El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta avanzó con una denuncia de oficio contra Santiago Pedroza y, al mismo tiempo, pidió que se analice una suspensión preventiva de su matrícula. La medida se da en medio de la causa por presuntas estafas ligadas a la adjudicación de lotes en Atocha. Según lo informado, la presentación fue enviada al Tribunal de Ética y Disciplina con documentación y material multimedia para abrir un sumario. El planteo menciona posibles faltas a las normas de ética profesional, además de incumplimientos a los deberes de probidad y buena fe.
El pedido de suspensión contra Pedroza quedó asentado en una resolución
La decisión fue tomada por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. En esa resolución se dispuso denunciar de oficio al letrado ante el órgano interno que debe revisar la conducta profesional.
Junto con esa presentación, la entidad resolvió remitir pruebas documentales y material audiovisual para que se inicie el proceso sumario correspondiente. De esa manera, el expediente pasará a ser evaluado en el ámbito disciplinario.
El texto también dejó expresado que la intervención apunta a una presunta vulneración de reglas éticas que rigen el ejercicio de la abogacía. Además, se mencionan deberes de probidad y buena fe que, según la resolución, habrían quedado comprometidos por los hechos denunciados.
Las presuntas estafas con lotes en Atocha siguen sumando consecuencias
El Colegio vinculó su decisión con las denuncias públicas y penales que alcanzan a Pedroza por maniobras relacionadas con terrenos en la zona de Atocha. En ese punto, el documento habla de una investigación abierta por presuntas estafas reiteradas.
De acuerdo con la resolución citada por El Tribuno, habría 380 familias que figuran como presuntas damnificadas. Esas personas habrían sido captadas mediante promesas de entrega de lotes dentro de un desarrollo identificado como “Las Victorias”.
En algunos casos, siempre según lo asentado en el mismo documento, se habrían pagado sumas de hasta 8 millones de pesos por tierras que no serían aptas para vivir. A partir de ese cuadro, la entidad sostuvo que el caso afecta el decoro, la probidad y el prestigio de la profesión.
La causa penal y el trámite disciplinario avanzan en paralelo
Además del paso dado ante su Tribunal de Ética y Disciplina, el Colegio respaldó su presentación en la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Para eso tomó como referencia el comunicado oficial difundido por ese organismo.
Ese parte fue titulado “Se investiga una supuesta estafa con la adquisición de lotes inhabitables”. Mientras tanto, la controversia por los terrenos de Atocha continúa con nuevas derivaciones institucionales y el Tribunal deberá evaluar el pedido de suspensión preventiva en el ejercicio de la matrícula.
