En una sola jornada, la Policía de Salta secuestró tres motos con pedido de captura por robo en Orán, General Güemes y el barrio Solidaridad de la capital. Los rodados circulaban normalmente por la calle y eran manejados por jóvenes de entre 20 y 28 años. Todos quedaron demorados y a disposición de las fiscalías penales, mientras que los investigadores apuntan a un circuito ilegal de reventa y desarme de motocicletas que opera en la provincia.
Operativos por robo de motos en Orán, Güemes y la zona sur de la capital
En distintos horarios, pero durante la misma jornada, efectivos de distintas áreas de la Policía de Salta realizaron controles de rutina que terminaron con la localización de tres motocicletas que tenían pedido de secuestro vigente por robo. Los procedimientos se concretaron en San Ramón de la Nueva Orán, en la ciudad de General Güemes y en el barrio Solidaridad, al sur de la capital provincial.
El primer caso se registró en Orán, cuando personal de la División Motorista identificó a un joven de 26 años que circulaba por calle Sarapura a bordo de una moto. Al solicitarle la documentación y efectuar la consulta en el sistema, los uniformados constataron que el rodado figuraba como sustraído y tenía un pedido de secuestro activo.
Ante esa situación, se procedió al secuestro de la unidad y a la demora del conductor, quien fue trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes. La motocicleta quedó a disposición de la fiscalía penal que entiende en la causa, con el objetivo de avanzar en la investigación y localizar a su legítimo propietario.
Casi en simultáneo, otro equipo policial que patrullaba la ciudad de General Güemes detectó un hecho similar en el barrio Naranjito. Efectivos que realizaban tareas de prevención detuvieron la marcha de una segunda motocicleta y comprobaron que también tenía un pedido de secuestro por robo, según informaron voceros de la fuerza.
El conductor, de 28 años, fue demorado en el lugar y luego trasladado a la comisaría de la jurisdicción, mientras que el vehículo fue puesto a resguardo. En este caso, también tomó intervención la fiscalía penal de turno, que deberá determinar el origen del rodado y las responsabilidades penales del sospechoso.
El tercer procedimiento se concretó en la capital salteña, específicamente en el barrio Solidaridad, en la zona sur. Allí, personal de Seguridad Urbana que recorría el sector detectó otra motocicleta que, al ser verificada, arrojó registro de robo y pedido de secuestro en curso, por una denuncia previa radicada por su dueño.
Investigan un circuito ilegal que se nutre del robo de motos en Salta
En este último hecho, el vehículo era guiado por un joven de 20 años, quien también quedó demorado. De acuerdo con lo informado, se iniciaron actuaciones penales con intervención de la fiscalía correspondiente, que deberá establecer cómo llegó el rodado a manos del conductor y si tiene relación con otras causas abiertas por robo de motos.
Fuentes vinculadas a las fuerzas de seguridad explicaron que estos tres procedimientos forman parte de una serie de controles y patrullajes orientados a detectar motocicletas sustraídas que continúan circulando con normalidad por la vía pública, muchas veces con patentes adulteradas o documentación incompleta.
Según detallaron los investigadores, las motos robadas no solo se siguen usando para desplazarse por la ciudad, sino que en numerosos casos se integran a un circuito paralelo de comercialización. Ese entramado incluye la reventa informal de vehículos enteros o el desarme en talleres clandestinos para la venta de autopartes.
De acuerdo con las mismas fuentes, la alta demanda de repuestos y los precios elevados en el mercado formal generan un contexto propicio para este tipo de maniobras ilegales. Las partes que se extraen de las motos robadas se ofrecen, en muchos casos, sin documentación y a un valor menor, lo que facilita su colocación entre compradores que buscan abaratar costos.
Los investigadores señalaron además que, cuando las motos sustraídas no se recuperan en los primeros días posteriores al hecho, suelen ser trasladadas a lo que describen como “cuevas”, lugares donde se procede a su completo desmantelamiento. Desde allí, las piezas se distribuyen a distintos puntos de venta clandestinos.
Otra modalidad detectada consiste en el envío de los rodados a zonas rurales o parajes con menor presencia de controles viales y policiales. En esos escenarios, indicaron, las posibilidades de identificación y secuestro se reducen, lo que facilita que las motos sigan en circulación o se vendan lejos del lugar donde se produjo el robo original.
Foco judicial en puntos de venta ilegal y recuperación de motos robadas
En función de esta situación, las áreas investigativas remarcan que, además de los patrullajes y de los operativos que terminan con la recuperación de motos con pedido de secuestro, una parte central del trabajo judicial se orienta a detectar y desarticular los lugares donde se comercializan vehículos y autopartes de origen dudoso.
La evaluación que realizan los equipos de investigación es que la continuidad de los hechos de robo de motos en la provincia está vinculada directamente con la existencia de estos puntos de reventa y desarme, por lo que las causas en trámite buscan identificar a las personas que organizan y sostienen esa cadena ilegal. En los tres procedimientos de Orán, General Güemes y barrio Solidaridad, los jóvenes demorados quedaron a disposición de las fiscalías penales intervinientes, que ya iniciaron las actuaciones para determinar su grado de participación en los hechos.
