Un proyecto presentado en la Legislatura provincial busca prohibir los cortes de luz y agua a sectores vulnerables de Salta y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos de refinanciación para quienes arrastran deudas con las empresas prestatarias. La propuesta fue impulsada por el senador por Rosario de la Frontera, Luciano Elvira, e ingresó el lunes para su análisis en la Comisión de Legislación. Según planteó el legislador, la medida apunta a familias y personas que hoy no logran sostener el pago de servicios esenciales por su situación económica y social.
La iniciativa pone el foco en el acceso a la energía eléctrica y al agua potable en hogares que atraviesan distintas formas de vulnerabilidad. Además de frenar interrupciones del servicio, el texto prevé planes de pago adaptados a la capacidad económica de cada caso. En paralelo, también contempla un esquema de control para la eventual aplicación de la norma y la participación de distintos actores durante el tratamiento legislativo.
El proyecto para prohibir cortes de luz y agua ya entró en análisis
El expediente fue presentado por Luciano Elvira, senador por Rosario de la Frontera, y comenzó su recorrido legislativo este lunes en la Comisión de Legislación. La propuesta fue redactada con un objetivo puntual: impedir que usuarios considerados vulnerables se queden sin servicios básicos por falta de pago.
De acuerdo con lo expresado por el legislador, el texto no se limita a suspender interrupciones. También incorpora la posibilidad de refinanciar las deudas que esas familias mantengan con las empresas de energía eléctrica y agua potable. “Solicitamos en esta ley que se suspendan los cortes de energía eléctrica, de agua potable, y todos aquellos vecinos y vecinas de la provincia de Salta que tengan deudas con estas empresas sean refinanciadas”, explicó.
En ese planteo, el senador vinculó la iniciativa con la situación económica que atraviesan muchos hogares salteños. “Hoy la gente se debate en los hogares salteños entre comprar comida, comprar remedios o pagar los servicios. Esa es la realidad que estamos atravesando”, manifestó.
Sectores vulnerables y deudas: a quiénes alcanzaría la propuesta
El proyecto busca abarcar a varios grupos que, según se indicó, se encuentran en condiciones de mayor fragilidad social o económica. Entre ellos aparecen personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, electrodependientes, personas con discapacidad, desocupados, adultos mayores y familias con dificultades para afrontar el costo de los servicios esenciales.
Sobre ese punto, Elvira sostuvo: “La ley es amplia, va a contemplar a personas que estén en estado de vulnerabilidad socioeconómica, a personas electrodependientes, a personas con discapacidad, a personas sin trabajo”. De esa manera, la propuesta intenta fijar un alcance más amplio que el de un beneficio acotado a un solo sector.
Junto con la suspensión de los cortes, el texto también prevé mecanismos de regularización para quienes tengan montos pendientes. La idea, según detalló el senador, es que esos planes de pago puedan ajustarse a la realidad económica de cada hogar. “Que sea una refinanciación totalmente acorde al bolsillo de nuestra gente”, sostuvo.
El debate incluiría al Ente Regulador, organismos y empresas
Otro de los puntos incorporados en la iniciativa tiene que ver con la aplicación de una eventual ley. Según señaló Elvira, se prevé la intervención de un organismo de control para supervisar su cumplimiento. “Se va a crear seguramente desde el Ejecutivo provincial un organismo de control para la aplicación de esta ley”, afirmó.
Además, durante el tratamiento legislativo se prevé convocar a actores vinculados al sistema de servicios públicos. Entre ellos mencionó a organismos provinciales, al Ente Regulador y a representantes de las empresas prestatarias. “Vamos a invitar a los organismos, al Ente Regulador, a las empresas también, para trabajar en una ley bastante superadora y que sea una ley que lleve realmente solución a nuestros vecinos”, expresó.
En paralelo, el esquema planteado también alcanzaría a las ejecuciones judiciales vinculadas con deudas por servicios esenciales, con la intención de frenarlas mientras se activen mecanismos de regularización. “Cuando una familia no puede pagar, quedarse sin luz o agua deja de ser un problema económico para convertirse en un problema humano”.
