El proyecto que impulsa la prohibición de celulares en las cárceles de Salta ya consiguió media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos, apunta a restringir la tenencia y el uso de teléfonos por parte de personas detenidas dentro de unidades penitenciarias de la provincia. En paralelo, el debate sumó advertencias sobre cómo aplicar la norma para que no quede solo en el papel.
Durante una entrevista con FM Profesional, el abogado penalista Marcelo Arancibia recordó que el uso de celulares dentro de los penales se habilitó en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando las visitas presenciales quedaron suspendidas y se buscó mantener el contacto con familiares. Según remarcó, esa salida fue excepcional y no debía sostenerse en el tiempo. “Esa circunstancia bajo ningún punto de vista se la puede tener como una regla”, afirmó.
El proyecto sobre celulares en cárceles avanzó en el Senado
Con ese primer aval legislativo, la propuesta seguirá su recorrido en Diputados. El objetivo central es reforzar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios salteños, en medio de cuestionamientos por el uso de teléfonos móviles desde el interior de los penales.
Arancibia sostuvo que, con el paso del tiempo, aquella excepción aplicada durante la emergencia sanitaria perdió su razón original. En ese marco, vinculó el uso de estos dispositivos con maniobras delictivas organizadas desde lugares de detención. “Nacieron estafas, bandas delictivas, amenazas y un verdadero negocio para ingresar teléfonos celulares de manera ilícita. Se montaron verdaderos call centers delictivos desde las cárceles”, sostuvo.
Además, señaló que hay antecedentes de delitos coordinados desde cárceles provinciales y federales a través de celulares. Entre esos casos, mencionó situaciones en las que internos impartían órdenes a menores de edad para cometer hechos delictivos, aprovechando su condición de inimputables.
La prohibición por sí sola no alcanzaría sin controles y tecnología
El penalista planteó que una futura ley necesitará respaldo material para poder cumplirse. Por eso, advirtió que la sola prohibición no resolvería el problema si no se suman herramientas concretas para evitar el ingreso y el reingreso de equipos a las unidades penitenciarias.
En ese punto, reclamó inversiones específicas en inhibidores, sistemas de control y equipamiento. “Que no sea una ley ilusoria. Hay que instrumentar todas las cuestiones tecnológicas necesarias”, afirmó. También cuestionó que muchas veces se incorporen móviles o recursos a distintas áreas, pero luego falten insumos básicos para que funcionen de manera efectiva.
En Salta también plantean mantener una comunicación legal y supervisada
Aunque respaldó la restricción, Arancibia aclaró que eso no debería significar cortar por completo el vínculo de los internos con el exterior. Según explicó, tendría que garantizarse un sistema de comunicación permitido y bajo supervisión institucional.
Como alternativa, propuso reemplazar los teléfonos móviles por cabinas de comunicación controladas, con horarios definidos, tiempo limitado y registro de las conversaciones. “No prohibimos la comunicación mientras sea de contenido lícito. Lo que no puede existir es la utilización de esos medios para amenazar, extorsionar o dirigir organizaciones delictivas”, sostuvo.
El abogado también hizo referencia a investigaciones dentro del Servicio Penitenciario de Salta. Según recordó, allí se detectaron presuntas connivencias entre agentes penitenciarios e internos en maniobras delictivas, incluso en expedientes ligados al narcotráfico. “Esos excesos ya están totalmente comprobados. La política tiene la obligación de modificar las normas para resguardar a la sociedad frente a organizaciones criminales que operaban desde los servicios penitenciarios”, expresó.
En la misma línea, agregó que el Servicio Penitenciario debería contar con instrumentos tecnológicos para registrar comunicaciones sin afectar derechos esenciales de las personas privadas de la libertad. “Hablar con un abogado o con la familia sobre cuestiones personales no vulnera ningún derecho si existe un protocolo claro que garantice que esas comunicaciones no sean utilizadas para delinquir”, explicó.
