El Senado nacional tiene previsto reunirse hoy desde las 11 para encarar, en una sola sesión, el tratamiento de la reforma laboral y del nuevo régimen de penal juvenil. El oficialismo buscará que ambas iniciativas reciban la aprobación definitiva de la Cámara alta en el tramo final del período de sesiones extraordinarias, antes del mensaje que el presidente Javier Milei dará el domingo ante la Asamblea Legislativa. El debate arrancará con la reforma laboral y luego continuará con el proyecto de régimen penal juvenil, tal como fue fijado en el cronograma de labor parlamentaria.
De acuerdo con lo que se anticipó, la sesión del Senado fue convocada específicamente para votar las versiones que llegaron desde Diputados, tanto en el caso de la reforma laboral como en el de la ley penal juvenil. La estrategia del oficialismo apunta a cerrar hoy el circuito legislativo de los dos temas, que forman parte de su agenda prioritaria. En este contexto, la atención política y sindical se concentra en el alcance de los cambios en materia laboral y en la decisión de bajar la edad de imputabilidad en el sistema penal para menores.
El proyecto de régimen penal juvenil llega al recinto con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo aprobó el jueves pasado. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija un esquema de sanciones graduado, que va desde medidas breves hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos considerados graves. El oficialismo defiende la propuesta como una actualización del marco vigente, mientras que distintos sectores siguen de cerca cómo se implementarán las nuevas reglas en cada provincia.
Claves del nuevo régimen penal juvenil y cambios en la imputabilidad
Según el texto que discutirá hoy el Senado, el esquema especial de minoridad incorpora un abanico de sanciones alternativas a la privación de la libertad. El proyecto establece que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos y prevé dispositivos complementarios destinados a favorecer procesos de resocialización. La idea es que el encierro sea el último recurso y que se refuercen otras herramientas judiciales y comunitarias.
El articulado también marca diferencias según la gravedad de los delitos. Para aquellos casos en los que la escala penal no supere los 3 años, el proyecto indica que no habrá penas de prisión. Es decir, se recurrirá a medidas no privativas de la libertad. Para conductas con penas previstas de entre 3 y 10 años, siempre que no hayan provocado la muerte ni lesiones graves, el texto ordena priorizar sanciones de tipo social y educativo por encima del encarcelamiento. De esta manera, se busca reservar las penas más severas para hechos de mayor impacto.
En los delitos considerados graves, el régimen penal juvenil prevé penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión. Esa franja incluye los casos más complejos, donde el sistema judicial podrá disponer de períodos extensos de detención dentro de las condiciones específicas fijadas para menores. El debate en el Senado se centrará, entre otros puntos, en la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad a 14 años y en la capacidad de las distintas jurisdicciones para aplicar los nuevos dispositivos especializados.
Impacto en despidos, vacaciones y servicios esenciales
En paralelo, la Cámara alta tratará la reforma laboral que ya cuenta con media sanción de Diputados y que el oficialismo presenta como un cambio de peso en las relaciones de trabajo. La propuesta introduce modificaciones en el régimen de despidos, en el esquema de vacaciones, en la negociación colectiva y en el derecho de huelga en servicios esenciales. Estos puntos son seguidos con atención por sindicatos, cámaras empresarias y gobiernos provinciales, por sus eventuales efectos en la actividad económica y en el empleo formal.
El Senado fue citado para votar la versión que dejó Diputados, donde se introdujo un único cambio respecto del borrador original: se eliminó el artículo 44. Ese punto había generado críticas porque implicaba una reducción del salario durante las licencias por enfermedades o accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral. Con la supresión de ese artículo, el oficialismo busca despejar uno de los focos de conflicto que se había abierto durante el primer debate legislativo.
El tratamiento veloz de la reforma laboral motivó cuestionamientos de sectores opositores. Entre la aprobación en Diputados, conseguida el viernes pasado, y la firma del dictamen en el Senado, que se concretó ese mismo día al mediodía, el proyecto atravesó un recorrido que fue descripto por adversarios parlamentarios como un trámite “exprés”. Esas críticas quedaron plasmadas en la discusión de comisión y volverán a aparecer durante la sesión de hoy, aunque el oficialismo confía en sostener el respaldo necesario para avanzar con la votación.
Apoyos políticos y rol de los gobernadores en la sesión del Senado
La Libertad Avanza llega a esta instancia legislativa después de haber obtenido, en la jornada anterior, la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y de la reforma de la ley de Glaciares. Además, el oficialismo ya cuenta con las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal sancionadas desde diciembre, lo que le permitió ordenar parte de su agenda económica. En ese marco, la definición de la reforma laboral y del régimen penal juvenil es vista como otro paso relevante dentro del paquete de cambios impulsados en el Congreso.
Para la sesión de hoy, el Gobierno nacional vuelve a basarse en el acompañamiento de mandatarios provinciales. Según se informó, mantiene asegurado el apoyo de los gobernadores de Chubut, Mendoza, Corrientes, San Juan, Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta, del mismo modo que ocurrió cuando la reforma laboral obtuvo inicialmente media sanción el 11 de febrero. Con ese cuadro de respaldos, la Cámara alta se prepara para abrir el debate desde las 11 y avanzar con la definición de la reforma laboral y del régimen penal juvenil en una misma jornada de trabajo.
