Tres policías condenados recibieron penas de un año de prisión condicional por exigir pagos a conductores durante un supuesto control sobre la ruta provincial 5, cerca del Parque Nacional El Rey. En el procedimiento se encontró más de un millón de pesos oculto en un neumático dentro del patrullero y entre las pertenencias de los acusados.
La resolución fue dictada el 29 de septiembre de 2026 por el juez Sebastián Guzmán, quien homologó un juicio abreviado y aceptó la confesión de Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro. Los tres fueron condenados como coautores de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública.
La investigación comenzó por denuncias de transportistas
El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, llevó adelante la investigación a partir de presentaciones de conductores que circulaban por la zona. De acuerdo con la pesquisa, los efectivos pedían dinero para no revisar la mercadería trasladada ni disponer su secuestro.
Las denuncias indicaban que tres personas uniformadas montaban un aparente operativo vial y cobraban lo que fue descripto como “peajes” ilegales. El 19 de agosto, transportistas alertaron sobre esa maniobra en el kilómetro 60 de la ruta provincial 5, dentro de la jurisdicción de Las Lajitas.
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El dinero fue hallado durante el control en la ruta provincial 5
Otro grupo policial llegó al sitio señalado y encontró a Cabrera, Lucena y Sosa Navarro mientras realizaban el control. Según consta en la causa, contaban con uniformes, armas reglamentarias, credenciales, chalecos y conos de señalización que daban apariencia formal al procedimiento.
Durante la requisa al móvil y a los acusados, se halló una bolsa con más de un millón de pesos escondida dentro de una cubierta en desuso ubicada en el patrullero. También secuestraron teléfonos celulares, armas, chalecos y conos utilizados en los controles investigados.
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Además de la pena condicional, el juez ordenó un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Durante ese período, los condenados no podrán cometer nuevos delitos, acercarse a testigos o informantes ni ejercer actos de violencia contra esas personas.
