El presupuesto educativo volvió al centro de la discusión pública después de que un informe de la UBA estimara una reducción real de 47,7% entre 2024 y 2025, una caída cercana al 50% en apenas dos años. El trabajo fue elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política y señaló que durante 2025 siguió el retroceso del gasto nacional en Educación y Cultura. Según ese análisis, los recortes se vieron con fuerza en universidades, transferencias a provincias y programas de apoyo a estudiantes, mientras que para 2026 se proyectó otra baja si no cambian las partidas actuales.
El reporte salió en un momento en que las universidades siguen esperando el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema. A la vez, el estudio no se limitó a medir números: también repasó cómo se distribuyen los fondos, qué programas fueron más afectados y qué efectos podría tener un cambio en la forma de financiar el sistema educativo argentino.
La reducción del presupuesto educativo se profundizó entre 2024 y 2025
De acuerdo con el trabajo del IIEP, la mayor contracción se registró en 2024, cuando la función Educación y Cultura tuvo una baja real de 43,2% frente al año anterior. Ese movimiento, además, implicó una merma de alrededor de 0,6 puntos porcentuales en su peso dentro del PBI. El informe ubicó ese dato dentro de un ajuste más amplio del gasto público nacional, aunque marcó que en esta área el recorte fue relativamente más fuerte.
Ya en 2025, lejos de frenarse, la tendencia continuó. El estudio calculó una nueva caída real de 7,9% y sostuvo que el ajuste volvió a concentrarse en componentes centrales del gasto educativo nacional. En ese punto, el documento fue explícito al señalar que “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”.
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Con esos dos años combinados, la reducción acumulada llegó al 47,7% en términos reales. Ese porcentaje dejó planteado un escenario de tres años seguidos de deterioro si no se modifican las partidas actuales. Para 2026, la proyección incluida en el trabajo indicó que el gasto en Educación y Cultura volvería a disminuir y tendría una baja real de 12,7% en caso de no haber nuevas ampliaciones presupuestarias.
Según esa misma estimación, si se repitiera ese comportamiento, la participación de Educación y Cultura tanto dentro del PBI como en el total de la Administración Pública Nacional quedaría en los niveles más bajos desde el inicio de la serie analizada. El informe tomó ese dato como una señal de continuidad del proceso de reducción en el área.
Universidades, becas y provincias quedaron entre los sectores más golpeados por el recorte
Al revisar de qué manera se repartió la baja, el instituto señaló que una parte importante del descenso se explicó por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID. Ese mecanismo complementaba salarios docentes en las provincias. Sin ese aporte, las jurisdicciones pasaron a absorber una carga financiera mayor, algo que, según el estudio, reafirmó el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.
El desglose por programas mostró diferencias, aunque con retrocesos marcados en varias áreas. Las transferencias para el financiamiento universitario a través del programa Desarrollo de la Educación Superior tuvieron una caída real interanual de 5,4%. Al mismo tiempo, las becas estudiantiles retrocedieron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas bajó 49,5%.
Dentro de ese panorama, el informe marcó una excepción. El Plan Nacional de Alfabetización fue señalado como la política que aumentó su nivel de ejecución hasta ubicarse entre las líneas principales de acción de la Secretaría de Educación. Fue el único caso mencionado en el reporte como un comportamiento distinto en medio de una dinámica general de reducción.
La referencia a las universidades apareció varias veces en el análisis, en un escenario donde las casas de estudio siguen a la espera de que se cumpla la ley de financiamiento ya aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema. Ese marco fue tomado por el informe para contextualizar la magnitud de la baja en las transferencias nacionales destinadas al sector.
El informe de la UBA también analizó el debate sobre vouchers y financiamiento por demanda
Además del seguimiento del presupuesto educativo, el trabajo examinó los distintos modelos de financiamiento. El IIEP recordó que, de manera histórica, la organización del sistema argentino respondió sobre todo a un esquema orientado a la oferta. Bajo ese formato, los recursos públicos se giran a sistemas provinciales e instituciones para asegurar infraestructura, cargos docentes y salarios, con la intención de sostener condiciones básicas de funcionamiento.
Frente a eso, el documento describió el financiamiento por demanda como una alternativa vinculada a los llamados cuasi-mercados educativos. En ese caso, el Estado dirige recursos hacia familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores, con la idea de que la competencia entre instituciones y la libertad de elección mejoren la eficiencia y la calidad. Sin embargo, el informe advirtió que ese debate no debería reducirse sólo a esa variable.
Sobre ese punto, el estudio indicó: “En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”. También agregó que las iniciativas de vouchers, becas o transferencias directas a familias “plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”.
Desde la perspectiva fiscal, el trabajo sostuvo que una transición entre ambos esquemas no sería neutra. Según el IIEP, el financiamiento de la oferta reparte recursos con criterios de cobertura territorial y sostenimiento institucional, mientras que el financiamiento de la demanda traslada parte de las decisiones de asignación a familias y estudiantes. A su vez, eso modifica el papel estatal al reducir el apoyo a capacidades ya existentes e incrementar el subsidio a decisiones individuales.
Las transferencias a escuelas privadas y la proyección para 2026 quedaron bajo revisión
El informe también repasó medidas aplicadas desde 2024 para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas. Esas ayudas alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. Sobre ese programa, el texto precisó: “Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.
En esa línea, el reporte subrayó: “La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal”. A eso sumó otro antecedente: en 2023 se habilitó la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, una herramienta tributaria que, según el documento, beneficia a sectores de mayores ingresos.
El IIEP incorporó además la referencia al proyecto de “Libertad Educativa”, que contempla transferencias a instituciones privadas. Sobre esa propuesta, el informe afirmó: “Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”.
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Finalmente, el estudio señaló que el alcance de ese tipo de políticas sería limitado porque la matrícula sigue concentrada de manera marcada en las escuelas públicas, salvo en CABA. Sobre la distribución territorial, concluyó: “Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”.
