Proyecto aprobado: Salta aplicará multas y hasta 30 días de arresto a padres de hijos que cometan bullying

La reforma del Código Contravencional apunta a que los padres se involucren cuando la justicia intervenga por bullying en las escuelas salteñas.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó el 9 de abril de 2026 un proyecto que modifica el Código Contravencional para que los padres o tutores de alumnos involucrados en bullying respondan ante la justicia. La iniciativa fija multas y, como última instancia, hasta 30 días de arresto para los adultos que se nieguen a colaborar en la resolución de estos conflictos dentro de las escuelas de la provincia. El objetivo central del proyecto es reforzar el compromiso familiar frente al acoso escolar y evitar que las denuncias queden sin seguimiento.

La reforma fue tratada en la sesión de Diputados luego de un debate donde se cruzaron miradas de distintos bloques, pero con coincidencia en la necesidad de actualizar las normas frente a la violencia en entornos educativos. El texto, que ya venía con recorrido previo en el Senado, quedó ahora a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para que las nuevas reglas empiecen a aplicarse en toda la provincia.

El cambio normativo se enfoca en la conducta de los adultos responsables cuando hay denuncias formales por hostigamiento entre estudiantes. Ya no bastará con que la escuela notifique: de aquí en adelante los padres tendrán que presentarse ante la justicia contravencional y cumplir las medidas que se dispongan, bajo apercibimiento de sanciones.

Proyecto cambia el Código Contravencional y apunta directo a los padres

La reforma del Código Contravencional, que incorpora el concepto de acoso escolar y bullying de manera más explícita, establece que los padres y tutores deberán responder ante el juez cuando exista una denuncia formal por este tipo de situaciones en el ámbito educativo. Es decir, ya no se trata solo de un asunto interno de la escuela, sino que pasa a tener consecuencias en el plano contravencional.

Según el texto aprobado, una vez que se registre una denuncia o una notificación formal por bullying, los adultos a cargo del menor deberán concurrir ante el juez competente. En esa instancia, la autoridad judicial podrá ordenar distintas medidas: desde el pago de multas económicas hasta la realización de trabajos comunitarios o la asistencia obligatoria a tratamientos psicológicos, tanto para el menor como para los responsables.

El proyecto especifica que las multas y otras sanciones se aplicarán en función del grado de colaboración o resistencia de los padres al proceso de abordaje del conflicto. De esta manera, se busca que la familia se convierta en un actor activo dentro de las estrategias de prevención y contención, y no quede al margen de lo que ocurre dentro del establecimiento educativo.

Además, la modificación prevé que el arresto de hasta 30 días quede reservado como recurso extremo. Solo se contemplará en los casos en que, pese a las notificaciones y medidas ordenadas, el adulto se niegue abiertamente a acompañar el proceso o incumpla reiteradamente las disposiciones judiciales. Aun así, la posibilidad de dejar sin efecto esa detención está prevista si el responsable muestra luego voluntad de acatar las órdenes del juez.

Diputados remarcan que el bullying obliga a una mayor intervención de las familias

En el recinto, la diputada Socorro Villamayor fue una de las voces encargadas de explicar el alcance del proyecto sobre padres y bullying. La legisladora aclaró que el propósito de la reforma no es mandar de entrada a la cárcel a los adultos, sino establecer herramientas para que asuman un rol más firme cuando se detectan episodios de acoso escolar.

De acuerdo con lo que reprodujo el portal de El Tribuno, Villamayor planteó que el arresto solo se considerará en el caso de tutores que se desentiendan por completo del proceso, aun después de haber sido notificados por la escuela y por la justicia. A su entender, la clave está en garantizar que las sanciones funcionen como un empujón para que las familias participen en las instancias de mediación, tratamiento o acompañamiento que se definan.

Durante la discusión, se insistió en que muchas situaciones de violencia entre estudiantes tienden a repetirse cuando no hay intervención adulta sostenida. Por eso, uno de los ejes del proyecto es que, frente a una comunicación formal de la institución educativa sobre conductas de bullying, los responsables legales no puedan permanecer indiferentes ni ignorar su obligación de actuar para impedir la reiteración de esos hechos.

Los legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que la violencia en escuelas de Salta y del resto del país viene en aumento, con episodios que en algunos casos generaron fuerte preocupación social. En ese contexto, consideraron necesario reforzar la responsabilidad de las familias y ajustar el marco legal para contar con respuestas más contundentes ante cada denuncia.

Origen del proyecto y recorrido legislativo

El texto que se trató en la Cámara de Diputados nació como proyecto en el Senado provincial, de la mano de la senadora Bettina Navarro. La propuesta inicial fue luego modificada en comisiones y durante el intercambio entre distintos bloques, con incorporaciones y ajustes antes de llegar a la votación definitiva.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto fue girado al Poder Ejecutivo provincial, que ahora tiene a su cargo la promulgación para que la reforma del Código Contravencional entre en vigencia. Hasta entonces, el cambio normativo no se aplicará en los juzgados, pero el debate ya quedó instalado en el ámbito educativo y en las familias, a partir de las nuevas obligaciones que se proyectan para los padres y tutores en casos de bullying escolar.

Casos graves en otras provincias impulsan el debate sobre bullying

En la sesión en la que se discutió el proyecto, varios diputados trajeron a colación hechos recientes ocurridos en otras provincias que expusieron la gravedad que puede alcanzar la violencia escolar cuando no se la aborda a tiempo. Uno de los casos más mencionados fue el tiroteo ocurrido en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años llevó un arma de fuego a la escuela y disparó contra sus compañeros.

En ese episodio, uno de los balazos impactó en Ian Cabrera, de 13 años, quien murió como consecuencia de la agresión. De acuerdo con lo difundido por medios nacionales, entre ellos Infobae, la investigación en Santa Fe incluyó el análisis del entorno familiar del joven tirador y de su relación con los demás alumnos, ante versiones que señalaban que habría sido víctima de bullying sostenido.

Como parte de la causa, se incorporó un video grabado en la red social X donde se ve al adolescente mostrando su rostro mientras otro estudiante le patea la silla. Esa imagen fue citada en el debate en Salta como ejemplo de cómo el hostigamiento reiterado puede escalar hacia situaciones extremas si no se toman medidas preventivas y de contención a tiempo.

Los informes vinculados a la causa de Santa Fe describieron, además, un contexto familiar complejo, con conflictos internos, ausencia del padre del hogar y referencias a un posible consumo problemático por parte de ese adulto. También se consignó que la madre atravesaba una licencia psiquiátrica, mientras que la hermana mayor cursaba estudios universitarios, lo que llevó a los investigadores a poner el foco en la dinámica doméstica del joven.

Testimonios recogidos por las autoridades santafesinas señalaron que el chico era percibido por varios vecinos como “tranquilo” y “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 declaró que, una semana antes del tiroteo, el adolescente habría dicho que los iba a “matar a todos”. Esa información fue mencionada en la Legislatura salteña como parte del contexto que llevó a pedir normas más firmes sobre bullying y responsabilidad adulta.

En paralelo, y tomando nota de estos antecedentes, distintas bancas de la Cámara de Diputados de Salta destacaron la importancia de que las herramientas contravencionales no se agoten en la sanción económica o el arresto, sino que vayan acompañadas de intervenciones sobre los entornos familiares, con dispositivos que permitan trabajar las situaciones de acoso y violencia entre estudiantes desde una mirada integral.

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