El debate en el Congreso por posibles modificaciones a la Ley de Glaciares tuvo una fuerte participación del gobierno de Salta, que envió a dos representantes técnicos para exponer la postura provincial. Durante la presentación, defendieron que sean las provincias las que definan el uso de sus recursos naturales, en especial en lo relacionado con la actividad minera. La intervención se centró en la discusión sobre quién debe tener la última palabra a la hora de autorizar proyectos en áreas sensibles y bajo qué límites ambientales.
La exposición se dio en el marco de la discusión parlamentaria que analiza cambios a la norma vigente, que fija resguardos ambientales sobre glaciares y zonas periglaciares en todo el país. Desde la representación salteña se planteó que la regulación actual puede afectar el desarrollo de proyectos mineros ya en marcha y otros que están en carpeta. La presencia de los funcionarios técnicos buscó dejar sentada la posición institucional de la provincia ante los legisladores nacionales.
Según se explicó en la reunión, el planteo salteño apunta a que cualquier actualización de la Ley tenga en cuenta la realidad productiva de los distritos mineros. En ese esquema, se insistió en que cada jurisdicción conoce mejor su territorio y las actividades que allí se desarrollan, por lo que debería tener un rol decisivo al evaluar emprendimientos en zonas protegidas.
El gobierno de Salta pidió más autonomía frente a la Ley de Glaciares
En la presentación ante el Congreso, el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, y el especialista ambiental Sebastián Varela fueron los encargados de explicar la mirada oficial. Ambos remarcaron que, desde el gobierno de Salta, la decisión sobre los recursos naturales debe quedar en manos de la provincia y no del Gobierno nacional. Este criterio se extendió tanto a las áreas productivas tradicionales como a las catalogadas como sensibles.
Los expositores señalaron que, según la posición provincial, los habitantes de Salta son quienes mejor conocen las características del territorio y sus necesidades. Bajo ese argumento, defendieron que la provincia tenga capacidad de definir el uso de sus recursos, incluso cuando se trata de proyectos vinculados a la minería en zonas con protección ambiental. También plantearon que la discusión legislativa debería contemplar esa mirada local.
De acuerdo con lo expresado por Carrizo y Varela, la pretensión de mayor margen de decisión no excluye a ninguna categoría de proyectos. Por el contrario, indicaron que el reclamo alcanza especialmente a actividades mineras en regiones donde rige la Ley de Glaciares, que establece limitaciones para resguardar el ambiente y las fuentes de agua. La postura presentada apuntó a compatibilizar esas restricciones con la continuidad de la actividad económica.
En su intervención, los representantes salteños explicaron que la controversia actual no se limita a lo técnico, sino que también involucra la discusión sobre competencias entre Nación y provincias. En esa línea, sostuvieron que cualquier modificación normativa debería respetar el dominio provincial sobre los recursos naturales consagrado en la legislación vigente.
Minería, litio y el rol de Salta en el mapa productivo nacional
Otro eje central de la exposición estuvo puesto en la situación de la minería en la provincia. Los funcionarios describieron un escenario con varios proyectos mineros en operación y numerosos emprendimientos en distintas etapas de desarrollo, que fueron presentados como elementos clave para la economía salteña. Según lo expuesto, esa estructura productiva respalda el pedido de contar con reglas más flexibles.
Ante los legisladores, Carrizo y Varela detallaron que Salta viene impulsando inversiones de gran escala en el sector minero, con especial énfasis en el litio. Este mineral fue mencionado como un insumo estratégico a nivel mundial, lo que, de acuerdo con la exposición, coloca a la provincia en una posición relevante dentro del mapa productivo nacional. En ese contexto, la Ley de Glaciares fue señalada como un factor que podría limitar futuros proyectos.
Los representantes técnicos remarcaron que la actividad minera ya funciona como uno de los motores de la economía local y que la continuidad de las inversiones depende del marco regulatorio. Por ese motivo, plantearon que la normativa ambiental debe resguardar los recursos de agua y hielo, pero sin bloquear, según su mirada, la posibilidad de avanzar con nuevos emprendimientos productivos. El planteo se centró en encontrar un punto de equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico.
Discusión en el Congreso por competencias y límites ambientales
Durante la reunión en el Congreso, el intercambio entre legisladores y técnicos incluyó análisis específicos sobre zonas de glaciares y áreas periglaciares, además de aspectos ligados al acceso al agua. El debate se concentró en determinar si la decision final sobre la mineria en estas zonas sensibles debe quedar en manos de la Nacion o de las provincias. Los presentes revisaron diferentes interpretaciones sobre los alcances de la Ley de Glaciares vigente.
En ese marco, también se discutió qué tipo de restricciones deberían fijarse para evitar daños sobre recursos considerados estratégicos, como el agua y los ecosistemas de alta montaña. La audiencia concluyó con la exposición completa de la postura del gobierno de Salta y de otras jurisdicciones interesadas en la actividad minera, que quedaron incorporadas al expediente de la discusión parlamentaria.
