El nuevo proyecto de ley de Salud Mental reavivó en Salta una fuerte discusión sobre cómo tratar a los adictos, en especial en situaciones extremas como el consumo de gases en el cementerio, y hasta dónde puede avanzar la internación sin consentimiento. La iniciativa, presentada en estos días, plantea la posibilidad de derivar a una persona con dependencia severa a un centro de salud aun cuando se niegue, siempre que se cumplan requisitos específicos y controles médicos. El eje del debate pasa por el equilibrio entre el derecho individual y la capacidad de las familias para intervenir cuando sienten que la vida de su ser querido corre peligro.
Según especialistas que siguen de cerca el tema, el proyecto volvió a poner sobre la mesa la situación de los hogares que conviven con consumos problemáticos desde hace años y que, pese a haber probado tratamientos y acompañamientos diversos, llegan a un punto de saturación. En muchos de estos casos, los allegados señalan que la normativa vigente les deja muy poco margen de acción frente a episodios de alto riesgo.
En ese marco, el licenciado Nicolás Rallé analizó públicamente el texto de la ley y advirtió que, cuando la adicción se encuentra avanzada, la capacidad de elegir queda prácticamente capturada por la sustancia. “Esa persona tiene muy dificultosa la posibilidad de elegir algo que no sea la sustancia”, remarcó, al describir cómo el consumo va desplazando cualquier otra opción posible en la vida cotidiana.
Familias frente a adictos en crisis y límites para intervenir
Para Rallé, uno de los puntos centrales del debate es lo que ocurre puertas adentro de las casas, donde los familiares ven a los adictos deteriorarse y chocar con trabas legales para actuar. De acuerdo con lo que señalan distintos profesionales, muchos padres, madres y parejas llegan a las consultas después de años de intentar diálogos, cambios de rutina, tratamientos ambulatorios y hasta internaciones voluntarias, sin lograr sostener mejoras en el tiempo.
En este recorrido, las familias comentan que se encuentran con un entramado de normas y procedimientos que les exige el consentimiento del propio paciente aun en contextos críticos, lo que termina siendo casi imposible cuando la persona niega el problema o rechaza cualquier ayuda. En esos escenarios, sostienen que el miedo a un desenlace trágico convive con la sensación de tener las manos atadas.
El licenciado explicó que este bloqueo no solo responde a cuestiones legales, sino también a la forma en que la adicción altera la percepción del entorno. A su criterio, el proyecto de Salud Mental intenta, precisamente, abrir una ventana para que los equipos médicos puedan evaluar internaciones sin consentimiento cuando se verifique riesgo grave para la integridad del paciente o de terceros, contemplando además el desgaste emocional y económico de quienes acompañan el proceso.
En relación con la etimología de la palabra “adicto”, Rallé recordó que su origen latino, addictus, alude a una persona sometida, casi “esclava por deuda”. Con esa imagen, planteó que resulta complejo exigir una decisión totalmente libre y racional cuando el propio trastorno funciona como una forma de sometimiento interno, que condiciona cualquier respuesta al entorno.
Gases, cementerio y consumos extremos en cuadros avanzados
Otro aspecto que encendió alarmas fue la descripción de algunos comportamientos extremos vinculados a consumos problemáticos. Rallé relató que, en casos muy avanzados, se observan prácticas que se alejan por completo de la vida habitual, donde los adictos llegan incluso a buscar gases en el cementerio para inhalarlos. Según detalló, se trata de episodios que aparecen cuando el deterioro ya es profundo y la persona perdió casi todos los límites de autocuidado.
“Hay casos muy graves, donde el consumo lleva a conductas totalmente fuera de lo común”, sostuvo el especialista, al referirse a situaciones donde el deseo de seguir consumiendo se vuelve el único motor. En ese contexto mencionó, a modo de ejemplo, que “hay adictos que van al cementerio a inhalar los gases de los muertos, hacen huecos en los cajones de los muertos, meten la pipa y aspiran”, una imagen que muestra hasta qué punto puede llegar la búsqueda desesperada de sustancias.
De acuerdo con lo que explicó, estos comportamientos dan cuenta no solo del daño físico y mental, sino también de una alteración profunda en la lectura de la realidad. La persona, apuntó, ya no percibe de forma adecuada el riesgo ni el impacto que sus actos generan en sí misma y en quienes la rodean, lo que complica cualquier intento de acuerdo voluntario para iniciar un tratamiento.
Distorsión de la realidad y alcance del proyecto de salud mental
Al profundizar en el aspecto clínico, Rallé habló de una “nubosidad” en el juicio que provoca que la realidad subjetiva del paciente se despegue por completo de la realidad objetiva. Esta distorsión hace que muchos adictos nieguen el problema incluso frente a episodios graves, y que no registren el daño físico, emocional y social que el consumo viene generando desde hace tiempo.
En ese sentido, el profesional señaló que el proyecto de ley busca contemplar en simultáneo la situación de la persona en tratamiento y la del entorno cercano, ya que las familias suelen quedarse sin herramientas para ofrecer contención cuando los consumos se agravan. “El proyecto busca no solo ayudar a la persona, sino también a la familia, que muchas veces se queda sin herramientas para brindar contención”, resumió.
Por ahora, la propuesta de reforma de Salud Mental sigue generando posiciones encontradas entre quienes respaldan la internación sin consentimiento en casos críticos y quienes advierten sobre posibles vulneraciones de derechos. El debate se mantiene abierto, centrado en la tensión entre la autonomía de las personas con adicciones y el margen de intervención que se reconoce a la familia y al entorno cuando se verifican situaciones de alta gravedad.
