El gobernador Gustavo Sáenz oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos de control en Salta. La medida alcanza a su gabinete y a toda la estructura estatal, con posibles sanciones previstas en la Constitución Provincial para quienes no se sometan a los controles.
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que fija la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos de la provincia de Salta, incluidos integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y entes de control. El anuncio fue comunicado como parte de un esquema más estricto de requerimientos para quienes ocupan cargos en el Estado. Según se informó, la norma contempla consecuencias legales para quienes se nieguen a cumplir con la disposición o no se sometan a los estudios.
De acuerdo con lo detallado por Saenz, el DNU ya está vigente y forma parte de un paquete de decisiones orientadas a marcar límites claros en el desempeño de la función pública. La indicación es que el control alcance tanto a altos cargos políticos como a otras responsabilidades de jerarquía dentro de los organismos oficiales.
En su mensaje, el mandatario remarcó que la regla no se reduce a su gabinete, sino que involucra al resto de las autoridades provinciales. La decisión, explicó, está pensada para que el criterio de control sea el mismo en toda la administración y en cada uno de los poderes del Estado.
Alcance del decreto y quiénes deberán cumplir con los exámenes toxicológicos
Al presentar la medida, Sáenz precisó que el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia define la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de todos los poderes y organismos de control. De esta manera, quedan comprendidos ministerios, legisladores, magistrados judiciales y autoridades de entes fiscalizadores.
El gobernador puntualizó que la disposición llega también a funcionarios de organismos descentralizados y de control, lo que amplía el universo de personas alcanzadas. La intención es que ningún sector de la estructura estatal quede exceptuado del requisito.
Según la explicación oficial, la obligatoriedad de estos estudios se vincula con la responsabilidad que implica tomar decisiones y administrar recursos públicos. La norma busca que los controles se apliquen de manera homogénea y que las exigencias sean las mismas para todos los niveles de conducción.
Además, se indicó que el DNU fija un marco jurídico específico para ordenar cómo se implementarán los análisis toxicológicos, siempre en línea con la legislación provincial vigente. El detalle operativo sobre la modalidad de los estudios y la periodicidad quedará en manos de las áreas competentes del Estado provincial.
Fundamentos de Sáenz y consecuencias para quienes no cumplan
Al justificar el decreto, Sáenz sostuvo que la función pública demanda condiciones claras de idoneidad y conducta. En ese marco, afirmó que “la función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”. El mensaje estuvo dirigido a todos los funcionarios que integran la estructura provincial.
El mandatario señaló que la exigencia de exámenes toxicológicos se suma a otros mecanismos de control ya existentes sobre quienes ocupan cargos públicos. A su entender, los nuevos requisitos se vinculan con la necesidad de reforzar la confianza de la sociedad en las instituciones.
En su comunicación, Sáenz advirtió que la negativa a someterse a los exámenes establecidos por el decreto no será un tema meramente administrativo, sino que tendrá efectos concretos sobre la situación de cada funcionario. Indicó que, ante el incumplimiento, se aplicarán las consecuencias que prevé la Constitución Provincial y la normativa vigente, entre las que mencionó la posibilidad de remoción del cargo.
Objetivo oficial del control y referencia a la gestión pública
Al exponer los motivos de la decisión, el gobernador explicó que el esquema de exámenes toxicológicos busca consolidar un estándar de actuación para quienes representan al Estado. En ese sentido, afirmó que “esta decisión apunta a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”.
La medida fue presentada como parte de un paquete de exigencias que apuntan a ordenar la conducta de los responsables de áreas clave del Estado provincial. Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno dejó formalizado el marco legal para avanzar con la implementación de los controles toxicológicos obligatorios para la totalidad de los funcionarios alcanzados por la nueva disposición.
