Una abogada especializada en Derecho de Familia dio una explicación sobre las trabas que pueden atravesar los reclamos de cuota alimentaria. Florencia Villegas contó que un expediente iniciado en 2019 llegó varios años más tarde a una medida judicial de mayor intensidad, luego de que el progenitor involucrado fuera declarado insolvente y rechazara, según indicó, 3 ofertas de empleo registrado.
El caso fue citado durante una entrevista en Que Pasa al Mediodía. La letrada lo utilizó para describir las dificultades que enfrentan familias que buscan el cumplimiento de obligaciones destinadas a cubrir necesidades de hijos e hijas.
Villegas señaló que, ante situaciones en las que los mecanismos habituales no alcanzan, los tribunales estudian otras herramientas. Entre ellas mencionó la posibilidad de disponer el pago directo de servicios esenciales.
La cuota alimentaria y las vías que estudian los jueces
De acuerdo con la profesional, el pago directo de determinados servicios busca garantizar gastos básicos cuando no se logra cobrar la cuota por las vías tradicionales. Educación, salud y alimentación forman parte de las necesidades que pueden quedar sin cobertura ante un incumplimiento.
La abogada planteó que los conflictos por alimentos no siempre se originan exclusivamente en la falta de dinero. En algunos expedientes, sostuvo, aparecen conductas vinculadas con el control, el abandono o la falta de responsabilidad parental.
También relacionó estas situaciones con manifestaciones de violencia familiar. Según explicó, esas dinámicas pueden profundizar los conflictos y dificultar aún más que los recursos lleguen a quienes los necesitan para gastos cotidianos.
La abogada describió obstáculos para obtener respuestas rápidas
Villegas se refirió especialmente a los inconvenientes que tienen muchas mujeres al iniciar o sostener estos procesos. “La figura legal de la madre muchas veces termina siendo el talón de Aquiles del sistema judicial”, sostuvo la especialista.
La letrada aclaró, de todos modos, que la extensión de los trámites no está determinada por si el reclamo lo presenta la madre o el padre. Indicó que los procedimientos judiciales pueden prolongarse en ambos casos.
Las demoras judiciales afectan la cobertura de necesidades básicas
Uno de los puntos centrales de la explicación fue el tiempo que pueden demandar las causas. Villegas afirmó que algunas resoluciones llegan cuando el conflicto familiar ya se agravó y siguen pendientes los gastos que motivaron la presentación judicial.
“El reclamo puede comenzar al inicio de la etapa escolar y la sentencia puede llegar cuando el niño termina el ciclo primario”, explicó Villegas al describir la duración que alcanzan ciertos expedientes.
Según la especialista, mientras se extienden esos plazos, las familias deben afrontar necesidades vinculadas con alimentación, salud y educación. En ese escenario, los jueces analizan mecanismos como el pago directo de servicios esenciales para evitar maniobras destinadas a eludir obligaciones alimentarias.

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