El contador rosarino, ex candidato identificado con el kirchnerismo y profesional vinculado a la ex conducción de Patricia Argañaraz de la ADP, hoy presa por desviación de fondos y facturas contables truchas (con fuertes acusaciones públicas por relaciones con personajes vinculados al narcotráfico), cuestionó la rendición de gastos municipales.
El contador Ariel “Maranga” Jorge volvió a instalarse en el debate público de Rosario de Lerma al exigir, de manera pública, la rendición de gastos vinculados a distintos eventos organizados por la Municipalidad. Su planteo fue presentado como un pedido de transparencia, aunque generó respuestas inmediatas tanto desde el ámbito político como en redes sociales.
Maranga Jorge, según declaraciones del propio hermano de la ex titular de la ADP (Asociación Docente Provincial), fue contador de la gestión de Patricia Argañaraz, etapa que concluyó con una condena judicial firme contra la titular y la ex tesorera Marita Cerezo, por maniobras económicas irregulares que perjudicaron económicamente al sindicato. Ese hecho que fue público volvió a ser recordado por distintos sectores al momento de evaluar la legitimidad política de sus cuestionamientos actuales.
En sus declaraciones, Jorge solicitó rendiciones específicas por cada evento municipal. Sin embargo, desde el ámbito administrativo señalaron que las ejecuciones presupuestarias municipales se presentan de forma trimestral, conforme a los mecanismos legales vigentes, y no mediante informes individuales por actividad.
El planteo de Jorge fue interpretado por algunos vecinos como un posicionamiento político más que técnico. En redes sociales se le cuestionó el desconocimiento del procedimiento presupuestario, recordando que como contador debería estar familiarizado con el régimen de rendiciones públicas.
Patricia Argañaraz y su tesorera Marita Cerezo continúan presas.
El antecedente judicial que vuelve a aparecer en el debate político local de Rosario de Lerma tiene fecha y sentencia firme. El 26 de noviembre de 2024, el juez José Luis Riera, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y a Ana María Cerezo, extesorera del sindicato, a seis años de prisión de ejecución efectiva por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 26 hechos, en concurso real.
En el mismo fallo se ordenó la inmediata detención de ambas y su traslado a la Unidad Carcelaria 4 para el cumplimiento efectivo de la pena. La sentencia rechazó además la solicitud de inhabilitación especial para ejercer cargos electivos dentro de la ADP, planteada por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
“el nombre de Patricia Argañaraz también quedó envuelto, años atrás, en declaraciones públicas que la vinculaban indirectamente con el entramado del narcotráfico en el norte provincial”.
La causa también alcanzó a otros imputados. Raúl Dante Argañaraz, contador público, y Nicolás Demetrio Zissi, comerciante, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por administración fraudulenta en carácter de partícipes necesarios y por estafas reiteradas como coautores. Ambos deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, con presentaciones periódicas ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados. Fue el mismo Raúl Dante Argañaraz, conforme detalló a FM NOTICIAS, que habría sido el contador Ariel Jorge de Rosario de Lerma el encargado de la confección de balances que habrían dibujado números extraños para poder dar con el cierre del mismo en el año 2016 y 2017, pese a que esto luego no haya sido parte formal de la acusación desplegada por el MPF. Por estos dichos del hermano de la principal acusada -hoy presa-, medios locales se hicieron eco de estas afirmaciones y no dudaron en titular:
Las condenas estuvieron vinculadas a irregularidades en el manejo de fondos de la Agremiación Docente Provincial y a estafas relacionadas con contratos firmados por afiliados en el marco del fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, a través del cual se prometía acceso a viviendas mediante desembolsos iniciales y cuotas mensuales. Ese episodio judicial marcó un antes y un después en la conducción del gremio docente y sigue teniendo impacto político en distintos ámbitos.
El vínculo de Argañaraz con personajes relacionados con el narcotráfico
Además de la causa que terminó con condenas por administración fraudulenta y estafas, el nombre de Patricia Argañaraz también quedó envuelto, años atrás, en declaraciones públicas que la vinculaban indirectamente con el entramado del narcotráfico en el norte provincial. En 2019, el docente Julio Barrios sostuvo en medios locales que existían lazos entre la entonces titular de la ADP y el ex juez federal Raúl Reynoso, quien luego fue detenido y condenado por integrar una organización que beneficiaba a narcotraficantes desde el juzgado federal de Orán.
Barrios afirmó conocer de cerca los vínculos entre Argañaraz y Reynoso y aseguró que, tras denunciar irregularidades vinculadas al narcotráfico en la frontera en 2013, sufrió un atentado del que logró sobrevivir. También declaró que fue citado como testigo en el juicio contra el ex magistrado y que, a partir de ese momento, comenzó a recibir presiones y amenazas. Sus manifestaciones públicas instalaron un fuerte debate sobre el alcance de las relaciones políticas y personales en ese contexto.
Si bien aquellas acusaciones fueron realizadas en declaraciones periodísticas y forman parte de denuncias individuales, el episodio dejó instalada una sombra sobre el entorno de la conducción gremial de ese momento, especialmente por la gravedad de las referencias al narcotráfico y a un ex juez federal posteriormente condenado por su participación en una red criminal. Ese antecedente vuelve a mencionarse cada vez que se revisa el contexto político y las vinculaciones de quienes formaron parte de aquella estructura que hoy declama transparencia en el ámbito público de Rosario de Lerma.
