El Senado de Salta volvió a quedar en el centro de la agenda política provincial por el regreso de la Ley Octorina, un proyecto elaborado junto a mujeres wichí del norte salteño que busca enfrentar los abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas. La iniciativa retorna a la Cámara alta después de haber sido aprobada con cambios en la Cámara de Diputados y ahora requiere una resolución definitiva. Referentes de comunidades originarias se presentaron en la Legislatura para pedir que el Senado complete el tratamiento sin nuevas demoras.
El expediente, de autoría del senador Walter Cruz, había obtenido media sanción en el Senado, luego fue revisado por Diputados y quedó nuevamente bajo análisis institucional. De acuerdo con la información oficial de la Cámara alta y publicaciones periodísticas, el proyecto contempla medidas específicas de prevención, capacitación y acceso a la justicia frente a la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas de pueblos originarios. Las voceras wichí remarcaron que consideran a esta ley como una herramienta concreta para enfrentar una problemática que, según denuncian, estuvo silenciada durante años.
La presencia de las delegaciones indígenas en la Legislatura salteña sumó una fuerte carga política y simbólica al debate. Las mujeres wichí insistieron en que la violencia sexual en comunidades del norte fue muchas veces relativizada o atribuida a supuestas “costumbres”, y reclamaron que los organismos estatales actúen de manera más firme. En este contexto, pidieron que el Senado avance con la Ley Octorina y que el proceso parlamentario no vuelva a frenarse.
Mujeres wichí pidieron al Senado que no se demore la ley
En el edificio legislativo se concretó una reunión entre el senador Walter Cruz y referentes indígenas de distintas comunidades, que viajaron hasta la ciudad de Salta para exponer su postura. Allí reiteraron que, para ellas, la Ley Octorina es una respuesta institucional necesaria frente a los abusos sexuales que denuncian en el territorio. Según lo difundido en ámbitos parlamentarios, remarcaron que el acompañamiento social es clave para sostener el debate hasta la sanción definitiva.
Durante ese encuentro, las representantes wichí plantearon que la aprobación del proyecto significaría un primer reconocimiento oficial del problema. De acuerdo con los informes difundidos por el Senado y distintos medios, las voceras remarcaron que las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas fueron durante mucho tiempo invisibilizadas o directamente ignoradas en los ámbitos formales. Por eso, insistieron en que el Senado avance con la discusión y dé una señal clara sobre el tema.
Las referentes también pusieron el foco en el rol de las organizaciones sociales y de la comunidad en general. Señalaron que el respaldo público al tratamiento de la Ley Octorina puede influir en la agenda institucional y ayudar a que el Senado mantenga el tema entre sus prioridades. Según lo expresado en las crónicas legislativas, las mujeres wichí recalcaron que su presencia en la Legislatura busca justamente visibilizar esta problemática y acompañar las instancias formales del debate.
Además, destacaron que el proyecto toma como referencia situaciones denunciadas en varias localidades del norte salteño. Aunque cada comunidad tiene realidades propias, las voceras marcaron puntos en común respecto de la dificultad para acceder a la justicia, la falta de datos oficiales y la escasa contención para las víctimas. Estos elementos, remarcaron, son los que la Ley Octorina intenta abordar mediante un marco normativo específico y políticas articuladas.
Qué establece la Ley Octorina y por qué vuelve al Senado
Según la información oficial del Senado salteño, el proyecto de Ley Octorina define un esquema de acciones estatales orientadas a la prevención, sensibilización y capacitación en materia de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. La iniciativa también prevé la elaboración de estadísticas y la mejora del acceso a la justicia para víctimas indígenas, con el objetivo de contar con datos concretos y herramientas de intervención más efectivas.
Los documentos legislativos señalan que la norma apunta a crear un dispositivo institucional específico para atender estas agresiones, que suelen ocurrir en contextos de especial vulnerabilidad. De este modo, se busca que la respuesta no quede limitada a casos aislados, sino que se estructure como una política sostenida en el tiempo. El enfoque está puesto en la articulación entre distintas áreas estatales para abordar la problemática desde la prevención hasta el acompañamiento judicial.
El proyecto lleva el nombre de Octorina Zamora, referente wichí fallecida en 2022. En el debate parlamentario se recordó que Zamora fue una figura clave en la denuncia pública de la violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas y en la exposición del silencio institucional frente a estos hechos. La denominación de la ley se plantea como un reconocimiento simbólico a su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
En cuanto al recorrido legislativo, el senador Walter Cruz figura como autor de la propuesta, que logró media sanción en la Cámara alta en 2025. Luego, el expediente fue remitido a la Cámara de Diputados, donde recibió aprobación en 2026, pero con modificaciones de forma. Esos cambios obligaron a enviar nuevamente la Ley Octorina al Senado, que ahora debe decidir si acepta el texto ajustado y completa la sanción definitiva del proyecto.
Implementación y desafíos tras la eventual sanción de la ley
Durante las intervenciones en la Legislatura, las referentes indígenas subrayaron que la votación del Senado será solo uno de los pasos. De acuerdo con las crónicas difundidas, explicaron que la verdadera eficacia de la Ley Octorina dependerá de su reglamentación y puesta en marcha, así como de la definición de políticas públicas concretas que traduzcan la norma en acciones en el territorio. En este sentido, remarcaron que será necesario contar con programas claros y recursos para que las medidas previstas lleguen a las comunidades.
Los informes legislativos indican que, en el diálogo con el senador Cruz, las mujeres wichí hicieron hincapié en el seguimiento posterior a la sanción. Señalaron que el desafío no termina con la aprobación del Senado, sino que continúa con la implementación real de las acciones de prevención, capacitación y acceso a la justicia previstas en el articulado del proyecto.
Fuente:Que Pasa Salta
