El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 en contra y 1 abstención, y el proyecto quedó listo para pasar a la Cámara de Diputados cuando arranquen las sesiones ordinarias. La discusión sobre la nueva reforma se centró en cómo regular las zonas periglaciares, qué actividades podrán habilitarse cerca de los glaciares y hasta dónde llega la protección de los recursos hídricos, en un clima de fuerte tensión política dentro y fuera del Congreso.
La votación de la reforma se dio en una sesión seguida de cerca desde los palcos por parte de la cúpula del Gobierno nacional, que celebró el resultado cuando se confirmó la media sanción. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas cuestionaron el cambio en la ley de Glaciares y se registraron incidentes en las inmediaciones del Palacio legislativo, con detenidos y denuncias por represión.
El proyecto que modifica la norma 26.639, sancionada en 2010, plantea una nueva forma de clasificar los ambientes periglaciares para permitir inversiones mineras e hidrocarburíferas en áreas que no sean consideradas reservas estratégicas de agua. La iniciativa mantiene la prohibición de actividades sobre los glaciares, pero abre la puerta a emprendimientos productivos en sectores periglaciares que no tengan una función hídrica comprobada.
Media sanción para la reforma y rol de la cúpula oficialista
La sesión de la Cámara alta cerró con la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares por mayoría simple, luego de varias horas de exposición de senadores del oficialismo y de la oposición. El conteo final dejó 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, con un escenario muy dividido entre los bloques.
Desde una de las galerías del recinto siguieron el debate la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Los funcionarios aplaudieron cuando se anunció el resultado, en línea con el respaldo que el Ejecutivo había dado a la reforma.
Según se remarcó en la discusión parlamentaria, el proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo como parte de un compromiso político con gobernadores de provincias cordilleranas, interesadas en un esquema más flexible que la ley de Glaciares vigente para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos. La media sanción en el Senado es el primer paso formal para avanzar en esa dirección, aunque todavía falta el tratamiento en Diputados.
De acuerdo con el texto que aprobó la Cámara alta, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo coordinar con los organismos técnicos la ejecución de lo previsto en la nueva ley de Glaciares en caso de que finalmente se convierta en norma.
Incidentes frente al Congreso y críticas de ambientalistas
Horas antes de que comenzara la sesión en el recinto, la discusión por la reforma de la ley de Glaciares ya se sentía en la calle. En las inmediaciones del Congreso, un grupo de activistas de Greenpeace saltó las rejas del Palacio legislativo con la intención de interrumpir el desarrollo de la jornada, lo que terminó en un operativo de seguridad y la detención de una docena de manifestantes.
En ese contexto, se denunció que un camarógrafo del canal A24 fue reprimido por fuerzas de seguridad mientras filmaba el momento en que se utilizaba gas pimienta para dispersar a los presentes. Las escenas quedaron registradas y se sumaron al clima de tensión que acompañó toda la discusión sobre la reforma de la ley de Glaciares, donde organizaciones ambientalistas advirtieron sobre un posible retroceso en materia de protección del agua y de las zonas de alta montaña.
Mientras en la calle se escuchaban consignas en defensa de los glaciares y contra la modificación de la ley, en el interior del recinto la mayor parte del debate giró en torno a si la reforma implicaba o no un debilitamiento de las garantías ambientales. Senadores de distintos bloques opositores hicieron hincapié en estos puntos, mientras que el oficialismo insistió en que el texto mantiene la preservación de los glaciares y apunta a dar mayor claridad jurídica.
El contraste entre el clima de protesta en el exterior y la discusión técnica en el Senado dejó en evidencia que la reforma de la ley de Glaciares se convirtió en un tema sensible, atravesado por la tensión entre desarrollo productivo, minería y resguardo de los recursos hídricos de las provincias cordilleranas.
Qué cambia la reforma en la protección de zonas periglaciares
El corazón del proyecto aprobado apunta a modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El cambio central de la reforma de la ley de Glaciares es la redefinición del alcance de las áreas protegidas, en especial en lo que se refiere a las llamadas “formas periglaciares”.
La iniciativa propone distinguir entre formaciones periglaciares que funcionan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen ese rol. Solo las primeras quedarían bajo prohibición estricta para actividades extractivas e industriales. El resto de las zonas periglaciares podría ser considerado para proyectos productivos, luego de evaluaciones técnicas.
La norma vigente, sancionada en 2010, protege tanto a los glaciares visibles como a ambientes periglaciares compuestos por suelos congelados de agua dulce, rocas y sedimentos, considerados como reservorios de agua que intervienen en el equilibrio hídrico y geomorfológico. La reforma de la ley de Glaciares busca acotar ese paraguas de protección, acentuando la clasificación según la función hídrica concreta de cada área.
En ese marco, el proyecto mantiene la prohibición de toda actividad económica sobre los glaciares, sin excepciones, pero habilita una “ventana” para evaluar la instalación de emprendimientos en sectores periglaciares que no sean catalogados como reservas estratégicas de agua. Esos casos deberán pasar por una evaluación técnica que determine si se autorizan o no, bajo los parámetros que se fijen en la reglamentación.
Inventario Nacional de Glaciares y actividades permitidas y prohibidas
Un punto clave de la reforma es la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que quedará bajo responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. La función de este registro será identificar, en todo el país, cada glaciar y cada formación periglaciar, clasificándolos según su importancia para los recursos hídricos.
A partir de ese inventario, se determinará cuáles áreas serán consideradas “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, y por lo tanto quedarán intangibles para la explotación económica. El resto de las zonas, que no integren esa categoría, podrá ser evaluado para posibles proyectos mineros, hidrocarburíferos u otras actividades productivas, siempre bajo las restricciones ambientales vigentes.
Entre las actividades que seguirán totalmente vedadas cuando se trate de glaciares o de ambientes periglaciares con función hídrica estratégica, la ley incluye la liberación de sustancias contaminantes o residuos, la construcción de obras de infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y distintas formas de actividad industrial. Esas prohibiciones se mantienen sin cambios, tanto en la norma original como en la reforma.
En cambio, continuarán habilitadas las investigaciones científicas, las operaciones de rescate y emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada, siempre que se adecuen a las condiciones de preservación que fija la ley de Glaciares y las regulaciones específicas que dicten las autoridades competentes.
Cruce político por la reforma de la ley de Glaciares
Durante el debate se expusieron posiciones bien marcadas. Desde La Libertad Avanza, Agustín Coto defendió el proyecto al señalar que la reforma de la ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa” y afirmó que “se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar”. Según su planteo, el Senado estaba resolviendo un asunto que había sido planteado en otras oportunidades por distintos espacios políticos.
En la vereda opuesta, el justicialista Daniel Pablo Bensusán planteó que “esto no es una mera norma técnica” y reclamó “discutir de cara a la gente”. Advirtió que “estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua”, marcando su rechazo a la orientación de la reforma.
El chubutense Carlos Linares, también del Justicialismo, afirmó que “sin consenso social no se puede cambiar una ley” y sostuvo que “la minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino”. Planteó además que es necesario que los gobiernos provinciales exijan más a las empresas, porque cuando las explotaciones terminan “estos pueblos quedan abandonados”.
Desde San Juan, el libertario Bruno Olivera respaldó el proyecto y aseguró que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”. Afirmó que “esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias”, resaltando la intención de combinar resguardo de recursos y actividad productiva.
En sentido contrario, Alicia Kirchner consideró que “con este proyecto hay retroceso institucional” y remarcó que “el agua es un recurso estratégico”. Señaló que, a su entender, “si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica”.
El rionegrino Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al afirmar que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos” y sostuvo que “el agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario”.
Desde el mismo distrito, Martín Soria, del bloque Justicialista, cuestionó que “este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales” sino “una reforma ideológica, totalmente servil”. Recordó que la propuesta ya había aparecido en la Ley Bases y en el debate del Pacto de Mayo con algunos gobernadores, y sostuvo que detrás de la reforma “hay desesperación”.
La también rionegrina Ana Marks vinculó la reforma con beneficios para determinados sectores económicos al señalar que “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”. Desde la UCR, Maximiliano Abad reconoció que existe una “tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico”, pero señaló que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto en contra.
Uno de los discursos más extensos fue el de Luis Juez, de La Libertad Avanza, que repasó su cambio de postura respecto de 2010. Aclaró que no se considera “un falso, un cínico ni un hipócrita” y sostuvo que “esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron”. Argumentó que ahora apoya la reforma porque, a su criterio, “le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales”, y recordó que la ley original se aprobó con 35 votos a favor y 33 en contra.
Al comparar aquella votación con la actual, Juez apuntó contra sectores del peronismo al señalar que muchos de sus senadores “votaron decididamente en contra” en 2010 y ahora se muestran como férreos defensores de los glaciares y del ambiente periglaciar, lo que describió como un “campeonato de hipocresía y de cinismo”.
