Dirigentes de las principales centrales obreras salieron a marcar postura frente al proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo busca aprobar en sesiones extraordinarias. Los sindicatos se oponen a los cambios y cuestionan que la reforma laboral reduzca derechos adquiridos, mientras el Gobierno la presenta como una “modernización” del empleo formal.
El debate por la reforma laboral quedó en el centro de la escena nacional luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Senado un extenso proyecto para modificar la Ley de Contrato de Trabajo. Los sindicatos se oponen y advierten que la iniciativa implica un retroceso en materia de protección al empleo, mientras el oficialismo defiende el texto como una herramienta de actualización del sistema laboral. El tratamiento se hará durante las sesiones extraordinarias, en paralelo al Presupuesto 2026 y a la llamada Ley de Inocencia Fiscal.
La discusión llega en un momento de fuerte crecimiento de la informalidad, con cada vez menos trabajadores dentro de puestos registrados clásicos, algo que se ve tanto en el país como en otros mercados laborales del mundo. En ese marco, las centrales obreras temen que la reforma laboral termine consolidando formas de contratación más frágiles y con menor cobertura, por lo que remarcan que los sindicatos se oponen a la reforma laboral tal como está planteada.
El paquete de cambios fue presentado por el Gobierno como parte de un conjunto de reformas de “segunda generación”, con foco en bajar costos empresariales y ampliar márgenes de organización interna en las compañías. Sin embargo, las organizaciones gremiales sostienen que muchas de las modificaciones, lejos de resolver la precariedad, podrían facilitar que más actividades se realicen por fuera de las relaciones laborales tradicionales.
Las centrales sindicales se oponen y alertan por pérdida de derechos
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) reaccionaron apenas se conoció el borrador que circula en el Congreso. Referentes de ambas estructuras recalcan que los sindicatos se oponen a la reforma laboral porque consideran que debilita la tutela legal del trabajador y no garantiza que haya más inversión ni mejores salarios.
Las conducciones sindicales remarcan que el mercado laboral argentino viene atravesado por la expansión de figuras como el monotributo, la facturación individual y distintos tipos de tercerización de servicios. Según plantean, avanzar con la reforma laboral en este escenario podría acelerar el corrimiento desde empleos estables hacia vínculos sin relación de dependencia, algo que hasta ahora se venía discutiendo en cada paritaria o convenio sectorial.
Además, las organizaciones señalan que la norma se impulsa en simultáneo con otras leyes económicas que también inciden sobre el trabajo, como el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, por lo que reclaman un análisis más integral del impacto combinado. De acuerdo con las centrales obreras, la simultaneidad de estos debates hace que los sindicatos se organicen y se oponen de forma coordinada a la reforma laboral y a los cambios que, entienden, pueden recortar ingresos directos o indirectos vinculados al empleo formal.
Por otra parte, las cúpulas gremiales sostienen que, si bien la normativa laboral requiere actualizaciones frente a nuevas modalidades de producción y de servicios, esto no debería traducirse en un recorte de garantías judiciales ni en una disminución de las responsabilidades empresarias cuando intervienen terceras firmas.
Claves del proyecto de reforma laboral: contratos, subcontratación y pagos
Entre los puntos que más polémica generan se encuentra la modificación de la presunción de existencia del contrato de trabajo. Hoy, la ley considera que, cuando una persona presta un servicio, se presume que hay una relación laboral. El proyecto introduce una excepción: no se aplicará esa presunción cuando se trate de contrataciones de obra, servicios profesionales, oficios u otras formas sin dependencia, siempre que se emitan facturas o recibos. Para la dirigencia sindical, esto abre una puerta para que actividades que hoy están bajo relación de dependencia pasen a esquemas independientes.
Otro eje fuerte es la responsabilidad en las cadenas de subcontratación. La norma vigente contempla la responsabilidad solidaria de la empresa principal con relación al personal de las firmas tercerizadas. En cambio, el texto enviado al Senado establece que los empleados serán considerados solo del empleador que los registra, aun cuando presten servicios para otra compañía. De esa forma, la empresa que contrata a la tercera firma queda fuera de los reclamos laborales directos.
En cuanto a la forma de pago del salario, el borrador incorpora una novedad: habilita el pago en moneda extranjera como opción adicional a la moneda nacional y a las otras modalidades ya vigentes (como especie, habitación o alimentos). A su vez, dispone que todas las remuneraciones en dinero deberán acreditarse en una cuenta bancaria o en un Proveedor de Servicios de Pago autorizado por el Banco Central, bajo pena de nulidad si no se cumple esa forma de pago.
Estas modificaciones se inscriben en un debate global sobre la adaptación de las normas a nuevas formas de empleo, desde plataformas digitales hasta servicios profesionales bajo contrato. No obstante, los gremios señalan que, sin controles firmes, la flexibilización podría dejar a muchos asalariados sin la protección que hasta ahora brindaba la presunción de relación laboral y la responsabilidad extendida en las cadenas de producción y servicios.
Cambios en vacaciones, banco de horas y despidos
El capítulo referido a licencias anuales plantea que las vacaciones deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, salvo actividades con particularidades propias. La fecha de inicio deberá notificarse por escrito con al menos 45 días de anticipación. Además, se abre la posibilidad de fraccionar el período de descanso, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Para los sindicatos, estas modificaciones requieren un seguimiento en cada convenio para evitar que la segmentación termine afectando el real descanso del trabajador.
En la organización del tiempo de trabajo aparece la figura del banco de horas. El proyecto permite compensar jornadas más largas en algunos días con jornadas más cortas en otros, mientras no se supere el máximo semanal fijado por ley o por el convenio colectivo. El oficialismo presenta el banco de horas como un mecanismo de flexibilidad, pero dirigentes gremiales temen que se pierda el pago de horas extras y que se difumine el control sobre los topes diarios de trabajo efectivo.
Respecto del preaviso por despido, se unifican los plazos para antigüedades altas. Hoy, si el trabajador tiene más de diez años en la empresa, le corresponden tres meses de aviso anticipado. La iniciativa oficial reduce ese lapso: para quienes superen los cinco años de antigüedad, el preaviso será de dos meses, mientras que se conserva el mes de aviso para quienes acumulen menos de cinco años.
En la indemnización por despido sin causa se mantiene el criterio general de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Sin embargo, el proyecto aclara que no integrarán la base de cálculo conceptos que no sean mensuales, como aguinaldo, vacaciones o premios no mensuales, lo que podría achicar el monto final de la liquidación en muchos casos.
Para los despidos dispuestos antes de que venza el plazo de un contrato a término, el texto limita las opciones de reclamo: el trabajador solo podrá exigir la indemnización por extinción del vínculo, dejando de lado la posibilidad de solicitar sumas adicionales por daños y perjuicios, como habilita la ley actual.
Además, se incorpora la chance de que, mediante convenios colectivos, el esquema de indemnizaciones sea reemplazado por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador. Por otro lado, se propone una reducción acotada de tres puntos en las contribuciones patronales para las empresas que cumplan con los aportes a los Fondos de Asistencia Laboral. El Gobierno lo enmarca dentro de medidas para alentar el empleo formal, mientras que distintos gremios remarcan que estos fondos son parte de la red de financiamiento que se ve afectada cuando crece la informalidad.