El Poder Ejecutivo nacional avanza en un proyecto de reforma electoral que propone tres ejes centrales: la eliminación de las PASO, cambios profundos en el financiamiento de las campañas y la implementación obligatoria de la Boleta Papel en todo el país. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa prioritaria del oficialismo para este año y, según adelantaron fuentes oficiales, el presidente Javier Milei podría presentarla el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
De acuerdo con una fuente política de alto rango, el punto que más peso tiene dentro del borrador es la supresión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Este aspecto generó discusiones puertas adentro, aunque finalmente se resolvió seguir la postura original de La Libertad Avanza y avanzar con la eliminación. La decisión se enmarca en un paquete integral de cambios que apunta a reordenar el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos políticos.
El texto preliminar fue elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo y contempla que la Boleta Papel se utilice en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque cada distrito mantiene su autonomía para fijar sus propias normas electorales, desde el oficialismo anticipan que buscarán abrir el debate en todas las jurisdicciones para intentar unificar criterios y empujar el nuevo esquema a nivel nacional.
Fin de las PASO y Boleta Papel en todo el territorio
Según reconstruyeron fuentes del entorno libertario, la reforma electoral se apoya en la eliminación de las PASO y en la adopción generalizada de la Boleta Papel, con el argumento de ordenar el calendario de votaciones y reducir la cantidad de veces que la ciudadanía tiene que ir a las urnas. La idea es que el proceso sea más sencillo y que no haya múltiples instancias que obliguen a hacer varias filas o presentarse más de una vez en las escuelas.
En ese marco, la Boleta Papel aparece como una pieza clave del rediseño. El proyecto prevé que este mecanismo se utilice de manera uniforme para las elecciones nacionales en todos los distritos, tanto en las provincias como en la Ciudad de Buenos Aires. Después, cada jurisdicción deberá definir si replica el modelo para sus elecciones locales, algo que, según señalan en el oficialismo, intentarán promover mediante negociaciones políticas y debate parlamentario.
La reforma electoral también incorpora cambios en la organización de los comicios, ligados al armado logístico de las jornadas de votación, la fiscalización y la distribución de material. Ese paquete se complementa con modificaciones en el régimen de partidos políticos y en las reglas que regulan el financiamiento de la actividad proselitista, con impacto directo en cómo se costean las campañas en todo el país.
Cambios en el financiamiento de campañas y nuevas reglas
Dentro del capítulo financiero, el borrador que circula entre despachos oficiales avanza sobre el actual sistema de recursos partidarios. El proyecto apunta a modificar de raíz la combinación de aportes públicos y privados que hoy sostiene las campañas. Según explicaron funcionarios nacionales, la intención es rediseñar la asignación de fondos para que sea, según su descripción, “más eficiente”, a través de ajustes normativos que alteran el esquema vigente.
Entre las medidas puestas sobre la mesa figura el aumento de los topes autorizados para las contribuciones de origen privado. A la vez, se evalúa eliminar los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios de comunicación y suprimir el financiamiento público directo de las campañas. Todas estas alternativas están incluidas en el borrador y se analizan como parte del paquete que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso.
Otro de los puntos que se revisan tiene que ver con la difusión de encuestas y sondeos de opinión en la previa de las elecciones. En la actualidad rige una prohibición de ocho días para publicar relevamientos antes de la jornada de votación. El proyecto propone acortar ese período a tres días, permitiendo una circulación más cercana a la fecha de los comicios. Este cambio se suma a otras modificaciones pensadas para la regulación de la competencia entre fuerzas políticas.
Nueva figura judicial y rol del Congreso en la reforma electoral
En el plano institucional, el borrador de la reforma electoral incluye la creación del cargo de fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. Esta nueva figura tendría intervención directa dentro del sistema de justicia electoral, con participación en causas y controles vinculados a los comicios. La propuesta se incorpora como parte de un paquete más amplio de cambios en los mecanismos de supervisión y control del proceso de votación.
Desde el Gobierno señalan el tratamiento legislativo de esta reforma electoral, con eje en la eliminación de las PASO y la implementación de Boleta Papel, como uno de los capítulos centrales de su plan parlamentario para el año en curso. En caso de que el presidente Javier Milei efectivamente anuncie el proyecto el 1 de marzo frente a la Asamblea Legislativa, el paquete de modificaciones ingresará de manera formal al Congreso de la Nación para iniciar su recorrido en las comisiones y el posterior debate en el recinto.
