A una semana del gran operativo contra el presunto abigeato en Rosario de Lerma, donde nueve personas quedaron detenidas por sospechas de robo de ganado, la defensa de dos imputados salió a cuestionar con dureza la investigación. El abogado Víctor Vásquez, representante de José “Petiso” Pastrana y de Alan Suárez, aseguró que la causa por abigeato se sostiene en conjeturas, sin pruebas materiales claras, y advirtió sobre el riesgo de avanzar con una acusación de banda organizada sin precisar hechos, fechas ni lugares concretos.
La defensa asegura que en el operativo no se hallaron pruebas clave
El procedimiento que encendió la polémica se concretó el viernes 12 de diciembre en Rosario de Lerma, cuando distintas fuerzas de seguridad realizaron allanamientos simultáneos y detuvieron a nueve personas, en una investigación que apunta a una supuesta red dedicada al abigeato. Sin embargo, el abogado Víctor Vásquez planteó que, pese a la magnitud del despliegue, el resultado de los secuestros no respalda la hipótesis de una organización dedicada al robo de ganado.
Según explicó el letrado, tras revisar las actas de los allanamientos, no se consigna el hallazgo de animales denunciados como sustraídos ni de dinero cuya procedencia pueda vincularse a maniobras ligadas al abigeato. Tampoco, dijo, se registraron elementos que permitan inferir la existencia de una logística delictiva en marcha, como vehículos acondicionados, instalaciones clandestinas o documentación compatible con una estructura criminal.
Vásquez detalló que lo incautado se reduce, principalmente, a lo que calificó como herramientas en mal estado, sierras viejas, balanzas sin uso actual y distintos objetos de uso doméstico. A criterio de la defensa, estos bienes, aun cuando puedan ser descriptos en las actas, no permiten sostener de forma directa una acusación de abigeato ni de banda organizada, ya que carecen de conexión concreta con hechos específicos de robo de ganado.
En función de ese panorama, el abogado sostuvo que la causa avanza sin respaldo probatorio sólido y que se le estaría dando un alcance penal excesivo a elementos que, por sí solos, no tienen valor incriminante. Por eso, insistió en que el expediente debería centrarse en hechos bien delimitados y no en interpretaciones amplias de lo que se encontró durante el operativo.
Críticas a la hipótesis de “banda” y a la forma en que se imputó por abigeato
Además de cuestionar las pruebas secuestradas, la defensa apuntó a la forma en que se construyó la imputación contra los nueve detenidos. De acuerdo con el planteo de Vásquez, el expediente se apoya en “inferencias policiales, menciones indirectas y asociaciones forzadas”, sin detallar, de manera puntual, qué habría hecho cada uno de los acusados en relación con hechos concretos de abigeato.
El abogado remarcó que, en su lectura del caso, se intenta instalar la idea de una organización criminal estable sin precisar hechos, fechas ni lugares determinados. Señaló que en el material reunido hasta el momento no se describen, con claridad, las conductas atribuidas individualmente, ni se explicita en qué circunstancias se habría producido cada supuesto episodio de robo de ganado.
Al hablar de su defendido José “Petiso” Pastrana, Vásquez sostuvo que en el expediente no figura un hecho puntual que lo ubique directamente en un caso específico de abigeato. Según indicó, el nombre de Pastrana aparece mencionado por terceros o vinculado dentro de una hipótesis general, pero sin un relato detallado de algún episodio concreto. El letrado afirmó que “el derecho penal no funciona por menciones ni por suposiciones. Funciona con hechos comprobados”.
En la misma línea, cuestionó lo que describió como una tendencia a agrupar distintos casos bajo el rótulo de “banda”, sin diferenciar situaciones personales ni posibles grados de participación. Recordó que, desde la perspectiva que sostiene, la responsabilidad penal es individual y no se puede imputar a una persona solo por vivir en una zona rural, conocer a otros investigados o figurar en un listado.
El alcance de la investigación y la presión por el abigeato en la zona
Respecto al número de personas alcanzadas por la causa, Vásquez interpretó que la cantidad de imputados respondería más a una ampliación de sospechas que a la existencia de evidencia concreta contra cada uno. Planteó que, en expedientes de alto impacto público, suele ampliarse el abanico de acusados y que el proceso penal debe servir justamente para filtrar esas sospechas y dejar en pie solo aquello que se pueda probar en sede judicial.
El defensor también hizo referencia al contexto en el que se investiga el presunto abigeato en Rosario de Lerma y alrededores, marcado por la preocupación de productores rurales por los robos de ganado. Señaló que esa inquietud es reconocida en la causa, pero advirtió sobre lo que describió como el riesgo de trasladar la presión social al expediente penal sin pruebas suficientes. En esa línea, sostuvo que combatir el delito es una obligación del Estado, aunque remarcó que debe hacerse respetando las garantías constitucionales previstas para los imputados.
Finalmente, Vásquez indicó que tanto José Pastrana como Alan Suárez continuarán su estrategia defensiva dentro de los canales legales establecidos y adelantó que pedirán un análisis minucioso de todas las actuaciones incorporadas hasta el momento. Expresó que, tras esa revisión detallada, confía en que quedará demostrado si existen o no elementos suficientes para mantener una imputación vinculada al abigeato con la gravedad que se les atribuye en esta causa.
