. Gordillo sintetizó la postura de la firma y su lectura de la coyuntura industrial al decir: “Topper continúa aduciendo la baja estrepitosa de las ventas y el impacto negativo de la apertura de las importaciones y toda la política del gobierno que impacta sobre la industria en general”.
Retiros voluntarios, ayuda provincial en retirada y temor a la desaparición de la marca Topper
A los problemas de mercado y a la chance concreta de cierre se suma una versión que corre fuerte en los pasillos de Aguilares: el lanzamiento de un plan de retiros voluntarios, que se pagaría en cuotas. Si bien no se conocieron detalles oficiales, la sola posibilidad de que se ofrezcan salidas individualizadas termina alimentando la sensación de que la empresa busca achicar aún más la plantilla y que la estabilidad laboral está lejos de estar garantizada.
En paralelo, siguen abiertas las gestiones de UTICRA ante las autoridades de Tucumán. El gremio procura una reunión urgente con el gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, para analizar alternativas que ayuden a sostener la actividad. Según relató Gordillo, tanto la provincia como el Municipio de Aguilares habían colaborado en meses anteriores con distintos mecanismos de apoyo. Sin embargo, aclaró que ese acompañamiento tiene fecha límite y describió el momento actual con una frase clara: “La provincia y el municipio venían ayudando a la empresa, pero este mes se termina esa ayuda”.
En ese marco, el delegado subrayó la importancia estratégica que tiene la fábrica para el futuro de la marca en el país. Remarcó que “esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. La planta fabrica calzado e indumentaria de la marca Topper. Si la planta cierra, la marca Topper desaparecería”. La advertencia es directa: si se concreta el cierre de Aguilares, la operación local quedaría sin base productiva nacional y la presencia de la marca en el mercado argentino pasaría a depender exclusivamente de las importaciones.
Detrás de esta coyuntura difícil hay una historia de más de cinco décadas. Topper nació en 1975, creada por Alpargatas S.A.I.C. como marca de calzado e indumentaria deportiva. Con el tiempo, se consolidó como un sello muy conocido en el país, con fuerte presencia en clubes, canchas y vida cotidiana. En 2007, el control de la marca pasó a su subsidiaria brasileña, separada de la casa matriz nacional y vinculada al conglomerado Camargo Corrêa, desde donde se expandió su comercialización en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Años más tarde, en 2018, Alpargatas Brasil vendió Topper a “BRS Comercio e Industria de Material Esportivo SA” por 40 millones de reales. BRS es un holding integrado por un grupo de inversores liderados por el predicador y empresario brasileño Carlos Wizard Martins. El acuerdo también contempló la licencia para utilizar la marca en mercados como Estados Unidos y China, lo que reforzó su presencia global al mismo tiempo que la operación argentina quedaba cada vez más condicionada por los vaivenes de la industria local y por la actual crisis del consumo.
Lácteos Verónica, entre salarios impagos, deudas millonarias y riesgo de cierre definitivo
Mientras Topper intenta evitar el cierre de su única planta, en el sector alimenticio la situación de Lácteos Verónica se volvió otro símbolo de la crisis industrial. La empresa, con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe, acumula retrasos salariales, deudas financieras y conflictos internos que paralizaron la producción y ponen en duda la continuidad de unos 700 puestos de trabajo. ATILRA, el sindicato que nuclea a los trabajadores del rubro, denunció que la firma no pagó los sueldos de enero y febrero de 2025 ni la segunda mitad del aguinaldo del año anterior.
Según el gremio, el deterioro operativo arrancó el 8 de enero, cuando la compañía empezó a bajar gradualmente el ritmo de actividad. Esa curva descendente terminó el 16 de febrero con la decisión de cortar por completo la recepción de leche cruda y detener la producción en las plantas. Desde entonces, la empresa habría impedido el ingreso de los empleados a las instalaciones y habría enviado cartas documento informando una reducción del 50% en la jornada laboral y en los haberes.
Para ATILRA, ese esquema configuraría una suspensión encubierta, ya que no se garantizaría la ocupación efectiva ni el salario completo. En ese contexto, se calcula que alrededor de 700 trabajadores quedaron en una situación muy frágil, sin certezas sobre el cobro de lo adeudado ni sobre el futuro de la relación laboral. La preocupación se extiende también a las comunidades donde se asientan las plantas, que dependen en buena parte del movimiento económico que genera la industria láctea.
La interrupción de la actividad golpea de manera particular a la provincia de Santa Fe, región clave del negocio lechero. Lácteos Verónica posee establecimientos en Lehmann, Suardi y Clason, dentro de una de las cuencas lecheras más importantes del mundo. Trabajadores de esas localidades sostienen que la empresa dejó de procesar leche y que se observa un vaciamiento progresivo de las instalaciones, con líneas paradas y materia prima que ya no ingresa a las plantas.
Antes de la paralización, la compañía había llegado a procesar cerca de 600.000 litros de leche diarios. Ese volumen mostraba la escala de la operación y la cantidad de tambos y proveedores que dependían de su demanda. El freno prácticamente total de la actividad no solo afecta a los empleados de fábrica, sino también a productores tamberos, transportistas y prestadores de servicios vinculados al sector lácteo, que quedan atrapados en la misma crisis sin cobrar a tiempo ni tener a quién venderle.
En el plano financiero, la empresa arrastra un panorama muy complicado. Registra cheques rechazados por alrededor de 14.000 millones de pesos, además de deudas importantes con proveedores y con los productores de leche. Esa montaña de compromisos vencidos se traduce en dificultades concretas para reanudar la operatoria, ya que cualquier intento de reactivación exigiría recomponer la confianza con la cadena de abastecimiento y contar con capital fresco para arrancar de nuevo.
Conflictos internos, causas judiciales y reclamos de intervención nacional
A los problemas económicos y al fantasma de un cierre definitivo se suma un frente interno complejo. Lácteos Verónica pertenece a un grupo familiar integrado por unos veinte socios, entre hermanos, primos y sobrinos, y trascendió que existen discusiones fuertes en torno al control de la compañía y al manejo de las decisiones en medio de la crisis. Esas tensiones habrían demorado o trabado definiciones clave, justo cuando la situación financiera exigía respuestas rápidas y coordinadas.
La situación también escaló al terreno judicial. En el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, avanza una causa por presunta apropiación indebida de recursos y posible lavado de activos vinculados a la empresa. Paralelamente, en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela se investiga una denuncia por presunta estafa. Estos procesos aún en trámite agregan una capa más de incertidumbre sobre cómo y bajo qué condiciones podría encaminarse una salida.
Desde el sindicato, el panorama se describe con dureza. Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela y representante de los trabajadores de la planta de Lehmann, afirmó: “Hay un abandono real de la empresa”. También comparó la situación con la de otra compañía emblemática del sector industrial argentino y aseguró que, en esa región, “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”. Sus declaraciones apuntan a dimensionar el nivel de parálisis que atraviesa la firma y los efectos que ya se sienten en la zona.
Frente a este escenario, ATILRA reclamó la intervención urgente del gobierno nacional con dos objetivos claros: garantizar el pago de los haberes adeudados y sostener las fuentes de trabajo. En el sector lechero, especialistas y referentes coinciden en que, si la firma no consigue una solución financiera de corto plazo, la empresa podría quedar al borde de un cierre definitivo. En ese caso, el impacto se multiplicaría sobre toda la cadena láctea y también sobre el mercado interno, ya golpeado por la recesión.
La crisis de Lácteos Verónica se produce en un contexto donde el consumo de productos básicos como leche, yogur y quesos viene en caída por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. A la vez, los costos de producción siguen presionados por la inflación y por subas en energía, transporte y logística. Esa combinación deja a las empresas del sector en una posición frágil: venden menos, pero no pueden bajar sus costos al mismo ritmo, lo que termina derivando en ajustes, recortes y conflictos como los que se ven hoy en Santa Fe.
Electrolux aplica retiros voluntarios y se suma al mapa de empresas en crisis
En el rubro de línea blanca, Electrolux se convirtió en otro caso testigo de la crisis industrial, aunque con una dinámica distinta a la de Topper y Lácteos Verónica. En la planta que la multinacional posee en Rosario, la compañía activó un programa de retiros voluntarios para reducir personal en un contexto de menor actividad y caída de ventas. El plan fue lanzado como una herramienta “no compulsiva”, pero la respuesta superó rápidamente las previsiones iniciales.
La empresa había diseñado el esquema pensando en unas 100 adhesiones. Sin embargo, en menos de 48 horas más de 130 trabajadores se presentaron para incorporarse a la propuesta. Ese nivel de aceptación obligó a la firma a detenerse a evaluar cómo continuar, ya que las solicitudes excedieron en forma marcada el cupo previsto. El dato encendió luces de alerta en el gremio metalúrgico, que ve en esa reacción masiva un reflejo claro del clima de incertidumbre dentro de la planta.
Según explicaron referentes sindicales de la ciudad, el atractivo principal del programa es el monto ofrecido: indemnización completa complementada con un plus equivalente a varios sueldos adicionales. En un escenario de inflación alta, deudas familiares y tarifas en aumento, muchos empleados eligieron esa salida para contar con liquidez inmediata. Varios trabajadores identifican este tipo de propuestas como una forma de adelantar un posible conflicto futuro, ante el temor de despidos o de un eventual cierre parcial de sectores.
Electrolux, por su parte, aclaró que los retiros son estrictamente voluntarios y que no se están aplicando despidos forzosos. La compañía argumenta que el objetivo es adecuar la dotación de personal al menor nivel de actividad y al descenso del consumo de electrodomésticos. En los meses recientes, la demanda de productos como heladeras, lavarropas y cocinas se resintió, afectando la producción local y la planificación de las líneas de montaje.
Mientras la empresa define cómo procesar el excedente de solicitudes de retiros, los representantes gremiales advierten que estos movimientos podrían ser el primer paso de un ajuste mayor, si la recesión se prolonga y las ventas no repuntan. No obstante, remarcan que por ahora no se anunciaron cierres de la planta ni suspensiones masivas, sino una reducción de personal vía acuerdos individuales incentivados económicamente.
El caso Electrolux se suma a una lista creciente de compañías que, ante la baja del mercado interno, optan por reestructurar su plantilla mediante retiros y jubilaciones anticipadas. Si bien esta modalidad suele presentarse como una alternativa menos traumática que el despido directo, los trabajadores señalan que detrás de cada retiro hay una familia que debe reacomodar sus ingresos en plena crisis económica.
Un mapa industrial tensionado: más empresas bajo presión y empleos en la mira
Los episodios de Topper al borde del cierre en Aguilares, Lácteos Verónica paralizada en Santa Fe y Electrolux ajustando personal en Rosario no aparecen como casos aislados. En otros sectores fabriles también se multiplican las señales de alerta. Empresas como Fate, Whirlpool y la propia Stellantis atravesaron, en los últimos meses, procesos de suspensiones, recortes de turnos, paradas parciales o programas de retiro de personal, siempre enmarcados en un mismo diagnóstico: el consumo aflojó y la estructura de costos se volvió más pesada.
En la industria automotriz, por ejemplo, algunas terminales y autopartistas revisaron sus planes de producción, mientras que en el sector de neumáticos y electrodomésticos se repiten las noticias de líneas paradas algunos días de la semana. En todos los casos, la receta que señalan los sindicatos es similar: menor demanda en el mercado interno, apertura de importaciones que trae productos más baratos y costos locales que no dejan de subir por el efecto de la inflación y las tarifas.
Desde la planta de Aguilares, Gordillo sintetizó la percepción compartida por muchos trabajadores: “Todos los días vemos cierres de fábricas y compañeros despedidos a los que les pagan la indemnización en cuotas”. Esa frase condensa varios de los rasgos de la coyuntura actual: crisis de empleo, empresas que se desprenden de personal para achicar gastos y trabajadores que, aun cobrando la indemnización, deben afrontar meses sin un ingreso estable en un país con alta inflación.
En este contexto, la evolución de casos como el posible cierre de la planta de Topper en Tucumán, la definición sobre el futuro de Lácteos Verónica y la continuidad del plan de retiros en Electrolux será clave para medir hasta dónde se profundiza la tensión en la industria nacional y cuántos empleos quedan finalmente afectados en los distintos eslabones de la cadena productiva.
