La causa por el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido en Campo Quijano, sumó otro capítulo luego de que la Justicia resolviera que Daniel Orlando Serapio continúe preso junto a dos familiares acusados de darle ayuda durante su fuga. La decisión se tomó en una audiencia realizada este jueves, donde se revisó la situación de los tres imputados, ligados a los 11 días en los que el principal acusado estuvo prófugo. En esa instancia, la jueza confirmó la prisión preventiva mientras sigue la investigación penal.
El caso se centra en si esos familiares de Serapio sólo mantuvieron un vínculo de parentesco o si, como sostiene la acusación, existió una colaboración activa para evitar que fuera detenido. La discusión gira en torno al alcance del artículo 277 del Código Penal, que regula el encubrimiento y prevé excepciones cuando la ayuda proviene de parientes cercanos, aunque no los blinda en todos los escenarios. Por eso, la conducta atribuida durante esos 11 días de fuga quedó bajo análisis detallado.
Durante la audiencia, fue el propio Serapio quien intentó despegar a sus familiares de cualquier sospecha. El acusado pidió la palabra por unos minutos y aseguró que no recibió ni comida ni agua de nadie mientras se mantenía oculto, buscando dejar asentado que no existió ayuda concreta por parte de su entorno inmediato.
La jueza ordenó que Serapio y sus familiares sigan presos por posible ayuda en la huida
A pesar de las palabras del imputado, la jueza Claudia Puertas resolvió mantener a los tres hombres detenidos. La magistrada ratificó la acusación de femicidio contra Serapio y, al mismo tiempo, consideró que sobre sus dos familiares persisten indicios de que habrían brindado algún tipo de ayuda para sostener la huida y eludir a la Justicia. Por ese motivo, entendió que no había elementos suficientes para liberarlos en esta etapa.
Los allegados señalados son Domingo Ramos y Gastón Flores, tío y primo de Serapio. Para la fiscalía, no se trata de una mera presencia familiar en días de conmoción, sino de una presunta participación posterior al hecho. En la imputación se les atribuye encubrimiento agravado, figura que en el Código Penal aparece cuando el supuesto apoyo supera lo ocasional y pasa a ser un aporte concreto para burlar el accionar judicial.
La jueza tuvo en cuenta, además, que el episodio investigado es un femicidio, una de las figuras más graves del sistema penal argentino. En expedientes de este tipo, distintos tribunales vienen marcando que el parentesco no excluye automáticamente la responsabilidad si se prueba que hubo una ayuda real para mantener a alguien prófugo. Bajo ese criterio, Puertas entendió que la situación de los familiares de Serapio debe seguir bajo estudio con los tres acusados presos.
El debate legal por la ayuda de familiares y el encubrimiento a Serapio
La discusión jurídica se apoya en el artículo 277 del Código Penal, que contempla el delito de encubrimiento pero incorpora una excepción para ciertos familiares que brindan ayuda a un pariente. Esa cláusula suele aplicarse cuando se trata de un auxilio puntual, por ejemplo, dar refugio por pocas horas, pero no funciona como una especie de inmunidad automática ante cualquier colaboración. Por eso, en este expediente se está evaluando si lo que ocurrió con Serapio encaja o no dentro de ese límite.
Según la acusación fiscal, la conducta atribuida a Ramos y Flores habría ido más allá de un gesto aislado, configurando lo que definieron como una “intervención concreta para sostener la fuga”. Fuentes judiciales explicaron que, frente a hechos especialmente graves como un femicidio, se analiza con mayor detalle si la ayuda prestada fue clave para que el imputado lograra mantenerse prófugo durante 11 días, o si se trató de actos sin relevancia penal.
Prisión preventiva para Serapio y sus familiares mientras se define el alcance de la ayuda
La figura de prisión preventiva que recae sobre Serapio, su tío y su primo es una medida cautelar, no una condena definitiva. En este caso, la Justicia la consideró necesaria ante el posible riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, tomando en cuenta que el acusado ya estuvo prófugo y que se investiga si recibió ayuda directa de familiares para mantenerse escondido. Bajo ese razonamiento, se entendió que en libertad podrían repetirse conductas similares.
En causas penales graves es habitual que se recurra a la prisión preventiva cuando existen antecedentes de intentos de eludir la acción judicial o sospechas de ocultamiento de pruebas. Aquí, los 11 días en que Serapio no se presentó ante las autoridades y la sospecha de colaboración externa pesan como elementos centrales a la hora de valorar esa medida. Por ahora, la investigación continuará con los tres imputados privados de la libertad, mientras se producen más pruebas y se define si la ayuda familiar configuró encubrimiento agravado o no.
