La prohibición de salida del país para Martín Insaurralde y Jesica Cirio quedó firme en una causa federal que también sumó límites para sus movimientos. El juez Luis Armella resolvió además que ambos, junto con Sofía Clérici y otros imputados, no podrán alejarse más de 50 kilómetros del domicilio informado sin autorización judicial previa. Aunque el fiscal Sergio Mola había pedido detenciones por posible entorpecimiento de la pesquisa, el magistrado rechazó esa medida. La investigación sigue abierta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con foco en videos, bienes, movimientos financieros y una propiedad en San Vicente.
La resolución también fijó otras obligaciones. Entre ellas, actualizar el domicilio en 24 horas, mantener esa información vigente y avisar con antelación cualquier desplazamiento que implique estar fuera del domicilio por más de 24 horas. A eso se suma el deber de no interferir en la marcha del expediente y la notificación a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción de salida del país.
La prohibición de salida del país quedó acompañada por límites de movimiento
El expediente federal FLP 38935/2023 seguirá con medidas de coerción, pero sin arrestos. Armella consideró que las restricciones impuestas resultan suficientes para asegurar que los imputados se presenten cuando sean convocados y, al mismo tiempo, para evitar obstáculos en la investigación. En ese marco, dispuso un esquema de control que alcanza a Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clérici y a otros involucrados.
Jesica Cirio: allanaron su departamento y hallaron droga, armas y dólares
Según la decisión judicial, los acusados no podrán ausentarse a más de 50 kilómetros del domicilio denunciado si antes no cuentan con autorización. Además, deberán informar al tribunal con tiempo si van a realizar un traslado que supere un día fuera de ese lugar. La medida se complementa con la prohibición de salida del país, una de las disposiciones centrales del fallo.
El pedido del fiscal iba bastante más lejos. Sergio Mola solicitó la detención de los imputados al sostener que existía peligro de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas. Sin embargo, el juez entendió que, por ahora, no hay base suficiente para avanzar con esa decisión y dejó asentado que las limitaciones ya vigentes son “idóneas y proporcionales”.
El juez descartó las detenciones y marcó fallas en el planteo de la fiscalía
Uno de los puntos clave para rechazar las detenciones fue el estado del video que volvió a darle impulso a la causa. Se trata del material en el que se ve a Jesica Cirio con dinero en efectivo dentro de un vestidor. Armella señaló que esa grabación todavía no fue peritada por la DATIP, que depende del propio Ministerio Público, y por eso ordenó que se determine si las imágenes fueron modificadas, adulteradas o incluso intervenidas con inteligencia artificial.
El magistrado también pidió establecer si el vestidor que aparece en esas escenas corresponde a algún inmueble vinculado con los imputados. Sin ese examen técnico, evaluó que el principal elemento mencionado por la fiscalía todavía no tiene validez comprobada. En otras palabras, para el juzgado no alcanza con la difusión del video si antes no se verifica su autenticidad y su relación concreta con los hechos investigados.
Además, el juez remarcó otro dato: el propio fiscal indicó que el material sería de 2023. Si eso se confirma, podría tratarse de una filmación previa al inicio de la causa y también anterior a los allanamientos ya realizados en la finca de San Vicente. Con ese cuadro, Armella sostuvo que no puede afirmarse, al menos por ahora, que exista un riesgo actual que justifique encarcelar a los acusados.
La conducta de Insaurralde y Cirio también fue tomada en cuenta por el juzgado
Entre los argumentos expuestos por Armella apareció la conducta procesal de los imputados desde octubre de 2023. El juez indicó que se mantuvieron a disposición de la Justicia, cumplieron con los requerimientos y respetaron las restricciones que ya habían sido fijadas en etapas anteriores. Para el magistrado, ese comportamiento funciona como un dato objetivo que, de momento, aleja el riesgo de fuga o de entorpecimiento.
En el caso puntual de Jesica Cirio, el fallo sumó una observación específica. Según la resolución, el Ministerio Público no identificó para ella un hecho concreto ni una calificación legal determinada, lo que el juez entendió como un incumplimiento de las exigencias procesales. A eso agregó que durante tres años la fiscalía no pidió su indagatoria, un punto que el juzgado interpretó como señal de que no había mérito suficiente para convocarla en ese tramo de la causa.
El quinto argumento del rechazo apuntó directamente al dictamen fiscal. Armella sostuvo que el requerimiento presenta “graves defectos de fundamentación” y advirtió que eso podría exponerlo a ser declarado arbitrario o incluso nulo. También señaló que los informes de PROCELAC aclaran expresamente que no deben ser utilizados como prueba pericial, otro aspecto que tuvo peso al momento de negar las detenciones.
La causa por lavado y enriquecimiento ilícito sigue con peritajes y medidas en San Vicente
La investigación analiza presuntas maniobras de lavado de activos, previstas en el artículo 303 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, contemplado en el artículo 268 inciso 1. El período bajo estudio va desde 2009 hasta 2023. Dentro de ese expediente, los investigadores siguen revisando bienes, titularidades, movimientos financieros y registros que puedan explicar el origen de los fondos bajo sospecha.
En las últimas semanas, el caso volvió a tomar fuerza por la difusión de videos grabados en 2023, donde aparecen fajos de dólares dentro del vestidor de la casa de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, además del peritaje del teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial. Los investigadores buscan establecer cuánto dinero aparece en las imágenes, cifra que, según esa hipótesis, rondaría los diez millones de dólares.
En paralelo, el expediente también mantiene bajo análisis la aparición de fotos de Insaurralde navegando por el Mediterráneo en un yate junto a Sofía Clérici. Dentro de esa línea de investigación se revisan cámaras de seguridad, se peritan dispositivos secuestrados y se examinan movimientos financieros. A la vez, ya fue ordenada una inspección ocular en la vivienda de San Vicente, una propiedad asentada sobre dos lotes en el barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras.
También se pidieron informes sobre ingresos y egresos al country desde 2022, con el objetivo de verificar si las imágenes de los videos corresponden efectivamente a ese inmueble. Además, el juez convocó a declarar a dos ex empleadas domésticas y a Walter de la Fuente, contador de la empresa Sasaxa Libero SA, titular registral de la propiedad. La pesquisa sigue concentrada en el origen de los fondos detectados y en la titularidad de bienes a nombre del exfuncionario y su entorno.
Jésica Cirio en la causa federal: el juez solicitó su celular
Piccirillo, mencionado en la causa por su vínculo posterior con Cirio, actualmente cumple prisión domiciliaria en otro expediente. Allí está acusado de haber montado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero. Esa situación corre por fuera de esta investigación federal, que continúa con peritajes, declaraciones testimoniales y medidas sobre los bienes vinculados al caso.
